29 feb 2020

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El Congreso da un primer paso para poner fin a los aforamientos

El PP y el PSOE apoyan sin entusiasmo una propuesta simbólica de Cs que pide acabar con el privilegio

La inviolabilidad del Rey y los límites de la reforma constitucional dividen a los grupos parlamentarios

Juan Ruiz Sierra Iolanda Mármol

El portavoz del PDECat, Carles Campuzano, habla con la portavoz del PSOE, Adriana Lastra, minutos antes del debate de la senda de déficit en el Congreso.

El portavoz del PDECat, Carles Campuzano, habla con la portavoz del PSOE, Adriana Lastra, minutos antes del debate de la senda de déficit en el Congreso. / DAVID CASTRO

La reforma de la Constitución para limitar los aforamientos de los políticos, propuesta el lunes por Pedro Sánchez, tiene un recorrido complicado. No es solo que todo cambio en la Carta Magna necesite al PP, que tiene mayoría absoluta en el Senado y no da muestras de querer apoyar la modificación, ni que Unidos Podemos haya anunciado que exigirá un referéndum sobre esta medida. El debate de este martes de una moción de Ciudadanos, similar aunque con importantes diferencias a la iniciativa lanzada el por el presidente del Gobierno, mostró que los grupos parlamentarios parten de posiciones distintas. Aun así, la propuesta de los liberales salió adelante con el apoyo del PP y el PSOE (253 votos a favor, 87 abstenciones y nadie en contra), es decir, por encima de las tres quintas partes del Congreso exigidas para la reforma no agravada de la ley fundamental.

Fue un primer paso muy tentativo. Los dos partidos mayoritarios votaron a favor sin entusiasmo, por evitar ponerse de perfil ante un asunto tan sensible ante la opinión pública. Esta vez se trataba solo de una propuesta simbólica que se limita a instar al Gobierno a eliminar los aforamientos y carece de efectos normativos, así que tanto el PSOE como el PP pasaron por alto que Ciudadanos no aceptó sus enmiendas y votaron a favor. Paradójicamente, Albert Rivera aprovechó la defensa de su moción para lanzar dardos contra quienes la respaldaron, PP y PSOE, a quienes acusó de haberse beneficiado de este “privilegio” durante 4 décadas y de no perseguir la corrupción.

Los socialistas la apoyaron desapasionadamente, solo con el aliento de que demuestra que el Congreso puede albergar una mayoría suficiente para validar el proyecto que el Gobierno quiere llevar a la Cámara.

“Es solo una moción. No va a ningún lado. Es verdad que nosotros no estamos por completo de acuerdo en su enfoque, pero lo importante es que el viernes el Consejo de Ministros aprobará la propuesta del Gobierno”, señalaron fuentes socialistas. Un diputado del PP expuso una tesis parecida. “Las mociones están tan devaluadas como los bolívares venezolanos. ¿Para qué íbamos a votar en contra? ¿Para que Ciudadanos diga después que no estamos a favor de eliminar los aforamientos?”, se preguntó.

Los delitos   

Los aforamientos impiden que los parlamentarios, tanto estatales como autonómicos, puedan ser procesados sin consentimiento de la Cámara, lo que se conoce como suplicatorio, y que en ese caso sean juzgados por tribunales de rango superior.

La iniciativa de Ciudadanos insta al Gobierno a reformar la Constitución “en el plazo de tres meses” para suprimir los aforamientos de diputados, senadores y miembros del Ejecutivo en todo tipo de delitos. También propone acabar con este privilegio en el caso de los diputados autonómicos, emplazando a las cámaras de las comunidades a cambiar sus estatutos de autonomía.

Las diferencias con la propuesta de Sánchez son básicamente tres. Una temporal, ya que el presidente anunció su deseo de tener listo el cambio constitucional “en 60 días”. Otra, también de escasa relevancia, sobre la capacidad del Congreso para ordenar a los parlamentos autonómicos lo que tienen que hacer. Los socialistas hablan de “invitar”, no de “emplazar”, a las cámaras de las comunidades para que pongan fin a este privilegio. Y la última, mucho más importante, que alude a los tipos de delitos. El Gobierno solo quiere acabar con los aforamientos en los actos de los representantes públicos cometan sin tener relación con el ejercicio de su cargo. Para los delitos que tienen que ver con la corrupción en sentido estricto, diputados, senadores y miembros del Ejecutivo seguirían estando aforados.

El PP considera que los aforamientos “no son privilegios, sino prerrogativas” y se toma el asunto con toda la calma. Aboga por solicitar informes (al Consejo de Estado y Consejo General del Poder Judicial), remitirlos al Congreso y el Senado y crear una ponencia en la comisión constitucional que a su vez elaboraría una propuesta definitiva.

El derecho de autodeterminación

El resto de grupos optó por la abstención. Unidos Podemos y el PNV pidieron acabar también con la inviolabilidad del Rey, algo que está descartado: ni el PP, ni el PSOE, ni Ciudadanos quieren llegar tan lejos. “La Corona no se toca”, advirtió el PP.

ERC y el PDECat rechazaron injerencias en los parlamentos autonómicos, y quieren aprovechar este debate para abrir en profundidad la reforma constitucional. La ‘consellera’ de Presidència, Elsa Artadi, retó este martes a Sánchez a que incluya en la modificación de la Carta Magna una referencia explícita al “derecho de autodeterminación”.