Pesimismo en la construcción por el tímido apoyo a las infraestructuras públicas

Las perspectivas del sector de la construcción siguen dominadas por la prudencia y huérfanas de excesivos optimismos. El consumo de cemento en Catalunya cerró el pasado año con un descenso del 9%, tras una recta final del ejercicio "especialmente mala" en cuanto a resultados, caída de la producción y de las exportaciones. La industria catalana del cemento sufre en los últimos meses lo que reconocen como "una notable contracción" agudizada en diciembre. En el último mes del año, el consumo retrocedió un 22,6% y se quedó en 141.000 toneladas, una cifra tan baja que sólo fue peor en el mes de abril de 2020, cuando el Gobierno decretó el paro de las actividades empresariales y el confinamiento de la población a causa del estallido de la pandemia del covid. Mismo balance casi catastrófico sufrieron las exportaciones, con un retroceso de casi el 50%, según informa la patronal Ciment Català, con una reducción del 32,5% de la producción en el mes.

Las previsiones del sector cementero de cara a 2024 siguen siendo algo agoreras por la falta de proyectos de grandes infraestructuras. En el sector perciben que la política económica está más centrada en el apoyo de medidas sociales que en el incremento de inversiones en infraestructuras. El hecho de que los tipos de interés vayan a mantenerse altos al menos hasta verano no ayudará a estimular la construcción de viviendas. "El consumo de cemento continuará, pues, en niveles bajos", consideran en Ciment Català.

El encadenamiento de nueve meses consecutivos (de abril a diciembre) de caídas en el consumo de cemento en Catalunya ha supuesto un cierre de año con un descenso del 9% de la producción, hasta un total de 2,13 millones de toneladas. Las exportaciones (-8,5% y 1,7 millones de toneladas) y la producción (-5,1% y 3,19 millones de toneladas) confirman la importante bajada en la actividad del sector después de dos ejercicios de remontada pospandémica.

El presidente de la patronal Ciment Català, Salvador Fernández Capo, explica la situación "extremadamente compleja", que en su opinión hay que atribuirla, sobre todo, a "la falta de inversiones en infraestructuras por parte de las administraciones públicas, que son básicas para el mantenimiento de la calidad de vida, la sostenibilidad de la sociedad y el medio". En su opinión, "los ciudadanos están pagando un precio muy alto por esta falta de construcción y mantenimiento de los equipamientos públicos, que es patente desde hace ya unos años" y cita como ejemplos los problemas que se viven "en la movilidad, con las congestiones viarias y las incidencias ferroviarias, en la oferta de vivienda social o en los contratiempos de abastecimiento de agua a causa de la sequía, que se habrían podido evitar, al menos parcialmente, con infraestructuras previstas hace tiempo y no hechas".