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Cesar al Fiscal General del Estado, una decisión política inteligente
La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela.
Jesús Pichel
Cuando Rajoy sorprendió a todos la noche del 27-O anunciando que había disuelto el Parlament y convocaría elecciones autonómicas para el 21-D, lo que en la práctica significaba limitar a 55 días la aplicación del 155CE, se produjo una sensación de alivio generalizada: por fin una medida que podía calmar los ánimos demasiado encendidos de todos y dar un tiempo de tregua en el enfrentamiento institucional trasladándolo a la disputa ideológica y partidista convencional de cualquier proceso electoral.
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Pero lamentablemente el alivio ha durado poco. Tras el tiempo muerto del fin de semana de nuevo todo se precipitó: querellas del Fiscal General del Estado; comunicado del cesado President -y cuatro de sus ya ex-consellers- en Bélgica; Junqueras y siete consellers en prisión; rauxa, manifestaciones, caceroladas, aviso de huelga general en Catalunya... Otra vez los tribunales por delante de la política. Otra vez la zozobra, la incertidumbre, el miedo a que todo se descomponga y termine en tragedia.
Convocar las elecciones fue una decisión política inteligente y valiente, un acierto con efectos positivos inmediatos -como inmediatos fueron los efectos negativos de las cargas policiales- si el objetivo es realmente el de volver a la normalidad institucional y la solución del conflicto.
Que la jueza, a propuesta del Fiscal General del Estado (FGE), haya mandado a prisión a ocho miembros del Govern podrá ser jurídicamente correcto, pero desde luego no solo no soluciona el problema, sino que probablemente lo agrava. La independencia judicial exige que el Gobierno no intervenga y que la jueza se abstraiga de la situación política, es cierto. Tan cierto como que el FGE es nombrado a propuesta del Gobierno de turno, que no puede darle instrucciones, aunque sí solicitar su actuación en alguna causa.
Cesar al actual FGE y nombrar a quien pueda reconducir la situación judicial de los encarcelados -y de las graves acusaciones- también sería una decisión política inteligente y valiente del Gobierno.
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