Sánchez intenta limitar los aforamientos y sacudirse la sensación de crisis

Pedro Sánchez está dispuesto a abrir la Constitución con una cirugía exprés, precisa, para limitar los aforamientos políticos con una reforma que no aspira a resolver todos los males que aquejan a un texto oxidado tras cuatro décadas en vigor, pero reforma que, en definitiva, el Gobierno busca amortizar para sacudirse la sensación de crisis. El proyecto intentaba ser un guiño a los dos partidos (Podemos y Cs) con los que el PSOE necesita sumar fuerzas (tanto ahora como tras una eventuales elecciones), pero el éxito del  golpe de efecto está en el aire, puesto que Pablo Iglesias vincula su apoyo parlamentario a que se celebre un referéndum para que la ciudadanía ratifique los cambios. La reclamación dificulta todavía más el apoyo de un PP receloso y complica el buen clima de negociación abierta en las últimas semanas entre el Gobierno y Podemos. 

Es el primer jarrón de agua fría a Sánchez en la recién estrenada entente con Iglesias.  A nadie se le escapa que llega cuando las negociaciones sobre Presupuestos entre ambos están estancadas y horas después de que el PP acogiese con frialdad la propuesta del Gobierno. Si se trata de una maniobra para doblar el brazo al presidente en las Cuentas públicas, un desmarque para no otorgar un apoyo gratis a Sánchez tras constatar que los populares lo rechazarían, o simplemente la ratificación de una vieja promesa podemista es algo abierto a opiniones. Lo cierto es que los 71 diputados de Iglesias son más que suficientes para forzar un referéndum sobre una reforma constitucional (se requere un mínimo de 35).

Las posibilidades de que salga adelante la propuesta del Gobierno se testarán este martes. El Congreso vota un moción de Ciudadanos (presentada con anterioridad) justamente para pedir la retirada de aforamientos. Aunque es simbólica, obligará a los grupos a posicionarse. O reposicionarse. Albert Rivera incluyó el fin de los aforamientos en sus pactos de investidura (fallida) con Sánchez y con el PP para hacer presidente a Mariano Rajoy. A pesar de ello, lo cierto es que los conservadores han puesto palos en las ruedas a todo intento por avanzar en esa dirección en los últimos dos años. 

En 60 días

El Gobierno prevé llevar la propuesta de reforma este viernes al Consejo de Ministros y que el Parlamento pueda aprobarla en sesenta días, tras tener los informes preceptivos del Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Se trata de modificar los artículos 71 y 102 de la Constitución, para lo que Sánchez necesitará mayorías cualificadas en un Parlamento en el que está en franca minoría: requiere tres quintos del Congreso y el Senado. En segunda votación, necesitaría mayoría absoluta en la Cámara alta y dos tercios en la baja. En breve: el presidente debe conseguir los votos del PP, Cs y Unidos Podemos.

La reforma que propone Sánchez, en todo caso, no aboliría por completo los aforamientos. El proyecto se circunscribe a diputados, senadores y miembros del Gobierno en el ámbito privado. Es decir, que seguirán siendo aforados en sus conductas como cargos públicos. A nadie se le escapa que delitos como la corrupción, prevaricación o cohecho están estrechamente vinculados a el desempeño en sus funciones, por lo que la reforma no alterará el procedimiento habitual en estos casos.

Andalucía, en el punto de mira

El límite de los aforamientos no afecta a diputados de las comunidades, que están sometidos al régimen establecido en sus respectivos estatutos de autonomía. Para eliminar esos privilegios sería necesario modificar también los textos territoriales. El Gobierno considera que "no tiene sentido" que se mantengan en los territorios si se modifica la Constitución. En este contexto, resulta significativo que la presidenta andaluza, Susana Díaz, defendiese este lunes la propuesta de Sánchez. La semana pasada Cs amenazó con no aprobar los Presupuestos regionales si no se aprobaba esta medida en Andalucía, lo que implicaría un adelanto electoral.

Sánchez enmarcó su propuesta en un discurso en la Casa de América (Madrid) en el que apeló a las fuerzas políticas, al empresariado y a la ciudadanía para reformar el país en un “enfoque modernizador” con el horizonte del 2030.