El drama de los pueblos indígenas de Colombia que ha aflorado la odisea de los niños perdidos en la selva

La espuma emocional que subió en Colombia en medio de la búsqueda y el posterior rescate de los cuatro niños indígenas que sobrevivieron a un trágico accidente de avión, comienza a ser un asunto lateral en ese país. Lo que permanece como serio problema es la situación de los 151 pueblos originarios que padecen la pobreza, la discriminación y los efectos residuales del conflicto armado que los convierte en supervivientes permanentes.

La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) lo explicó con claridad: el rescate de los cuatro hermanos producía júbilo. Pero la otra cara de la moneda proyectaba sobre la sociedad sus sombras inequívocas. Reconocían "los esfuerzos de los Sabios, Sabias, Autoridades Tradicionales, equipo indígena de rescate, las Organizaciones y Comunidades indígenas, sumado a las acciones de las entidades del Gobierno y del Presidente Gustavo Petro". Y exaltaban "la capacidad y conocimientos propios del ser indígena mostrado por los infantes para hacer frente ante la adversidad". A la vez remarcaron la necesidad de las instituciones del Estado de "evidenciar las causas de los hechos ocurridos que originaron el siniestro". Era en ese sentido necesario "establecer una ruta que lleve a identificar soluciones" ante las graves asignaturas pendientes. Pocas horas antes de que se conociera que los niños se encontraban sanos y salvos, la propia ONIC había condenado los hechos de violencia que impactaban a la comunidad awá, a unos 200 kilómetros de Bogotá.

El dolor incesante

A comienzos de este año, la organización ya alertó sobre los casos de violencia sexual que han afectado en los últimos cuatro años a 69 niñas jiw, nükak, sikuani, tucano y karijona en Guaviare, a 354 kilómetros de la capital y muy cerca de donde cayó la avioneta de los cuatro hermanos. "Con paños de agua tibia no se pueden solucionar los problemas estructurales y las vulneraciones de los derechos de las comunidades indígenas que hemos venido denunciando desde hace varios años", dijo en ese momento el Defensor del Pueblo Carlos Camargo.

El 1,83% de la población colombiana se reconoce como originaria concentrada especialmente en La Guajira (20%), Cauca (16%), el departamento más afectado por los hechos de sangre, Nariño (10,8%) y Córdoba (10,6%). Se trata de unas 785.000 personas. Los verdaderos "don Nadie", como se autonombraron, cuyos derechos han sido históricamente relegados. La Comisión de la Verdad sostuvo en 2022 que existe un racismo institucional avalado históricamente por el Estado contra los pueblos originarios. Se desconocen sus autonomías, se desechan sus decisiones y objetan sus prioridades culturales. De acuerdo con Oxfam, Colombia se encuentra entre los países con mayores brechas entre la población indígena y no indígena en la educación y la salud. La diferencia en el acceso a agua potable y la energía es elocuente: 41,4% frente al 86,4% del total nacional, y 66% contra 96,3%. Presenta un verdadero abismo en el acceso a internet: 6,4% frente al 43,4%.

Balas y amenazas

Más allá de las estadísticas, la violencia tiene una carnadura letal, y se relaciona con los lastres del conflicto armado y la existencia de grupos de ultraderecha y ligados al narcotráfico. El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) ha contabilizado 5.011 asesinatos de indígenas entre 1958 y 2019. De ese total, 160 perdieron la vida tras la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, en 2016. El drama es persistente, como pudo comprobarlo el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). A lo largo de 2022 fueron asesinados 189 líderes sociales. Cuarenta y dos de esas víctimas eran representantes de comunidades indígenas. La defensa de sus territorios, ya sea por invasiones o daño ecológico, son las razones que llevan a los indígenas a la protesta. La conmoción que provocó el homicidio de Breiner David Cucuñame Lópeze, un líder ambiental de 14 años de un municipio perdido en Cauca, fue olvidada muy pronto en las grandes ciudades. Los organismos defensores de los derechos humanos recuerdan que el 90% de las muertes violentas de los indígenas no son castigadas por la justicia. También responsabilizan especialmente al expresidente de derechas, Iván Duque, por no haber implementado el Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz.

La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) ha alertado sobre el "riesgo comprobado de extinción física y cultural, debido a múltiples y complejos factores entre los cuales sobresalen el impacto del conflicto armado, las leyes que regulan los territorios, su bajo número de integrantes, y la pobreza y sus consecuencias". Los anhelos de "paz total" del Gobierno de Gustavo Petro son vistos por ahora como un horizonte lejano.

El sedimento de la exclusión

El desprecio cultural puede ser explícito o sutil. El pasado 19 de mayo, mientras los cuatro niños erraban sin destino por la selva, se realizó en Pereira la feria Eje Moda. Los organizadores llevaron a la pasarela a dos mujeres de la comunidad Embera. Una de ellas cargaba a un bebé. A sus costados, varias de las modelos se pavoneaban con sus prendas y trajes de baño. La ONIC reaccionó airadamente: "Los pueblos indígenas, no somos objetos de exhibición o piezas decorativas, esto claramente representa la colonización del pasado, que dejó la pobreza, discriminación, la exclusión y la marginación por la sociedad a los pueblos indígenas en América latina". Afloró entonces el recuerdo de lo que había dicho la vicepresidenta Francia Márquez, de origen afrodescendiente, al llegar al corazón del Estado. "Cien días no nos dan para cambiar 500 años de exclusión".

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