Entrevista al 'conseller' de Acció Climàtica

David Mascort: "El precio del agua subirá; si no se paga con recibos se hará con impuestos"

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"Vamos a invertir 2.400 millones desde ahora hasta 2027 en medidas concretas para optimizar la gestión del agua"

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David Mascort, 'conseller' de Acció Climàtica

David Mascort, 'conseller' de Acció Climàtica / Jordi Otix

Guillem Costa
Valentina Raffio
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Hace menos de un mes que David Mascort ha relevado a Teresa Jordà al frente del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat. En su primera entrevista tras el nombramiento, el nuevo 'conseller' habla con EL PERIÓDICO de cuestiones tan espinosas como el impacto de la sequía, las polémicas que rodean a los nuevos proyectos de energías renovables y la protección del delta del Llobregat.

Lleva usted muchos años trabajando como número dos de esta 'conselleria' y hace un mes ha asumido su liderazgo. ¿Cómo ha vivido el cambio?

Para mí no ha sido un cambio demasiado grande. En los últimos siete años he trabajado como secretario general de este Departament y mi trabajo, dicho coloquialmente, era 'tener la máquina a punto'. Hace dos años vivimos un cambio importante cuando asumimos las competencias sobre temas de acción climática como gestión del agua y residuos. Ahora siento que el único gran reto añadido es la proyección pública.

Entrevista con el 'conseller' David Mascort

Entrevista con el 'conseller' David Mascort. /

Uno de los temas que más preocupa ahora mismo es la sequía. ¿Qué balance hace de la situación?

En estos momentos vemos la sequía como algo coyuntural, pero todas las previsiones apuntan a que en las próximas décadas será un problema estructural. Catalunya tiene prepararse para hacer frente a las sequías que vendrán. Para ello, vamos a invertir 2.400 millones desde ahora hasta 2027 en medidas concretas para optimizar la gestión del agua. El objetivo es que para 2030, cuando se estima que la lluvia caerá un 15% respecto a ahora, podamos hacer lo mismo que ahora pero consumiendo menos agua.

"El objetivo es que para 2030 podamos hacer lo mismo que ahora pero consumiendo menos agua"

En 2008, hace 13 años, Catalunya vivió otra sequía extrema y ya entonces se demostró la necesidad de mejorar la gestión del agua. ¿Considera usted que se hicieron los deberes?

Sí. Y la prueba es que si no fuera por el actual plan de sequía ya habríamos entrado en situación de excepcionalidad. Esta sequía sido tan extrema como la de 2008 y aun así no hemos tenido que aplicar las mismas restricciones que entonces. En 2021, el Govern aprobó un plan especial contra la sequía y esto es lo que ha permitido alargar entre seis y ocho meses la declaración del estado de emergencia. Hace meses que hemos acelerado el trabajo de las desalinizadoras, que hemos avisado a agricultores, industrias y ciudades para que se prepararan para reducir su consumo de agua.

El plan para hacer frente a las sequías del futuro requiere grandes inversiones. Las empresas gestoras del agua argumentan que esto acabará aumentando el precio del agua. ¿Cree usted que acabaremos pagando más?

No es fácil responder a esta pregunta. Está claro que necesitaremos una gran inversión para ejecutar este plan y el dinero tiene que salir de alguna parte. ¿Significa esto que pagaremos más por el agua? Quizás no de forma directa, pero indirectamente sí. El precio del agua subirá; si los ciudadanos no lo pagan en sus recibos, ya sea con el cánon o con la tarifa que le aplica su ayuntamiento, seguramente lo harán con impuestos. Es de sentido común.

Su 'conselleria' lleva meses denunciando la gestión de los recursos hídricos en los territorios que dependen de la Cuenca Hidrográfica del Ebro y del Ministerio. ¿Cree que deberían tener más competencias?

Sí. Como independentista defiendo que todas las competencias que afectan a mi país deben estar aquí. Este es un caso flagrante de cómo no se tienen que ser las cosas. En Urgell cerraron el grifo de un día para otro para los agricultores. En Muga, los cultivos solo han recibido el 10% del agua prevista. En el Baix Ter se ha reducido la aportación de agua un 40%. No se puede hacer frente a algo tan grave como una sequía improvisando día a día. Por eso pedimos poder incidir en la gestión del agua de la cuenca del Ebro y, en especial, en la del Segre.

La gestión de la CHE en la cuenca del Ebro es un caso flagrante de cómo no tienen que hacerse las cosas

Mucho se ha hablado del despliegue de los nuevos proyectos de energías renovables en Catalunya. Hay quien argumenta que deberían instalarse en espacios naturales y quien defiende que deben quedarse en zonas antropizadas.

La instalación de las renovables en Catalunya tiene que hacerse con bisturí porque aquí, a diferencia de otros territorios, tenemos mucha densidad de población, actividades y en espacios protegidos. Ya hemos dibujado el camino. En 2021, con la modificación del decreto de renovables, establecimos unas normas del juego muy claras. Por ejemplo, se dejó claro las renovables no se pueden instalar en espacios naturales protegidos.

"La instalación de las renovables en Catalunya tiene que hacerse con bisturí"

¿Entonces por dónde se debería empezar a instalar estos proyectos?

El plan establece que hay que empezar por zonas antropizadas, como es evidente. Eso incluye los tejados de edificios y espacios cercanos a núcleos urbanos. También habrá que instalar en zonas abiertas como los campos. ¿En los más productivos? No. Hay una normativa específica sobre esto. ¿Y en cualquier extensión? Tampoco. En las zonas de regadío solo podrán ocupar un 5% de la extensión y en las de secano un 10%.

Hay quien considera que se está tardando mucho en dar respuesta a estos proyectos.

Es cierto que para montar un parque se necesitan muchos trámites. Cuando llegamos a la 'conselleria' nos encontramos con un tapón de proyectos sobre la mesa. Hemos contratado 75 personas para poder desbloquear esta situación y ahora mismo las solicitudes, si están completas, se procesan en 15 días o menos. La administración no puede ser un escollo para estos proyectos. Nuestro trabajo es garantizar que son seguros tanto para los ciudadanos como para la biodiversidad.