Los partidos se activan para evitar el bloqueo: estos son los equipos negociadores que deben resolver la investidura

Cuando el recuento de las urnas empezó a avanzar, en la sede del PSC solo había espacio para la euforia. Los de Salvador Illa cumplieron los dos principales objetivos que se habían marcado para el 12M: ganar y superar la barrera de los 40 escaños, sumando incluso dos más a la meta. Pero el lunes ya cogieron las calculadoras. Los socialistas saben que la composición del nuevo hemiciclo del Parlament es un rompecabezas y, sobre todo, que hay varias piezas que no controlan. Concretamente, las que corresponden a ERC, en plena crisis interna por el batacazo electoral. De momento, hay tiempo, pero al PSC le interesa marcar agenda y liderar la contrarreloj de los pactos poselectorales.

Por este motivo, el lunes ya pusieron a trabajar el equipo que debe asegurarse de despejar todos los obstáculos para que Illa alcance el Palau de la Generalitat. La capitana es Lluïsa Moret, número dos de los socialistas catalanes, que ya ha comandado toda la carrera electoral como jefa de campaña. También en su currículum aparece la medalla de haber urdido un gobierno con ERC, los Comuns y los díscolos de Junts en la Diputación de Barcelona, donde ejerce de presidenta. Le acompaña una alineación formada por los secretarios de organización y política municipal del partido, José Luis Jimeno y Joaquín Fernández; la número dos de la candidatura, Alícia Romero; el diputado Ferran Pedret y el secretario de programas, Javier Villamayor.

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Un tripartito de izquierdas

Su objetivo es reunirse a partir de la semana que viene con todos los partidos, a excepción de Vox y Aliança Catalana, y explorar cada una de las opciones que hay sobre la mesa. A priori, la suma que tiene más posibilidades de prosperar es lo que se conocería como un tripartito de izquierdas, un pacto con ERC y Comuns, que podría implicar su entrada al Govern o solo su apoyo parlamentario. Por ahora, la que pesa es la segunda opción. La suma de las tres formaciones llega a los 68 parlamentarios, el umbral que marca la mayoría absoluta.

Es una opción que abrazan los de Jéssica Albiach, a pesar de que fue la discrepancia por el complejo turístico del Hard Rock, que los socialistas defienden a capa y espada, el detonante de las elecciones. Los Comuns han puesto toda la plana mayor en la comisión negociadora. Estará el alcalde de El Prat de Llobregat y número dos de la candidatura, Lluís Mijoler, también los diputados electos David Cid y Eloi Badia, así como la coordinadora del partido Candela López y la concejal en Barcelona, Gemma Tarafa. Fuentes de esta comisión confirman que el PSC ya les ha llamado y que se verán la semana que viene.

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La crisis de ERC

Pero el tercer actor imprescindible en esta ecuación es ERC. En plena guerra interna por el control y la estrategia del partido, los republicanos mantienen que el batacazo del domingo -pasaron de 33 a 20 escaños- les obliga a estar en la oposición la próxima legislatura. Con este argumento, hasta el momento se ha inhibido del debate, pero finalmente trasladarán la responsabilidad de decidir sobre la investidura de Illa a las bases.

Así lo ha decidido la ejecutiva este mismo viernes, reunión que también ha servido parar anunciar públicamente que su comisión negociadora estará comandada por la secretaria general, Marta Rovira. Se desconoce aún quienes la acompañaran, pero algunas fuentes señalan al secretario de organización, Pau Morales. Si la militancia rechaza investir al candidato socialista, el escenario de bloqueo y la repetición electoral amenaza con ser una realidad.

El pulso de Puigdemont

Pero los socialistas también han marcado el número de Junts. Aunque, de momento, no hay ninguna fecha en el horizonte y tampoco es esta la prioridad del partido liderado por Carles Puigdemont, que persiste en el intento de su propia investidura. Para volver a la Generalitat, el expresident necesita el apoyo de ERC y la abstención del PSC, que ya ha cerrado la puerta de forma tajante. "Puigdemont tiene que asumir la realidad, todos los caminos conducen a Illa", explicitó este viernes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien el líder de Junts interpela personalmente, amenazando con retirarle el apoyo de sus siete diputados en el Congreso y, consecuentemente, dinamitando la legislatura.

Era la estrategia que los posconvergentes tenían en la cabeza desde el principio, ante la posibilidad de que no hubiera mayoría independentista por la mínima. Sin embargo, su candidatura quedó demasiado lejos del PSC, a siete escaños, como para que tenga opciones reales.

Pero el expresident, acostumbrado a las carambolas, no piensa tirar la toalla y se implicará directamente, junto con el secretario general, Jordi Turull, en los contactos con el resto de partidos. Un tándem que ya funcionó en la negociación de la investidura de Sánchez. Mantener viva la llama de la investidura de Puigdemont, que se comprometió con dejar la primera línea política si no era president, aplaza el debate sucesorio en Junts y le deja en mejor posición ante un eventual escenario de repetición electoral.

El papel del PP

En el PP tienen claro el precio a pagar por un eventual acuerdo de investidura a Illa: que Sánchez rompa todos sus lazos con el independentismo en el Congreso, para asegurar, dicen los populares, "acabar con el 'procés'". Esta es la propuesta que mantiene el candidato, Alejandro Fernández, quien ya ha considerado en varias ocasiones que este escenario es "improbable".

De momento, fuentes del PP catalán aseguran que la mesa negociadora no se ha configurado todavía y se resisten a dar nombres de posibles miembros. La inminente campaña de las elecciones europeas dificulta cualquier acercamiento público entre PSC y PP. Aunque los primeros sí han considerado que abrirán conversaciones para acordar un posible sitio en la Mesa del Parlament al partido de Fernández, pero descartan contar con ellos para formar Govern.

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El calendario

Justamente, la primera incógnita que deberá despejarse es la composición de la Mesa del Parlament, y especialmente la presidencia de la institución, una de las piezas más cotizadas de la negociación. La fecha límite para la constitución de la Cámara es el 10 de junio, justo el día después de las elecciones europeas. El pacto al que se llegue puede no ser determinante, pero si marcará la tendencia posterior. Para la Generalitat habrá tiempo hasta el 25 de agosto, con una primera investidura que activará el reloj después de la festividad de Sant Joan.

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