CONSECUENCIAS DE LA PURGA

Turquía juzga a cerca de 500 personas por la intentona golpista contra Erdogan

La mayoría de los encausados en este macrojuicio son militares y la Fiscalía les acusa de asesinato, violación de la Constitución e intento de asesinar al presidente turco

Gendarmes turcos escoltan a los procesados.

Gendarmes turcos escoltan a los procesados. / periodico

Adrià Rocha Cutiller / Estambul

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Los números, en Turquía, son siempre altísimos, y este martes llegan a casi 500. Son las personas a las que se empieza a juzgar por estar supuestamente vinculadas al intento de golpe de estado del 15 de julio de 2016, por el que murieron 250 civiles.

La mayoría de los encausados son militares de alto rango, acusados de dirigir la asonada y de estar a las órdenes de la «organización terrorista» de Fethullah Gülen, un teólogo del islam que, según el ejecutivo de Recep Tayyip Erdogan, es el máximo responsable de intentar derrocar el Gobierno turco por las armas.

Gülen, de hecho, es uno de los encausados en este macrojuicio, aunque no se encuentre en Turquía: este teólogo, que hasta 2012 fue un fiel aliado del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), liderado por Erdogan, vive exiliado en Estados Unidos desde 1999. Ankara ha pedido a Washington varias veces su extradiciónWashington para que pueda ser juzgado en suelo turco, pero, hasta la fecha, las administraciones de Obama y Trump se han negado; alegan que, en Turquía, el clérigo no tendría un juicio justo.

Así, de entre los 486 encausados hoy, siete están fugados de la Justicia —Gülen es uno de ellos—, 18 están en libertad condicional y 461 están en prisión preventiva.  Este es, por lo tanto, el mayor proceso judicial hasta la fecha para juzgar los responsables de la intentona.

Sin embargo, el total de encarcelados a causa del intento de golpe son muchos más: según el Ministerio del Interior turco, a día de hoy, hay unas 50.000 personas encarceladas y acusadas de haber participado en la asonada —la mayoría de ellos policías y militares—, además de los 110.000 funcionarios que han sido despedidos de sus puestos de trabajo por «simpatías y vínculos con la organización terrorista de Gülen». Entre estos, además de policías y militares, hay periodistas, administradores, jueces, abogados, profesores de escuela, académicos universitarios y un largo etcétera de personas que se han quedado sin su puesto de trabajo.

Para este macrojucio, del que se espera que acabe las vistas orales a finales de agosto, se ha creado un tribunal especial, ubicado en la capital del país, Ankara. Este tribunal será el encargado de procesar a la mayoría de los acusados de organizar y perpetrar el intento de golpe durante la madrugada del 15 al 16 de julio del año pasado.

Esa noche, militares turcos ocuparon la televisión estatal, el aeropuerto y los puentes que cruzan el Bósforo en Estambul, bombardearon el parlamento turco y dispararon contra los manifestantes que salieron a la calle para intentar parar el golpe; 250 civiles murieron aquella noche.

SIN TREGUA

Pero, aunque este juicio haya comenzado, las detenciones no cesan. La semana pasada, según el Gobierno turco, la policía detuvo a 921 personas por vinculaciones a grupos terroristas, en 1.157 operaciones realizadas por todo el país. Más de la mitad de estos detenidos están acusados de pertenecer a la cofradía de Gülen. De los demás, 243, acorde con la versión de la policía, forman parte de la guerrilla kurda del PKK, 57 del Estado Islámico, y 28 de «grupos terroristas izquierdistas».