De inquilino a 'bicho' de la noche a la mañana

La ciudad, así, en general -diarios, postes publicitarios, buzones o escaleras- está llena de anuncios con un denominador común: "Compro piso". Los apellidos van del "no importa el estado" al, en un principio chocante, "con o sin inquilinos".  Lo que viene a continuación son las historias de tres edificios, dos en el Raval y uno en Hostafrancs, cuyos inquilinos, de la noche a la mañana, se han convertido en esos fastidiosos -a ojos de los compradores, qué duda cabe- vecinos que van incorporados a la venta de una finca. Familias que, tras recibir un burofax en el que se les informaba de la venta del edificio en el que viven de alquiler, con contrato vigente, han pasado a esa cada vez más común categoría de 'bicho'.

La concejala de Ciutat Vella, distrito en los que esta situación suena a 'déjà vu', Gala Pin, quien este lunes ha hecho una dura crítica a la "violencia inmobiliaria" ejercida por inversores con prácticas de "matones de billetera", asegura que es muy grave que nos encontremos en una situación de precios similares a los de antes de la crisis, tanto en la compra como en el alquiler, y que en estos años ninguna administración competente haya impulsado ninguna regulación. "La LAU solo ofrece protección por tres años, con lo que no permite a los vecinos plantear proyectos de vida a largo plazo", destaca poco optimista.

Pin confirma además que Ciutat Vella ha sido históricamente un lugar en el que muchos propietarios han dejado degradar las fincas. "Interesaba venderlas, no las condiciones de vida de los vecinos", muchas veces personas con pocos recursos que no iban a reivindicar sus derechos y eran fáciles de echar, llegado el caso. Para luchar contra esa situación, ya en el mandato interior, se impulsó el Pla Dintres, un plan de impulso a la rehabilitación de las fincas más deterioradas que preveía, por un lado, la imposición de multas a los propietarios que no dignificaran sus fincas, y, por el otro, protegía a los inquilinos y obligaba a la propiedad a anunciar al ayuntamiento la venta del inmueble, para ofrecerle la posibilidad del derecho a tanteo y retracto. En ese plan, adaptándose a los tiempos y con espíritu Colau, se ha basado el actual gobierno para elaborar sus cláusulas 'antigentrificación' para intentar frenar -con el poco margen del que se dispone- la expulsión de vecinos de la ciudad que hoy por hoy se antoja infrenable.