Stormy Daniels

El caso por el que ha sido imputado Trump investiga los pagos que se realizaron poco antes de las elecciones presidenciales de 2016 para silenciar a Stormy Daniels, la actriz porno que asegura que mantuvo en 2006 una relación sexual con el entonces magnate inmobiliario y estrella de televisión. El abogado personal de Trump, Michael Cohen, pactó entonces abonar 130.000 dólares a Daniels, cuyo nombre real es Stephanie Clifford, a cambio de que guardara silencio.

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El 12 de enero de 2018, salió a la luz el pago y aunque en un inicio Cohen aseguró que el dinero había salido de su bolsillo, siete meses más tarde declaró que lo hizo "en coordinación con y bajo dirección" de Trump y "con el propósito principal de influenciar las elecciones". Ahora, el fiscal Alvin Bragg tiene que confirmar los cargos que le imputa a Trump. Podría ser falsificación de documentos o donación impropia de campaña.

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Interferencia electoral en Georgia

En Georgia, la oficina de la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, podría presentar de forma "inminente" cargos en un caso que estudia si el expresidente y sus aliados trataron de revertir los resultados presidenciales en ese estado en las elecciones de 2020, que Trump perdió frente a Joe Biden. Parte de esas pesquisas han girado sobre la llamada que Trump realizó el 2 de enero de 2021 al secretario de Estado de Georgia, el también republicano Brad Raffensperger, pidiéndole que le buscara los votos que le había sacado de ventaja el demócrata. "Solo quiero encontrar 11.780 votos, que es uno más de los que tenemos", dijo.

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Hace semanas ya que el gran jurado especial concluyó su trabajo, en el que a lo largo de siete meses se les presentaron documentos y escucharon a 75 testigos. Cuando en febrero el juez permitió que se hiciera público parte de su informe final, se supo que habían recomendado al menos una imputación por perjurio. Podría haber, no obstante, otros cargos, y se ha publicado que hay 17 objetivos, que además de Trump incluye al exalcalde neoyorquino Rudy Giuliani. La fiscalía necesita ahora reunir a un gran jurado regular, un paso previo imprescindible para presentar cargos. Los abogados del presidente han intentado frenar ese próximo paso de la fiscal.

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Asalto al Capitolio

Una de la investigaciones que lidera el fiscal especial Jack Smith estudia el papel que pudo jugar el presidente, además de otros de sus asesores y aliados, para tratar de interferir en el traspaso pacífico de poder. En juego están las acciones de Trump tanto el 6 de enero de 2021, el día del asalto al Capitolio -cuando una turba de seguidores del entonces presidente irrumpió en la sede del legislativo-, como antes de aquella jornada, cuando estuvo propagando acusaciones de un inexistente fraude electoral.

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Se han emitido recientemente citaciones para testificar ante un gran jurado para el vicepresidente Mike Pence y para Mark Meadows, que fue jefe de gabinete de Trump. El republicano ya fue sometido a un juicio político, su segundo 'impeachment', acusado de haber animado aquella insurrección, pero fue exonerado en el Senado como en el primer 'impeachment' gracias al rechazo de la inmensa mayoría de republicanos a condenarle.

El papel del presidente en el asalto al Capitolio también puede convertirle en objeto de demandas civiles que pretenden presentar contra él tanto demócratas como agentes uniformados que sufrieron la violencia de aquel día.

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Los papeles de Mar-a-Lago

La otra potencial causa que estudia el fiscal especial Jack Smith contra Trump concierne al manejo irregular de material clasificado por parte del expresidente (otro fiscal especial estudia también si Joe Biden vulneró la ley en ese mismo terreno).

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Los mayores indicios de que Trump violó la ley que se plantea el Departamento de Justicia llegaron cuando se consiguió aprobación judicial para llevar a cabo un registro en su residencia privada en Mar-a-Lago, que acometieron agentes del FBI y donde se localizaron cientos de páginas que se había llevado al abandonar la Casa Blanca y no había dado, como es preceptivo, a los Archivos Nacionales. Tras ese registro creció la posibilidad también de que Trump pueda enfrentar cargos por obstrucción, al haber intentado que el Gobierno no recuperara los documentos.

El fiscal Smith ha logrado recientemente una victoria al conseguir que un juez federal obligara a un abogado de Trump a contestar las preguntas de un gran jurado y facilitar documentos y comunicaciones relacionados con el caso, algo que Trump había intentado evitar.

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Fraude financiero

El caso civil en Nueva York lo ha planteado la fiscal demócrata del estado, Letitia James. En una demanda ha acusado a Trump y su familia de fraude, al haber "exagerado falsamente el valor de su fortuna en miles de millones de dólares". James quiere que los Trump no puedan volver a hacer negocios en el estado.

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Trump ha intentado varias veces que el caso sea desestimado pero sin éxito. Si fuera condenado podría enfrentar multas además de restricciones para sus negocios.

Ya el año pasado, en otra investigación paralela de la que se encargó la fiscalía de Manhattan que dirige Alvin Bragg, se logró una condena por 17 cargos de fraude fiscal y otros delitos financieros de dos unidades de la Organización Trump, en parte gracias al testimonio del consejero financiero, Allen Weisselberg, que accedió a testificar a cambio de una sentencia más leve (cinco meses de cárcel). Cuando estaba en la fiscalía estatal, Bragg también supervisó un caso que acabó con el cierre de la Fundación Trump y un acuerdo por el que el mandatario pagó una multa de dos millones de dólares.

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Condena por abuso sexual

Trump suma otro hito a su infame historial legal. Un jurado de seis hombres y tres mujeres de Nueva York sentenció que el expresidente abusó sexualmente de la columnista E. Jean Carroll en 1996 y la difamó, por lo que deberá indemnizarla con cerca de 5 millones de dólares. La columnista también acusó a Trump de haberla violado a mediados de los 90 en un probador de Bergdorf Goodman, pero el jurado le absolvió de este delito.

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Al tratarse de un caso civil, y no penal, no hay un veredicto de culpabilidad o inocencia. La acusación solo tenía que convencer al jurado de la preponderancia de las pruebas, mientras que en los casos penales se debe probar la culpabilidad más allá de una duda razonable. El jurado dictaminó por unanimidad en menos de tres horas de deliberaciones.

La de Carroll es solo una de las más docenas de acusaciones de conducta sexual inapropiada que otras tantas mujeres han lanzado públicamente contra Trump, pero era la primera que llegaba a juicio. Y ahora promete sacudir la campaña electoral para las presidenciales de 2024.

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