La sanidad privada gana peso en Catalunya ante un sistema de salud que necesita 2.500 millones de euros más

Hace justo 18 años, el gasto de las familias y determinadas instituciones en sanidad privada rondaba los 3.600 millones de euros en Catalunya. En 2022, último año del que se disponen datos, este volumen supera los 6.000 millones. Casi el doble. Al mismo tiempo, el gasto en salud pública (lo que invierten la Generalitat, las corporaciones, las mutuas públicas, la Seguridad Social y el Estado) apenas ha crecido un 30% en este mismo periodo. Y de no ser por el covid, que supuso un importante avance en esta evolución, todo apunta a que estaríamos a un ritmo de crecimiento menor al 10%.

“El gasto público sanitario es mayoritario en el total del gasto sanitario durante todo el periodo de análisis –constata el Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC)–, pero el gasto privado ha ganado presencia pasando del 25,3% en 2009 a un máximo del 31,8% en 2014 para terminar alcanzando una cuota del 29% en 2021”.

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Este organismo público puesto en marcha como órgano consultivo y de asesoramiento al Govern en materias socioeconómicas, laborales y ocupacionales, y del que forman parte sindicatos, patronales y sector social, ha presentado este miércoles un informe que se propone tanto radiografiar el sector y poner en valor su potencial económico, como plantear una serie de elementos para garantizar su sostenibilidad y su crecimiento a futuro.

De la primera misión concluyen que el sector salud, entendido como un mercado que aglutina desde servicios sanitarios hasta farmacia, comercio mayorista y minorista, seguros y desarrollo de equipos médicos, entre muchos otros, aporta 20.300 millones de euros de valor añadido bruto (VAB) a la economía catalana. Esto es un 9% del PIB de la comunidad que lo sitúa en tercera posición, según estos cálculos, por detrás del comercio y de las actividades inmobiliarias. Es también la industria que cierra el podio en cuanto a trabajadores, con 370.000 profesionales que suponen casi el 11% de la población ocupada de Catalunya. En este caso ganan comercio y turismo.

“Estamos delante de un sector potente, de un sector que genera mucho valor añadido, capaz de producir y aprovechar la i+D y la innovación y un sector que tiene un impacto cuya mayor parte se queda dentro del territorio, por lo que tiene una capacidad de crecimiento endógeno muy importante”, ha sintetizado el consejero del CTESC por parte de Foment del Treball y ponente del informe, Salvador Guillermo Viñeta, antes de lanzar varias alertas.

Menos inversión pública en i+D

Una, que pese a que la evolución general de la inversión en I+D+i es positiva, la aportación económica de la Generalitat ha ido perdiendo peso a lo largo de los años (ahora no llega ni al 25% del total). Dos, que el gasto público en general en salud va perdiendo también peso a costa de la inversión de las familias en clínicas privadas o en planes de seguros. Tres, que comparar este gasto público con la dimensión de la economía deja proporciones bastante menores a las de España y la Unión Europea, donde (con datos previos a la pandemia, que se entiende que distorsionó el tablero de juego) se invierte un 9,2% y un 8,6% del PIB, de media, respectivamente. Lejos, en definitiva, del 7,8% que marca Catalunya.

En este sentido, el CTESC calcula que Catalunya tendría que destinar 2.000 millones de euros más de recursos en sanidad para equilibrar esta situación. Sin ir más lejos, los datos de 2022 reflejan que la Generalitat presupuestó 10.300 millones de euros para Sanidad y que el sistema de salud acabó gastando 12.887 millones de euros, lo que se traduce, efectivamente, en que necesitó 2.500 millones de euros más de los que dispuso.

Líneas maestras de actuación

Y de ahí la importancia de la segunda misión de este informe, la de las recomendaciones. Este organismo económico detecta amenazas como las dificultades para garantizar el relevo generacional y fidelizar a los profesionales, la insuficiencia de recursos económicos y humanos, que el proceso de digitalización y tecnificación no se plantee adecuadamente y deje mucha gente fuera del sistema o el aumento de los problemas de salud mental, entre otros.

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La lista de posibles medidas es larga, pero Guillermo Viñeta ha enumerado las líneas maestras: crear una agencia de evaluación independiente, fomentar la financiación en función del valor y de los resultados, aprovechar los fondos europeos Next Generation y reforzar los roles de determinados profesionales. El caso más evidente es el de la enfermería. “Les tenemos que dar un papel mucho más importante en los elementos de cuidado y en el sistema”, ha afirmado este ponente, sugiriendo, por ejemplo, que ganen más capacidad prescriptiva.

“Los partidos políticos tendrán que tener la virtud de consensuar un modelo, una forma de hacer, de entendernos y de lograr que guste a todo el mundo y que pueda evitar los saltos constantes de dirección en la salud pública”, ha reclamado el director del CatSalut, Ramon Canal. Este representante público ha denunciado los constantes cambios de dirección y que estos no mantengan la misma línea que sus predecesores, así como que las legislaturas políticas ya ni siquiera lleguen a los cuatro años de gobierno.

“Yo ya empiezo a notar este bamboleo –ha confesado–. Sería bueno que todos los partidos políticos, a través del Pacto Nacional de Salud o del pacto que prefieran, lleguen a consensos para que la sanidad esté bien blindada”, ha añadido, quien también ha admitido que hay que trabajar en que los profesionales más jóvenes entiendan que esto es un trabajo de 24 horas 7 días de la semana y que la falta de estos 2.000 millones de euros (“Reivindicación que aplaudo con las dos manos”, ha asegurado) no sean excusa para ofrecer un servicio de peor calidad.