El Supremo de Chile condena a los autores del asesinato del diplomático español Carmelo Soria durante la dictadura

La tarde del 14 de julio de 1976, el diplomático español Carmelo Soria abandonó su oficina en Providencia, uno de los barrios más coquetos de una Santiago de Chile militarizada. Agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la temible policía secreta que dirigía el coronel Manuel Contreras que con el aval del dictador Augusto Pinochet, lo interceptaron en su automóvil mientras se dirigía a casa. Soria, por entonces funcionario de miembro la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y militante comunista, fue llevado a 'Quetropillán', un centro conspirativo del régimen militar donde, además de torturar, se confeccionaba gas sarín y explosivos. Allí lo asesinaron dos días después de su captura. Luego metieron el cadáver en su automóvil y lo arrojaron por un barranco en la zona norte de la capital para simular un accidente como consecuencia del estado de ebriedad del conductor. Cuando faltan pocos días para conmemorar medio siglo del golpe de Estado que derrocó al presidente Salvador Allende y abrió las puertas del horror, el Tribunal Supremo de Chile dio a conocer la sentencia inapelable contra los autores de aquel crimen. Involucra a seis exintegrantes de la DINA y dos exmilitares.

El caso Soria ha tenido que esperar 47 años para cerrarse. Los querellantes ha debido sortear distintos muros de la impunidad y otros laberintos judiciales. En las caldeadas vísperas de los 50 años de aquel trágico 11 de septiembre, el exbrigadier Pedro Espinoza Bravo, número dos de la DINA, y Raúl Iturriaga Neumann, quien se encargaba de los actos terroristas en el exterior, recibieron una nueva condena de 15 años de cárcel. Espinoza Bravo se encuentra en el penal de Punta Peuco, donde durante de la transición democrática fueron enviados los uniformados privados de libertad por la comisión de delitos de lesa humanidad. Hace casi tres décadas fue acusado junto con Contreras de haber planeado el asesinato en Washington del exministro de Exteriores de Allende, Orlando Letelier.

El exagente secreto Juan Morales Salgado fue condenado a 10 años y un día de presidio como autor del homicidio de Soria. Los tres represores ya habían sido enviados a una unidad penitenciaria por otro de los episodios atroces perpetrados por el pinochetismo: el doble asesinato, en 1974 en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, del excomandante en jefe del Ejército chileno Carlos Prats y su esposa, Sofía Cuthbert. También recibió una nueva sentencia otro de los rostros de la represión, el exgeneral Eugenio Covarrubias Valenzuela, quien fue director de Inteligencia del Ejército y más tarde uno de los procuradores de la CNI, el organismo que reemplazó a la DINA. Covarrubias Valenzuela recibió una pena de cuatro años por declaración falsa bajo juramento.

El peso de la sentencia

El dictamen no hizo más que darle un nuevo estado público y legal a lo que siempre se supo: Soria fue privado de su libertad "por agentes armados de la DINA" que lo trasladaron "a un lugar oculto" donde estuvo "vendado y amarrado". El interrogatorio "bajo apremios físicos" lo llevó a la muerte.

El escarpado y por momentos peligroso camino que condujo al cierre definitivo del caso Soria fue iniciado, en representación de la familia de la víctima, por el abogado Alfonso Insunza, quien décadas más tarde sería conocido en el mundo por su intervención en el escándalo de las cuentas secretas del exdictador en el extranjero. Durante muchos años, incluso cuando la dictadura se replegó y Pinochet mantuvo el control del Ejército, los partícipes del crimen se vieron beneficiados por la vigencia de la ley de amnistía que con la que los militares se autoblindaron mucho antes de entregar el poder.

La actuación del Supremo no hizo más que reactivar recuerdos de aquel pasado en momentos que la ultraderecha, que maneja el Consejo Constituyente, banaliza lo que sucedió a partir del 11 de setiembre de 1973 o defiende abiertamente a Pinochet.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, se ha convertido en un constante agitador de la memoria de los hechos que tienen su traducción en cifras oficiales: 1.092 desaparecidos, 377 ejecutados, miles de torturados y encarcelados, además de exiliados.