Inversores, okupas, caraduras y el precio de los pisos

Aún no hemos salido de la crisis (véase la tasa de paro) y ya entramos en lo que podría ser una burbuja inmobiliaria, pero diferente a la que explotó en el 2007. Con la recuperación, los inversores se lanzaron a la compra de inmuebles y suelo que se vendían a precio de saldo. Y en pocos años en las ciudades más caras se ha vuelto al valor de antes de la crisis, tanto en compra como en alquiler, con los precios desbocados.

Una de las diferencias con la anterior burbuja es que ahora hay escasez de suelo en condiciones, tras su uso desorbitado en la primera década del 2000. El que podría utilizarse debe desarrollarse, para lo que se tarda unos tres años. Ahora los contratos de alquiler tienen una duración mucho menor, de tres años y otro prorrogable. Este hecho facilita que si un inversor compra todo un edificio no renueve los contratos de alquiler a su vencimiento para que el piso quede libre y pueda  buscarle más rentabilidad (alquilándolo a turistas, por ejemplo, otra causa del encarecimiento). Respecto a la propiedad de las viviendas que se pueden poner en el mercado, ahora el grupo principal pertenece o a los bancos directamente o a la Sareb, el 'banco malo' que se quedó los inmuebles que la banca no quería.

{"zeta-legacy-destacado":{"strong":null,"text":"Es m\u00e1s f\u00e1cil sacar de un piso\u00a0al inquilino que paga su alquiler que a su vecino okupa que no paga nadado"}}

Además, ahora el fenómeno okupa está mucho más extendido que en el 2007 y es muy variado: incluye desde las familias que entran ilegalmente en un piso vacío por pura necesidad, hasta los que han hecho de la okupación su fórmula “estable” de residencia, pasando por las llamadas mafias que han convertido este mercado negro en su modo de vida. “Hay auténticos especialistas en entrar en viviendas, cambiar el bombín de la puerta, conectar ilegalmente los servicios básicos de luz, agua y gas  y “alquilar” todo el paquete a una familia necesitada” advertía un asistente social. A todos estos factores hay que sumar las decenas de miles de personas desahuciadas durante la crisis, que no volverán a tener posibilidades de pagar en condiciones normales un piso en el mercado, y a las que las administraciones intentan dar una salida mediante un parque social totalmente insuficiente.

Este cúmulo de circunstancias han derivado en la existencia de más de 85.000 viviendas ocupadas ilegalmente en España, la mayoría propiedad de los bancos que las obtuvieron en desahucios por impago de alguna cuota de la hipoteca, o porque el promotor de turno no saldó las deudas. Parece un pez que se muerde la cola, con el agravante de que ahora además algunos de estos pisos los adquiere o gestiona la Administración, que vuelve a pagar por ellos, pues muchos se los había quedado el ente semipúblico Sareb o proceden de bancos rescatados. El súmmum del absurdo es que ahora es más fácil sacar de un piso al inquilino que ha pagado todas sus cuotas mensuales por el simple hecho de que le vence el contrato, que a su vecino okupa que no paga nada. Algo habrá que hacer porque el problema no para de crecer.