Sánchez valida limitar aforamientos sin garantías de que el Congreso lo apruebe

El Gobierno aprobará este viernes el anteproyecto de ley para limitar los aforamientos políticos. La iniciativa, tras el primer aplauso al ser anunciado por sorpresa por el presidente, despierta más recelos que apoyos en la oposición. Los matices con los que los partidos estarían dispuestos a apoyar la medida son tan amplios que amenazan con hacerla naufragar, como se evidenció el pasado martes, en la aprobación simbólica de una moción de Ciudadanos planteada en términos similares. La votación salió adelante, pero los grupos clave dejaron muy claro que su posición cambiaría si Pedro Sánchez no introduce cambios sustantivos en su planteamiento, en especial la ampliación de la retirada a la Casa del Rey. Las perspectivas de aprobación en el Parlamento son tan discretas que, en conversaciones informales, el PP y Unidos Podemos sugieren que sus posiciones maximalistas actuarán como polos contrapuestos para impedir que salga adelante. El Gobierno, en el mismo sentido, asume que la reforma constitucional que propone tiene un recorrido complicado.

Los populares dicen estar abiertos a poner límites a los aforamientos, pero sin prisas: reclaman que se abra una ponencia en la Comisión Constitucional para analizar a fondo la cuestión. Fuentes del PP no esconden el recelo que les produce modificar la Constitución a sabiendas de que Unidos Podemos puede forzar un referéndum.

La protección del Monarca

Pablo Iglesias está decidido a convocar esa consulta. También quiere que la pregunta vaya más allá de lo que plantea Sánchez, que es retirar el aforamiento a diputados, senadores y miembros del Gobierno para los delitos no relacionados con su cargo. Los morados reclaman un paquete de preguntas en el referéndum que los ciudadanos pudiesen responder individualmente. Entre ellas, retirar la inmunidad al Rey. Aquí el PSOE camina junto al PP y Cs: ninguno está dispuesto a llegar tan lejos. El PNV también quiere retirar la protección a la Casa Real, mientras los partidos catalanes plantearían el reconocimiento del derecho de autodeterminación.

"Los grupos están en su derecho [de pedir un referéndum]", dijo el miércoles la vicepresidenta, Carmen Calvo. Pero una convocatoria de este tipo suscita nervios en el Ejecutivo, por la imprevisibilidad del resultado en autonomías como Catalunya, donde se votaría en clave territorial, anticipan fuentes socialistas. Aun así, en el Gobierno evitan anticipar ningún escenario.