Vivienda

"Nos echan para especular": 20 familias de L’Hospitalet y Barcelona denuncian que no les renuevan el alquiler

Entidades por el derecho a la vivienda advierten de los "agujeros" de la regulación y del auge de los alquileres de temporada y por habitaciones

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Integrantes del Sindicat de Llogateres y del Grup d'Habitatge de Sants denuncian la "especulación" en dos bloques de viviendas, uno en Barcelona y otro en L'Hospitalet.

Integrantes del Sindicat de Llogateres y del Grup d'Habitatge de Sants denuncian la "especulación" en dos bloques de viviendas, uno en Barcelona y otro en L'Hospitalet. / Marc Asensio Clupes

Àlex Rebollo

Àlex Rebollo

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Un vistazo rápido en el portal inmobiliario Idealista permite comprobar la existencia de varias ofertas de alquiler por habitaciones en número 14 de la calle Occident de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), un bloque de viviendas ubicado en el mercado de Collblanc, en la frontera con Barcelona. Los precios oscilan entre los 475 euros al mes y los 575. Sin embargo, en algunos casos ese es el precio de “oferta” para marzo y abril. Una habitación que ahora se oferta a 490 euros, costará a su inquilino 620 euros cada mes a partir de mayo.

Sandra residía en el bloque de la calle Occident hasta el pasado mes de diciembre de 2023. Le venció el contrato de alquiler y la propiedad no se lo renovó. Ahora, explica que ya ha visto su piso anunciado por habitaciones en Idealista: “Tenía tres habitaciones y ahora han hecho cinco, después de cargarse el comedor”. El caso de Sandra no es único. Varias vecinas del mismo bloque se han unido de la mano del Sindicat de Llogateres para reclamar una negociación conjunta con la propiedad, dos hermanas, y renovar sus contratos de alquiler.

Sandra ha explicado su caso este jueves 21 de marzo en una rueda de prensa que ha contado con la presencia de varias de la veintena de vecinas afectadas y de representantes del Sindicat y del Grup d’Habitatge de Sants (GHAS), asociación que acompaña también a otro bloque, ubicado en el barrio de la Bordeta, en el que los inquilinos también se han unido con el fin de que la propiedad les renueve los alquileres. Aunque las casuísticas no son del todo iguales, ambas entidades por el derecho a la vivienda dicen que los dos bloques “sufren la codicia de grandes tenedores que nos quieren echar de casa para sacar más beneficios”.

Sandra, antigua vecina del número 14 del edificio Orient de L'Hospitalet de Llobregat.

Sandra, antigua vecina del número 14 del edificio Occident de L'Hospitalet de Llobregat. / Marc Asensio Clupes

Para las entidades, estos dos casos son síntoma de una problemática mayor. En un contexto de alquileres con precios disparados, sueldos estancados y una demanda creciente, Andrea, integrante del GHAS, afirma que la nueva ley de los alquileres y las limitaciones en zonas tensionadas se muestran "completamente insuficientes para detener este proceso de mercantilización de la vida".

"Es una vergüenza que grandes tenedores puedan echar a vecinos de toda la vida sin tener que dar ninguna justificación, una anomalía que no ocurre en la mayoría de países de nuestro entorno, donde vivir de alquiler no es sinónimo de angustia y de inseguridad constante", dicen ambas entidades en un comunicado conjunto. Además de "llegar tarde", insisten en que la regulación de alquileres, que lleva menos de una semana activa en Catalunya, está "llena de agujeros que permiten que la vivienda siga siendo un negocio para los especuladores y no un derecho".

De este modo, Dindicat y GHAS remarcan que los casos de estos dos bloques no son aislados y que hay "cientos" de fincas que han pasado y están pasando por "estos procesos especulativos que expulsan a los inquilinos de toda la vida por alojar población de rentas más altas y extraer más beneficio".

