Cuarta acusación

Un gran jurado imputa a Trump y otras 18 personas por tratar de interferir en las elecciones de 2020 en Georgia

Especial multimedia: este es el viacrucis judicial al que Trump se tendrá que enfrentar

Trump aprovecha su tercera imputación criminal para impulsar su carrera a la Casa Blanca

Trump, imputado por intentar manipular los resultados de las elecciones de 2020

EVELYN HOCKSTEIN / REUTERS / VÍDEO: EUROPA PRESS

Carles Planas Bou

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La justicia estrecha el cerco a Donald Trump. Tras dos años y medio de investigación, un gran jurado de Atlanta anunció este lunes por la noche (madrugada del martes en España) que imputa al expresidente estadounidense y a otras 18 personas con hasta 41 cargos criminales por presuntamente haber intentado revertir de forma ilegal su derrota en las elecciones presidenciales de 2020, que llevaron a Joe Biden a la Casa Blanca.

La acusación armada por la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, se centra en los supuestos esfuerzos del magnate conservador y sus aliados —entre ellos, su exabogado Rudy Giuliani y su exjefe de gabinete Mark Meadows— para interferir en los resultados electorales en Georgia, uno de los estados que decantó la balanza en los últimos comicios presidenciales. El líder demócrata se impuso ahí por un estrecho margen del 0,23% y 11.779 votos, dando la vuelta a lo ocurrido en 2016. Su victoria se debió a la tendencia liberal de los condados más poblados, como el de Fulton, que incluye la mayor parte de Atlanta —capital del estado conocida como "la Meca negra" por sus profundos vinculos con la historia afroamericana— y donde Trump obtuvo su segundo peor resultado estatal.

Tras un largo recuento que constató su fracaso en las urnas, el entonces presidente llamó a Brad Raffensperger, secretario de Estado de Georgia, a quien presionó e incluso amenazó para que "encontrase" los 11.780 sufragios necesarios para pintar el mapa georgiano de rojo. Trump insistió en que había ganado y que se había cometido fraude electoral —ambos argumentos a la vez—, pese a que los resultados eran claros.

30 colaboradores no imputados

El expresidente se enfrenta a 13 cargos por violar la ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Extorsión (RICO) del estado de Georgia. Trump y sus compinches han sido acusados de conspiración para anular los resultados electorales, de realizar declaraciones falsas, de incitar a funcionarios públicos —entre ellos el exvicepresidente Mike Pence —a violar su juramento, de distribuir documentos fraudulentos en colegios electorales, de actos de obstrucción y de acosar a los trabajadores electorales.

"Trump y los otros acusados se negaron a aceptar que perdió, y se unieron a sabiendas y de forma voluntaria a una conspiración para cambiar ilegalmente el resultado de las elecciones a favor de Trump", declaró la fiscal, que remarcó el "propósito común" del expresidente y sus colaboradores "para cometer dos o más actos de actividad de chantaje".

A todos ellos, además, les imputa el haber participado en "actividades delictivas relacionadas entre sí" como "suplantación de la identidad de un funcionario público, tratar de sobornar a testigos, robo informático, allanamiento informático, invasión informática de la intimidad, conspiración para defraudar al Estado y actos relacionados con el robo y perjurio".

Willis anunció una orden de arresto contra los acusados, entre los que también se incluyen abogados de Trump y personal de su campaña, aunque les ha dado hasta el 25 de agosto para "rendirse voluntariamente". La acusación incluye a otros 30 cómplices con la trama que finalmente no han sido imputados.

La Fiscalía pretende que el juicio a Trump tenga lugar en los próximos seis meses. Es por eso que ya ha asignado el caso a Scott McAfee, juez del Tribunal Superior del condado de Fulton. Los actuales abogados del expresidente, Drew Findling y Jennifer Little, tacharon la imputación de "ridícula" y expresaron su deseo de que sea revisada por "defectuosa e inconstitucional".

Cuarta imputación

Esta es la cuarta imputación penal de Trump en lo que va de año, una carga legal sin precedentes tanto para un expresidente como para un político que se presenta como candidato a ocupar el Despacho Oval. Las otras tres giran en torno a la presunta intentona del republicano de subvertir la democracia en EEUU, a la retención indebida de documentos confidenciales tras abandonar la Casa Blanca y al soborno de 130.000 dólares que pagó para silenciar a la actriz porno Stormy Daniels, con quien mantuvo relaciones sexuales, justo antes de las elecciones de 2016.

Como ha hecho en todos los frentes legales abiertos, Trump compareció el pasado 3 de agosto ante el juez para negar su responsabilidad en el uso a conciencia de consignas falsas sobre su derrota electoral en los comicios de 2020 que derivaron en la insurrección de una turba de fieles trumpistas que asaltó el Capitolio, causando cinco muertos. A diferencia de los otros casos, se espera que en Georgia se fotografíe al expresidente para su ficha policial, según ha confirmado el sheriff del condado de Fulton, Patrick Labat.

Favorito en las encuestas

Estar entre la espada y la pared parece no haberle pasado factura a un Trump inmune a los escándalos. Todas las encuestas le sitúan como gran favorito para convertirse en el candidato del Partido Republicano a la presidencia del país. Hacerse con la nominación sería el primer paso para volver a enfrentarse a Biden y a los demócratas en las urnas.

Sin embargo, podría llegar a noviembre del año próximo con una o más condenas bajo el brazo. De darse, esa situación no le impediría postularse, según fija la ley estadounidense. Esa posibilidad aboca a EEUU a un escenario de vértigo que Trump busca capitalizar en su propio beneficio. "Necesito una imputación más para asegurar mi elección", celebró hace dos semanas.

Los expertos en derecho constitucional advierten de que, de volver a ser elegido presidente, Trump podría usar sus poderes para autoindultarse. Aunque la falta de precedentes dificulta saber qué podría suceder en ese hipotético escenario, señalan que ese perdón presidencial sólo podría otorgarse en los casos dictaminados por un fiscal federal. Así pues, una condena en Georgia no podría ser revertida ni por el presidente de turno ni por el gobernado del Estado.

Intimidación a fiscales y testigos

Más allá de esta postura de aparente tranquilidad, Trump se ha metido en terreno pantanoso al tratar de amedrentar a quienes le investigan. Este lunes, el expresidente presionó explícitamente al antiguo gobernador de Georgia y testigo Jeff Duncan para que no compareciese ante el Gran Jurado del Condado de Fulton. Lo hizo en un mensaje publicado en su plataforma digital Truth Social que podría generarle nuevos problemas, pues la ley georgiana considera ilegal la "intimidación" para "influir, retrasar o impedir el testimonio de cualquier persona en un procedimiento oficial".

A medida que pasan las semanas y se estrecha el cerco judicial, los mensajes del exmandatario son cada vez más indisimuladamente hostiles e intimidatorios. "¡Si vais a por mí, iré a por vosotros!", ha llegado a publicar. Conscientes de esa amenaza, los fiscales federales que lideran la investigación han solicitado decretar el secreto de sumario para "salvaguardar la integridad" del proceso. Trump ha asegurado que el próximo lunes presentará un informe de su equipo para que se le exonere, aunque todo apunta a que lo usará para seguir criminalizando sus imputaciones.