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CARTA MAGNA

El PP acusa al Gobierno de intentar satisfacer a los "golpistas"

Garcia Egea aprovecha la reforma para lanzar sospechas sobre el juicio al 'procés'

Los populares quieren que también se quiten los aforamientos a los diputados autonómicos

Pilar Santos / Ángeles Vázquez

Noelia Vera, portavoz de Podemos, analiza anoche los resultados de Catalunya. / EFE / J. P. GANDUL

Noelia Vera, portavoz de Podemos, analiza anoche los resultados de Catalunya.
El secretario general del PP, Teodoro García Egea.

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El PP quiere escuchar todos los detalles de la propuesta del presidente, Pedro Sánchez, para eliminar los aforamientos y reformar la Constitución antes de pronunciarse sobre si la apoyará. Los conservadores, cuyo respaldo es necesario para sacarla adelante, no quisieron adelantar su posición este lunes y su secretario general, Teodoro García Egea, lanzó la sospecha de que la iniciativa de Sánchez sea una manera de pagar el "pacto oculto" con los independentistas, que en su opinión saldrían beneficiados de la reforma. Solo faltan unas horas para saber dónde se coloca cada partido porque este martes Albert Rivera lleva una iniciativa al Congreso sobre la anulación de esa protección jurídica. 

Para García Egea, Sánchez intenta con esta propuesta facilitar a los "golpistas" catalanes que "escapen" del Supremo. En su opinión, el jefe del Ejecutivo "no quiere" que ese tribunal siga juzgando al expresidente Carles Puigdemont y otros políticos independentistas, sino que los juzgue uno ordinario en cumplimiento de un supuesto acuerdo con los nacionalistas, que apoyaron la moción de censura.  

Las sospechas del PP sobre las razones ocultas que podría tener Sánchez son bastante improbables. El Supremo ha mantenido el criterio de que una vez abierto el juicio oral, la pérdida de fuero no determina volver al juzgado que le habría correspondido de no haber sido diputado. Con el calendario previsto para el juicio contra los líderes del 'procés', a partir de enero, será muy complicado que no se haya procedido a abrir el oral cuando se produzca la reforma (se supone que a finales de noviembre). 

Nunca juzgados en Catalunya

Y aunque no fuera así, la pérdida de aforamiento de los políticos catalanes procesados en ningún caso supondría que fueran juzgados en Catalunya, ya que el  Supremo asumió las actuaciones ya iniciadas en la Audiencia Nacional contra los que no tenían fuero. Actualmente hay siete diputados procesados por rebelión, malversación o desobediencia: Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Sànchez,Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull y Toni Comín. El procedimiento respecto a los huidos Puigdemont y Comín ha quedado en suspenso en una pieza separada a la espera de que estén a disposición de la justicia española. 

En cuanto a saber si la reforma de los aforamientos afectaría al líder del PP, Pablo Casado, en Génova esperan que el Supremo se manifieste en las próximas semanas sobre si le imputa o archiva la causa, así que descartan cualquier consecuencia en el 'caso máster'. 

García Egea explicó que, antes de entrar a analizar la iniciativa de la Moncloa, quiere escuchar primero la letra pequeña que defienden los socialistas y los naranjas para decidir si el PP de Casado se suma o no. Rajoy cerró con Rivera reducir el número de aforamientos en 2016, pero su promesa cayó en saco roto. Los populares pusieron este lunes otra línea roja: quieren que los grupos se comprometan a que los diputados autonómicos dejen de ser aforados para lo que habría que cambiar los Estatutos regionales. Cs también propone avanzar en esa línea. 

El referéndum de Iglesias 

Podemos cree que la reforma debe ir mucho más allá y abordar también otros cambios como la "inviolabilidad" del Rey, el blindaje de los derechos sociales y la cuestión territorial. Y el asunto primordial que va a poner en aprietos al Gobierno y al PP es que Pablo Iglesias va a defender que los cambios se sometan a un referéndum. 

Podemos tiene 67 diputados, más de los 35 necesarios (el 10% de la Cámara) para forzar que se consulte la reforma de la Constitución a todos los españoles. El riesgo de convocar un referéndum fue lo que frenó a Rajoy hace dos años cuando negoció con Rivera los aforamientos. El expresidente del PP se temía que los independentistas pudieran alterar el supuesto motivo de la consulta para plantear un nuevo desafío rupturista.