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Rajoy teme abrir la puerta a referéndums si toca la Constitución

35 diputados o 27 senadores pueden impulsar una consulta ante cualquier tipo de reforma

El PP avisó a C's del «peligro» cuando solicitó reducir los aforados en la Carta Magna

Pilar Santos Gemma Robles

La vicepresidenta y ministra de presidencia y asuntos territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría, este martes en el Senado.

La vicepresidenta y ministra de presidencia y asuntos territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría, este martes en el Senado. / JUAN MANUEL PRATS

Este miércoles el portavoz de Unidos Podemos, Iñigo Errejón, aprovechará la sesión de control para preguntar al Ejecutivo central qué posibilidades existen en esta legislatura de  acometer o no una reforma de la Constitución. La encargada de responder será la vicepresidenta, ministra de la presidencia y de asuntos territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría, la misma que 24 horas después comparecerá en el Congreso para marcar las que serán las líneas principales de su política territorial. Catalunya, el futuro de Euskadi y esa potencial reforma constitucional serán sin duda temas clave de esta trascendente cita. 

La actualización de la Carta Magna es un asunto que el Gobierno ha podido mantener guardado en un cajón mientras ha disfrutado de la seguridad que le otorgó, en otros tiempos, su mayoría absoluta. De hecho, sigue estirando cuanto puede el argumento de que abrir «ese melón» merece una reflexión previa y rigurosa sobre cuál es el objetivo que se quiere lograr, puesto que la mayoría de grupos parlamentarios desean cambios hondos en la ley fundamental, pero con fines bien distintos.

En todo caso en esta legislatura el Ejecutivo está obligado a sentarse a jugar la partida. También en este terreno. Y eso, admiten fuentes gubernamentales, asusta en un momento en que el desafío soberanista vuelve a llamar a la puerta: en La Moncloa tienen muy presente que cualquier modificación de la ley fundamental, aunque solo afecte a un artículo o sea considerada de carácter menor o "exprés", puede conllevar que un grupo de diputados o senadores puedan forzar un referéndum al respecto. «Y puede pasar que logren forzarlo en la actual coyuntura de mayorías y que después, políticamente, alteren el supuesto motivo de la consulta», apuntan fuentes populares preguntadas por este diario.

MIEDO A INDEPENDENTISTAS 

El artículo 167.3 de la Constitución vigente señala, ciertamente, que «una vez aprobada la reforma [de la Carta Magna]  por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras». Esto es, que 35 diputados o 27 senadores bastarían para lograr un referéndum sobre cualquier cambio en la ley fundamental. Y el PP teme además que se pudiera facilitar una coartada a los independentistas para celebrar una consulta legal a la que, según auguran, pudieran dar la vuelta sobre su contenido original.

De hecho, fuentes conservadoras admiten a EL PERIÓDICO que ese fue uno de los temores que se hizo llegar a la delegación negociadora de Ciudadanos cuando, en los meses de verano, se estaba ultimando el pacto que ambos partidos firmaron y que sirvió para garantizar la investidura de Mariano Rajoy. Concretamente cuando los naranjas impusieron que en el texto se incluyera el «eliminación de los aforamientos ligados a cargos políticos y representantes públicos», que debe hacerse a través de una reforma constitucional. Ahí los populares pusieron en duda de que mereciera la pena hacer cambios parciales, en los primeros meses de legislatura, si la finalidad es terminar después haciendo una reforma 'a la grande'.

LOS NARANJAS INSISTEN 

A esto la organización de Rivera le resta relevancia. Y reclama que la reforma de los aforados se ponga sobre la mesa en menos de tres meses, dado que en España están amparados por este derecho unas 10.000 personas, muy por encima de la media europea. El vicesecretario general de C’s, José Manuel Villegas, cree que ningún partido sería capaz de oponese a una iniciativa para terminar con esta polémica figura sólo por el temor a abrir la puerta a las consultas, añadiendo que si un grupo de diputados o senadores lo reclamase «ya no sería una reforma tan exprés» como se desea, «pero se haría». 

En esta misma línea, el número dos de los naranjas tampoco comparte con el Ejecutivo y el PP la idea de que los independentistas pudieran utilizar esta vía para forzar un referéndum de tintes independentistas. «Ellos quieren votar la independencia, no los aforamientos», argumenta.

Así las cosas, es obvio que el Ejecutivo central va a tener complicado poner freno a algunos de los compromisos que adquirió con Ciudadanos, también de índole constitucional, sean cuales sean sus miedos a efectos colaterales. Rivera quiere la modificación de la ley fundamental para terminar con aforados como aperitivo, pero exige una reforma en profundidad en el 2017.

El PSOE, pese a que está más centrado ahora en limar sus diferencias internas también en asuntos de carácter territorial, ansía la creación de una subcomisión parlamentaria para abordar la actualización de la Carta Magna en clave federal y si el Gobierno, como dice, busca su complicidad para algunas cuestiones de Estado, puede que tenga que ceder para garantizar su creación. La mayoría del resto de la oposición también pide, ya, la reforma. 

El fallido intento de convocar consulta en el 2011 por esta misma vía

La última vez que se modificó la Constitución, en septiembre del 2011, los partidos que no eran partidarios del cambio no alcanzaron el número necesario para forzar un referéndum. En aquella ocasión, tras la presión de las autoridades de Bruselas por la grave situación económica de España, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero pactó con el PP un cambio en el artículo 135 para consagrar el principio de estabilidad financiera. La reforma se aprobó con 316 votos a favor y 5 en contra. Los diputados de CiU y PNV se quedaron en el hemiciclo, pero no votaron, y los parlamentarios de ERC, BNG, ICV y Nafarroa Bai se ausentaron de la Cámara baja justo antes de que empezase el recuento.

La coalición Izquierda Unida fue la que abiertamente reclamó una consulta para aprobar el cambio. Presentó varias enmiendas, entre ellas una para votar entre monarquía y república y otra para convocar el referéndum, pero fueron rechazadas.