El Eixample, forzado a incorporar 191 pisos turísticos por sentencias adversas

La nueva normativa catalana de apartamentos turísticos le va como anillo al dedo al Ayuntamiento de Barcelona para iniciar una reducción de licencias. Podrá así contrarrestar que en los últimos meses se ha visto forzado a dar de alta 615 alojamientos de este tipo por orden judicial. El ‘agujero’ que generó la suspensión en 2019 del PEUAT –el plan que restringe nuevos pisos y hoteles– está siendo un colador. De forma muy acentuada en el distrito del Eixample, que concentra un tercio de las incorporaciones.

Un informe solicitado por Junts en el distrito, entregado este diciembre por la administración que encabeza Jaume Collboni, desgrana el impacto de la grieta del PEUAT en el centro de la ciudad. Hasta 429 apartamentos han acudido a tribunales mediante recursos contencioso administrativos y 191 ya tienen sentencia firme. El 100% son favorables al afectado. O dicho de otra forma, el consistorio ha perdido todos los casos del Eixample hasta ahora resueltos.

La mayoría, 179, ya están dados de alta en el censo de apartamentos turísticos y quedan 12 pendientes del mismo trámite. Un grueso importante son los 120 pisos forzados en un mismo bloque de la calle Tarragona, como reveló EL PERIÓDICO en abril. Quedarían aún por sentenciar –a fecha 18 de octubre, que es cuando se sacaron los datos del servicio municipal de Licencias– un total de 238 pisos más con contencioso en marcha, que a la vista de las derrotas municipales acumuladas tienen muchas posibilidades de recibir también luz verde.

No resulta sorprendente, puesto que la abundancia de transportes y de viviendas amplias hace especialmente atractivo este territorio para alojar turistas. Pero también es una de las zonas de Barcelona más tensionadas de precio para que los residentes encuentren un hogar asumible. El goteo de sentencias seguirá su curso, sin calendario, puesto que los contenciosos son todos dispares. Se han presentado en múltiples juzgados y a veces agrupan varios inmuebles de un mismo propietario, así que las sentencias llegan de una en una al consistorio y éste a su vez tendrá que validar a granel los nuevos alojamientos. 

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