En el barrio de Sant Josep

Los tribunales decidirán si hay "irregularidades" en la gran edificación de Cosme Toda en L'Hospitalet

Los Comuns interponen dos recursos judiciales paralelos que piden la nulidad de la modificación urbanística que la avaló

CONTEXTO | Una última bala para (intentar) frenar la urbanización de Cosme Toda

Edificios de la promoción urbanística de Cosme Toda en L'Hospitalet.

Edificios de la promoción urbanística de Cosme Toda en L'Hospitalet. / Ricard Cugat

Àlex Rebollo

Àlex Rebollo

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Ocurrió en abril y junio de 2023, aunque no ha salido a la luz hasta ahora. Fue entonces cuando el grupo de En Comú Podem de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) llevó a los tribunales las supuestas “irregularidades” urbanísticas en las promociones que se están edificando en los terrenos de la antigua fábrica Cosme Toda, ubicada en el barrio de Sant Josep de la segunda ciudad de Catalunya.

En sus demandas —hay dos recursos paralelos y admitidos a trámite en marcha, uno de abril y otro de junio—, los Comuns reclaman que se estime un recurso de revisión de oficio de la modificación del Plan General Metropolitano (PGM) que en 2008 permitió que el suelo industrial en el entorno de la antigua fábrica pasara a ser residencial para construir cerca de 900 viviendas distribuidas en ocho bloques. Así como también piden la revisión de los actos derivados de esta modificación y la nulidad de la aprobación definitiva de la citada modificación al “incumplir las normas del PGM”, según la literalidad de uno de los recursos ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

Las demandas se apoyan en un informe pericial, encargado por el propio grupo y firmado por el perito Isidre Santacreu, que señala que esta modificación del PGM "incumple" el artículo 264 de las normas que regulan las horas de sol mínimas que debería recibir una vivienda en el momento más desfavorable del año (el mes de enero) para “una adecuada intimidad, iluminación y aislamiento”. Es decir, que “no cumple la obligación” de que todas las viviendas deben tener al menos una hora de sol al día.

Según el recurso de los Comuns y el citado informe pericial, la aplicación de la normativa en los terrenos de Cosme Toda podría suponer reducir la edificabilidad del ámbito en “un 34%”. De este modo, según el texto, la modificación adoptada por la Comisión Territorial de Urbanismo de Barcelona de la Generalitat en 2008 se basó en una información que “falsea” las sombras proyectadas por los edificios del ámbito de Cosme Toda.

Tal y como indica la demanda, esa información lleva a que “todos los actos derivados de la modificación están viciados de nulidad", por lo cual considera que las obras se “deberían paralizar inmediatamente”. Unas medidas cautelares que han solicitado y, como los propios Comuns explican, han sido rechazadas en los juzgados, aunque el grupo político ha recurrido la negativa. Consultados por este diario, tanto Generalitat como Ayuntamiento han declinado hacer declaraciones a este diario al estar el caso judicializado.

Edificios ya construidos del complejo urbanístico de Cosme Toda en L'Hospitalet.

Edificios ya construidos del complejo urbanístico de Cosme Toda en L'Hospitalet. / Ricard Cugat

Evitar "electoralismo"

De hecho, la mayoría de los macrobloques que componen el proyecto urbanístico ya se encuentran en avanzado estado de construcción o incluso ya se han comercializado. Preguntados por qué, pese a que las demandas se interpusieron hace meses, no se habían hecho públicas hasta ahora, desde el grupo de En Comú Podem explican que no quisieron “hacer electoralismo con un tema tan importante para el barrio de Sant Josep en la campaña de las municipales”. 

“Esperamos a agotar todas las vías administrativas y ahora confiamos en el proceso judicial para esclarecer las sombras de este proyecto”, añade la sección local de los morados. Una vez tuvieron el informe pericial que apunta a un “falseamiento” en las sombras, los Comuns presentaron un recurso de revisión de oficio por la vía administrativa, pero explican que el Ayuntamiento de L'Hospitalet se declaró “incompetente” respecto a la aprobación del PGM, dado que el voto definitivo dependía de la Generalitat.

Así, se remitieron las actuaciones al Departament de Territori de la Generalitat, administración que se declaró competente pero que “inadmitió a trámite el recurso de revisión de oficio”. Pese a ello, fuentes municipales de L'Hospitalet sí remarcan que el plan urbanístico de Cosme Toda se aprobó en el año 2008 “con el voto a favor del grupo de ICV-EUiA” —formación predecesora de En Comú Podem— y que el planeamiento “fue aprobado definitivamente por la Generalitat”. A su vez, defienden que las licencias otorgadas, con base en las que se están ejecutando las obras, “se ajustan al planeamiento aprobado en 2008, lo que hace que sean legales”.

Procesos judiciales

Aunque recientemente el grupo En Comú Podem en L’Hospitalet ha ayudado con su abstención a que el Gobierno municipal del PSC, en minoría, sacara adelante las ordenanzas fiscales y el presupuesto municipal de 2024, no es el primer tema que los Comuns han elevado a los tribunales en los últimos mandatos, como fue el caso del anterior PDU de la Granvia-Llobregat, que el TSJC declaró nulo de pleno derecho. Además, también siguen personados como acusación particular en el caso de supuestas irregularidades del Consell Esportiu de L’Hospitalet, en el que se investiga a dos exconcejales socialistas.

La causa de las supuestas irregularidades en Cosme Toda actualmente se encuentra en dos juzgados diferentes. Por una parte, se ha sustanciado una demanda en el TSJC para que se revise la aprobación definitiva del PGM llevada a cabo por la Comissió d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya. Por otra, el juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 16 de Barcelona recoge la parte que compete a las aprobaciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat y a los actos derivados de la modificación del Plan General Metropolitano.

Así, el abogado de la sección local de los Comuns, Bautista Sotelo, el mismo que lideró el recurso contencioso-administrativo presentado en 2017 contra el PDU Granvia, explica que, desde el primer momento, han solicitado una acumulación de las dos causas en un único juzgado. Algo que, por ahora, no ha ocurrido.

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