"El tercer grado a Troitiño es una lección del Estado de derecho al terrorismo de ETA"

En los Estados de derecho o aquellos en los que se asienta la democracia, impera la ley en detrimento del rencor y de la venganza. Y son los jueces quienes, de manera independiente de los poderes legislativo y ejecutivo, tienen el deber de aplicarla.

A veces, no obstante, nos cuesta entender a los ciudadanos algunas de las decisiones tomadas por el poder judicial, siendo este el caso de la liberación del etarra Antonio Troitiño por parte de la Audiencia Nacional.

En efecto, el juez de Vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional José Luis Castro ha concedido el tercer grado a Troitiño, que afrontaba una condena de más de 2.700 años (cuatro cifras) por haber asesinado a 22 personas, incluyendo el atentado de la plaza de la República Dominicana en Madrid en el año 1986, lugar donde murieron 12 guardias civiles y quedó herida más de una cincuentena. Troitiño no se arrepintió entonces y tampoco posteriormente, siendo uno de los miembros de ETA más sanguinarios.

¿Ha obrado bien el juez José Luis Castro? Pues sí, claramente sí, al cumplir con su deber de aplicar el artículo 104.4 del reglamento penitenciario. Acorde al mismo, cualquier recluso, con independencia de su maldad contrastada, tiene derecho a quedar en libertad si acredita una enfermedad incurable con necesidad de atención paliativa, que es justamente el caso de Troitiño. El citado artículo se basa en razones humanitarias y de dignidad personal, y en la ausencia de capacidad para ejercer el mal.

Aun sabiendo que no existiría bilateralidad, una grandeza del Estado de derecho es precisamente la de mostrar humanidad hacia quien nunca la ha tenido. Al no arrepentirse jamás, sí me parece legítimo que alguien pudiera preguntarse qué volvería a hacer Troitiño. No importa, el Estado derecho no puede entrar en esos detalles. En cualquier caso, una lección de la democracia para el terrorismo de la extinguida ETA.