En Madrid, ahora le toca al agua privatizarse

Los cínicos dicen que los pueblos tienen el gobierno que se merecen y, en democracia, también la oposición. Entonces los madrileños mereceríamos a los desacomplejados neoliberales que nos gobiernan y observan nuestras vidas y haciendas como recursos acumulables para el enriquecimiento propio, y a los tímidos socialdemócratas que se les oponen en la Asamblea Regional de Entrevías.

La política en Madrid ha sido, durante los cuatro últimos lustros, una carrera de codiciosos por saber cuál es el próximo servicio público que se privatizará, y ocupar una posición de ventaja para apropiárselo por un módico precio. Primero fue la enseñanza, luego la sanidad, la seguridad, los servicios sociales, el ahorro, la vivienda... y ahora toca el Canal de YII, el agua de los madrileños. De esos intereses comunes proceden todas las guerras internas, pero también el bloque electoral compacto que presenta desde hace tanto tiempo la derecha política madrileña.

Entre tanto, la oposición, al verlas venir, en un alarde de modernidad, la izquierda asume la necesidad ineludible de armonizar los servicios públicos y los intereses privados (véase la operación Madrid Nuevo Norte); allá donde sea posible la competencia ha de permitirse, para garantizar la libre elección, ¡del que pueda pagarlo! A cambio, el servicio público asistirá con mínimos vitales a los que no puedan adquirir bienestar suficiente en el mercado, y basta. 

La cohesión social que proporciona un servicio público de calidad y de acceso universal es demasiado costosa, exige recaudar impuestos -se opone a la competitividad de nuestras empresas y a la iniciativa individual de los ciudadanos-, nos empobrece; no es socialista.

Cerrado el círculo, se cubre todo con la manta de acuerdos para la estabilidad de las instituciones, y hasta el próximo proceso electoral en el que nos devuelven la oportunidad para no cambiar nada.