Una oenegé de Nou Barris, al borde del cierre por una deuda con el Ayuntamiento de Barcelona

La asociación 9 Barris Acull, dedicada a velar por los derechos de los inmigrantes y defender la convivencia en el distrito, ha anunciado que se halla al borde de desaparecer después de que el Ayuntamiento de Barcelona le reclame más de 20.000 euros. La oenegé informa a través de un comunicado de que el consistorio le exige que devuelva 22.401,59 euros de un convenio por el que recibe ayudas municipales.

La entidad explica que el Ayuntamiento alega que 9 Barris Acull no informó de una disminución de los ingresos procedentes de otras fuentes de financiación. En consecuencia, le insta a retornar parte de la subvención municipal. En cambio, la asociación replica que sí avisó al consistorio en una reunión de seguimiento que mantuvieron en octubre pasado. En ese sentido, 9 Barris Acull juzga "injusta" la medida por la que se le exige que reingrese parte de los fondos que la sostienen y ha alegado en contra.

"Necesitamos que nos condenen la deuda para poder funcionar", señala Lourdes Ponce, miembro de la oenegé. Añade que el retraso en formalizarse el convenio en 2023 les obligó a pedir préstamos a otras asociaciones de Nou Barris para poder afrontar pagos básicos, como las nóminas.

La entidad reclama que el convenio para 2024 sufrague el 65% del coste de su proyecto y del personal. También pide una "propuesta factible para la sostenibilidad del proyecto", con un "porcentaje muy superior al límite del 50% del coste del proyecto y del 50% del coste de personal, teniendo en cuenta que el voluntariado cubre el 44% de las horas trabajadas al año".

De no aceptarse las peticiones de la asociación ni anularse la orden municipal, 9 Barris Acull presentará concurso de acreedores e iniciará el proceso de liquidación. Ponce explica que, a la espera de que se respondan las alegaciones, responsables municipales les advierten que no se prevé que se absuelva a la entidad del débito.

9 Barris Acull atiende a unas 3.300 personas por año, de las que unas 1.400 reciben acompañamiento jurídico. Ponce comenta que, por ahora, el Ayuntamiento no ha aclarado quién asumiría las labores que presta en caso de que la oenegé se disuelva.