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Un año del golpe que cambió Turquía

El presidente Erdogan se ha hecho fuerte desde la fallida asonada militar con una inmensa purga en la sociedad civil

ADRIÀ ROCHA CUTILLER / BARCELONA

Soldados y partidarios del presidente Erdogan en la Plaza Taksim de Estambul. / AP / EMRAH GURAL

Soldados y partidarios del presidente Erdogan en la Plaza Taksim de Estambul.
Partidarios de Erdogan celebran el fracaso del golpe, sobre un vehiculo policial en Ankara

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Pocos minutos antes de medianoche del 15 de julio del 2016, la presentadora estrella de la televisión pública de Turquía se colocaba el pelo y apuraba, con los nervios a flor de piel, una botella de agua. Quedaban pocos segundos para salir en antena; pocos segundos para que el militar que la estaba apuntando desde detrás de las cámaras le obligase a leer un comunicado en el que se anunciaba un golpe de Estado inminente en contra del Gobierno islamista de Recep Tayyip Erdogan y a favor de la secularidad heredada del «Gran Atatürk, fundador de nuestra República».

La periodista, después de beber el último trago, guardó la botella debajo de la mesa y levantó el pulgar para indicar que estaba lista: con sus palabras, emitidas en la televisión turca con más audiencia, se iniciaba una de las noches más cruentas de la historia de la Turquía moderna. A partir de ese momento, después de la emisión, todo se precipitó: los militares sublevados cerraron aeropuertos, bloquearon puentes, sacaron tanques y helicópteros, ocuparon calles y televisiones y bombardearon el Parlamento de Ankara cuando aún había diputados dentro.

Como respuesta, miles de personas salieron a enfrentarse a los militares levantados armados con sus puños. Durante la noche del 15 al 16 se julio de 2016, hoy hace justo un año, a causa de los choques contra los soldados, murieron 250 personas; la mayoría eran civiles. Pero el golpe, ya de madrugada, acabó fallando: los manifestantes ganaron a los golpistas y, en menos de doce horas, el Gobierno de Erdogan recuperó el control de las instituciones y del país.

Empezó, entonces, la búsqueda de un culpable y la depuración de responsabilidades. El Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) -formación dirigida por Erdogan, conservadora e islamista- señaló a Fethullah Gülen, un clérigo turco exiliado en Estados Unidos desde 1999, y a su cofradía, antigua aliada del AKP, como la responsable del intento de golpe: desde entonces, en tan solo un año, Ankara ha detenido a 50.000 personas acusadas de pertenecer o de tener algún vínculo con la organización y el golpe, y ha dejado sin trabajo y sin posibilidad de encontrar cualquier otro sustento de vida a otras 110.000 personasjuecesmilitarespolicíasprofesoresacadémicosperiodistas y funcionarios de Administración, entre otros.

Gülen, por su parte, sigue en EEUU, ya que Washington se niega, de momento, a deportar al clérigo, pese a la enorme insistencia de Erdogan, que dice estar dispuesto a lo que sea para que el clérigo sea juzgado en Turquía.

ESTADO DE EXCEPCIÓN

Al día siguiente del golpe, Erdogan apareció en televisión: «Este levantamiento es un gran regalo de Dios para nosotros. Porque el Ejército será limpiado. Pagarán un precio muy alto», dijo en rueda de prensa el presidente turco, cuando su avión pudo aterrizar en Estambul.

A los pocos días, el Parlamento aprobaba el establecimiento del estado de excepción, que ayudó a agilizar las detenciones y recibió muchas críticas por parte de la oposición, que consideró -y considera; el estado de excepción, un año después, aún sigue en vigor- que la medida buscaba restringir el respeto a los derechos humanos y a la libertad de expresión.

De hecho, Turquía es el país del mundo en el que hay más periodistas en la cárcel: según la sección local de Amnistía Internacional, cuya directora fue detenida la semana pasada en Estambul y es aún retenida, en las cárceles turcas hay más de 160 periodistas detenidos, y 2.500 profesionales han perdido su trabajo a causa de las purgas empezadas tras del golpe.

Así, según los expertos, Erdogan y su partido buscan controlar más de cerca las instituciones para, de esta forma, blindarse en el poder. Pero la táctica estuvo cerca de fallar: en abril del 2017, el AKP convocó un referéndum para reformar la constitución y darle más influencia y control al presidente de la República. Los islamistas tenían las de ganar, y lo hicieron, pero con un margen más ajustado de lo que habrían deseado.

El ‘no’ al cambio constitucional ganó en las dos capitales del país, Ankara y Estambul, en la zona costera del Mediterráneo y en el Kurdistán turco. El ‘sí’ se impuso en el centro de la península de la Anatolia y en las zonas rurales. La suma global de votos dio la victoria al ‘sí’ con el 51%, y al 'no' con el 48%: un margen tan estrecho que, para los partidos de oposición a Erdogan, que intentaron impugnar el resultado y acusaron al Gobierno de fraude electoral, deslegitima cualquier reforma estructural que el presidente turco quiera hacer.

Mientras tanto, durante este año, Ankara ha usado el intento de golpe de Estado a su favor: esta semana, coincidiendo con el primer aniversario del suceso, se celebraran cientos de actos por todo el país, y se inaugurarán varios monumentos en homenaje a las 250 personas muertas durante el 15 de julio de 2016, a los que el AKP llama «mártires». Estuviesen o no dispuestos a morir esa noche, la nueva Turquía que está construyendo Erdogan se asienta sobre ellos.