Alquileres de temporada

En el caso de Occident, 14, Sandra ha señalado que, hasta ahora y hace unos pocos meses, la mayoría de alquileres se encontraban entre los 700 y los 1.000 euros, dependiendo de la antigüedad y de los metros de la vivienda, pero que ahora, en los casos que ya se han pasado al alquiler de habitaciones, calculan que, con los pagos por las distintas estancias, se llega a pagar más de 3.000 euros al mes

“La finalidad de estas propietarias es clara: aumentar sus beneficios a través del alquiler temporal y por habitaciones, aprovechando que esta modalidad aún no está regulada”, dice el Sindicat de Llogateres. De hecho, no es difícil cruzarse con extranjeros que salen de Occident, 14. La mayoría dicen no hablar castellano o ser desconocedores de la lucha emprendida por las familias. Pese a ello, Victor Vandervelden, un joven belga que reside en la finca, explica que, efectivamente, tiene alquilada una habitación de unos 10 m² en uno de los pisos -que comparte con otras siete personas- y por la que paga 550 euros al mes. Victor desconocía la situación de sus vecinos y explica que llegó hace apenas dos meses para cursar una beca Erasmus en Barcelona.

Martí Gassiot, de Finques Gassiot, administradores de la finca, explica a preguntas de este diario que el deseo de la propiedad es, efectivamente, “recuperar la posesión de algunas entidades”, pero insiste en que este proceso “se hace de conformidad con la legislación vigente y en ningún caso por otras vías”. Así, dice que sí que se han interpuesto “varias demandas de desahucio por falta de pago”, pero que el burofax avisando de que finalizaba el contrato y se debía abandonar el piso se ha enviado solo a las familias a las que les iba a caducar el contrato y no a todo el bloque, donde aún hay inquilinos con alquileres de renta antigua.

En el piso de Sants desde los dos años

Los vecinos de la calle Jocs Florals, 69, a escasos metros del centro okupa Can Vies de Sants, también denuncian que la propiedad se niega a renovarles los alquileres. En este caso, no han detectado que se pasen los pisos que quedan vacíos al alquiler de temporada, sino que han encontrado las viviendas puestas a la venta en los portales inmobiliarios. Y, en algún caso, ofertadas incluso aún con algún inquilino dentro.

María Jesús Herrero y Josep Romeu explican a este diario que el piso en el que residen es el mismo en el que residieron los abuelos de María Jesús, sus padres y ella misma desde que tenía dos años. El contrato les venció hace “poco más de dos meses”. Así, recuerdan que en septiembre recibieron ya un burofax comunicándoles que no se les renovaría el contrato y que tenían que abandonar la vivienda. Por ahora siguen en ella y siguen pagando a la espera de una negociación de renovación que no llega.

María Jesús herrero y Josep Romeu, vecinos del número 69 de la calle Jocs Florals de Barcelona.

María Jesús herrero y Josep Romeu, vecinos del número 69 de la calle Jocs Florals de Barcelona. / Marc Asensio Clupes

Hace poco, afirman que la propiedad les ofreció hace unos meses comprar el piso, pero respondieron que no podían porque “no tenemos ‘cèntims’ para ello”. Tampoco otro alquiler es otra opción para la familia, quien explica que no dispone de suficiente dinero para afrontar los actuales precios del mercado. Además, inciden en que María Jesús está a la espera de una resolución de incapacidad que le permita solicitar un alquiler social.

Catalina Jofré, otra de las vecinas del bloque, ha dicho en la rueda de prensa que en el edificio hay 15 viviendas y que ocho familias “estamos organizadas”, ya “con contratos caducados”. Además de falta de mantenimiento de los espacios comunes, los vecinos y el GHAS aseveran que se han producido “engaños” o “extorsiones” y que, en algún caso, la propiedad ha llegado a contratar a la empresa Desokupa para “presionar e intimidar”. Este diario se ha puesto en contacto con la administración del bloque, Fincas Inmho, para conocer la versión de la propiedad, pero afirman que solo gestionan el inmueble desde “hace dos meses” y que “no tienen conocimiento” del caso.

Los elevados precios de los alquileres se han convertido en un dolor de cabeza para cada vez más familias de Barcelona y su área metropolitana. Expertos en materia de vivienda inciden en aplicar la regulación y limitación de los alquileres, una medida de la que los profesionales del sector inmobiliario recelan, ademá de reclamar una mayor seguridad jurídica para los propietarios. Así, expertos apuntan también a la falta de oferta en el mercado para satisfacer a toda la demanda actual y, sobre todo, a la falta de vivienda social, que en España supone solo alrededor del 2% del total del parque.