Asalto al Capitolio

A principios de agosto, Trump fue imputado junto a seis de sus asesores y aliados por su presunto intento de interferir en el traspaso pacífico de poder tras los comicios de 2020, que culminaron en el asalto al Capitolio. Según el escrito de acusación del fiscal especial Jack Smith, el expresidente se enfrenta a cuatro cargos federales: conspiración para obstruir el escrutinio del resultado, conspiración para impedir que el Congreso certificara la victoria de Biden, conspiración contra el derecho al voto e intento de obstrucción para certificar las papeletas. Cuatro cargos por los que se enfrenta a una pena máxima de 55 años de prisión en total.

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En cuestión están las acciones de Trump tanto el 6 de enero de 2021, el día del asalto al Capitolio -cuando una turba de seguidores del entonces presidente irrumpió en la sede del legislativo-, como antes de aquella jornada, cuando estuvo propagando acusaciones de un inexistente fraude electoral.

El republicano ya fue sometido a un juicio político, su segundo 'impeachment', acusado de haber animado aquella insurrección, pero fue exonerado en el Senado como en el primer 'impeachment' gracias al rechazo de la inmensa mayoría de republicanos a condenarle.

El papel del presidente en el asalto al Capitolio también puede convertirle en objeto de demandas civiles que pretenden presentar contra él tanto demócratas como agentes uniformados que sufrieron la violencia de aquel día.

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Interferencia electoral en Georgia

En Georgia, un gran jurado ha imputado al expresidente y 18 colaboradores por supuestamente tratar de revertir los resultados en ese estado en las elecciones de 2020, donde había ganado el demócrata Joe Biden por un estrecho margen. La acusación, dirigida por la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, se ha centrado en la llamada que Trump realizó el 2 de enero de 2021 al secretario de Estado de Georgia, el también republicano Brad Raffensperger, pidiéndole que le buscara los votos que le había sacado de ventaja el demócrata. "Solo quiero encontrar 11.780 votos, que es uno más de los que tenemos", dijo.

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Entre los cargos a los que se enfrenta el magnate en este caso están el de conspiración para anular los resultados electorales, incitar a funcionarios públicos a violar su juramento, perjurio, distribuir documentos fraudulentos en colegios electorales, acosar a los trabajadores electorales tras su derrota en Georgia y obstrucción.

La fiscal Willis ha inculpado a los 19 acusados basándose en una ley de Georgia sobre delincuencia en banda organizada, que se suele usar contra las pandillas, y prevé penas de entre 5 y 20 años de prisión.

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Los papeles de Mar-a-Lago

El exmandatario también está imputado por el manejo irregular de material clasificado (otro fiscal especial estudia también si Joe Biden vulneró la ley en ese mismo terreno). Varios de los cargos de los que se le acusa se consideran graves. Las infracciones de la Ley de Espionaje pueden acarrear hasta 10 años de prisión, mientras que la obstrucción a la justicia -también un delito grave- conlleva una pena máxima de 20 años.

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Los mayores indicios de que Trump violó la ley que se plantea el Departamento de Justicia llegaron cuando se consiguió aprobación judicial para llevar a cabo un registro en su residencia privada en Mar-a-Lago, que acometieron agentes del FBI y donde se localizaron cientos de páginas que se había llevado al abandonar la Casa Blanca y no había dado, como es preceptivo, a los Archivos Nacionales. Tras ese registro creció la posibilidad también de que Trump enfrentase cargos por obstrucción, al haber intentado que el Gobierno no recuperara los documentos.

El fiscal especial Jack Smith logró una victoria al conseguir que un juez federal obligara a un abogado de Trump a contestar las preguntas de un gran jurado y facilitar documentos y comunicaciones relacionados con el caso, algo que Trump había intentado evitar.

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Stormy Daniels

El primer caso por el que fue imputado Trump el pasado mes de marzo investiga los pagos que se realizaron poco antes de las elecciones presidenciales de 2016 para silenciar a Stormy Daniels, la actriz porno que asegura que mantuvo en 2006 una relación sexual con el entonces magnate inmobiliario y estrella de televisión. El abogado personal de Trump, Michael Cohen, pactó entonces abonar 130.000 dólares a Daniels, cuyo nombre real es Stephanie Clifford, a cambio de que guardara silencio.

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El 12 de enero de 2018, salió a la luz el pago y aunque en un inicio Cohen aseguró que el dinero había salido de su bolsillo, siete meses más tarde declaró que lo hizo "en coordinación con y bajo dirección" de Trump y "con el propósito principal de influenciar las elecciones". Está acusado de 34 cargos por falsificación de documentos contables.

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Fraude financiero

El expresidente también tiene pendiente un caso civil en Nueva York planteado por la fiscal demócrata del estado Letitia James. En una demanda ha acusado a Trump y su familia de fraude, al haber "exagerado falsamente el valor de su fortuna en miles de millones de dólares". James quiere que los Trump no puedan volver a hacer negocios en Nueva York.

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El republicano ha intentado varias veces que el caso sea desestimado pero sin éxito. Si fuera condenado podría enfrentar multas además de restricciones para sus negocios.

Ya el año pasado, en otra investigación paralela de la que se encargó la fiscalía de Manhattan que dirige Alvin Bragg, se logró una condena por 17 cargos de fraude fiscal y otros delitos financieros de dos unidades de la Organización Trump, en parte gracias al testimonio del consejero financiero, Allen Weisselberg, que accedió a testificar a cambio de una sentencia más leve (cinco meses de cárcel). Cuando estaba en la fiscalía estatal, Bragg también supervisó un caso que acabó con el cierre de la Fundación Trump y un acuerdo por el que el mandatario pagó una multa de dos millones de dólares.

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Condena por abuso sexual

Trump suma otro hito a su infame historial legal. Un jurado de seis hombres y tres mujeres de Nueva York sentenció que el expresidente abusó sexualmente de la columnista E. Jean Carroll en 1996 y la difamó, por lo que deberá indemnizarla con cerca de 5 millones de dólares. La columnista también acusó a Trump de haberla violado a mediados de los 90 en un probador de Bergdorf Goodman, pero el jurado le absolvió de este delito.

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Al tratarse de un caso civil, y no penal, no hay un veredicto de culpabilidad o inocencia. La acusación solo tenía que convencer al jurado de la preponderancia de las pruebas, mientras que en los casos penales se debe probar la culpabilidad más allá de una duda razonable. El jurado dictaminó por unanimidad en menos de tres horas de deliberaciones.

La de Carroll es solo una de las más docenas de acusaciones de conducta sexual inapropiada que otras tantas mujeres han lanzado públicamente contra Trump, pero era la primera que llegaba a juicio.

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