El Govern prepara retoques en el impuesto a los grandes barcos consensuados con el Puerto

El gobierno catalán prepara algunos retoques en el impuesto catalán a las emisiones de los grandes barcos para adaptarlo mejor a la realidad del sector portuario tras el diálogo mantenido en los últimos meses con el sector y con actores clave como el Puerto de Barcelona, que avala estos cambios.

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Así lo ha explicado a EFE el presidente del Puerto de Barcelona, Lluís Salvadó, que considera "se ha caminado mucho" para mejorar este nuevo impuesto catalán, mientras que fuentes del departamento de Economía de la Generalitat no han detallado qué cambios se han introducido, pero han asegurado a EFE que el impuesto ha generado muchas y muy profundas sugerencias que lo han acabado "mejorando y adecuando a la realidad portuaria".

Por ello, el Govern está "acabando de cerrar" junto al departamento de Acción Climática los aspectos técnicos del impuesto con el fin de aprobarlo tras el verano, añaden.

Salvadó tampoco ha desvelado las modificaciones que se están introduciendo, pero ha apuntado que este impuesto ha pasado de tener un enfoque inicial de tipo "fiscal" a uno "extrafiscal", en el sentido de que el impuesto sirva como "herramienta de acompañamiento al sector" para ayudarlo en la reducción de sus emisiones contaminantes y para anticiparse en este proceso de descarbonización.

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Avances frente a la amenaza inicial

Salvadó, que en febrero alertó de que este impuesto podía provocar la deslocalización de cruceros, portacontenedores u otros grandes barcos para ir a otros puertos donde no tuvieran que pagar, considera ahora, tras las últimas versiones de esta nueva normativa, que el Govern ha mejorado su propuesta.

"Frente a aquella amenaza de la que alertábamos a principios de año, en estos momentos estamos en otro escenario", ha asegurado Salvadó, que ha reconocido el trabajo de la secretaría de Hacienda de la Generalitat.

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A su juicio, esta secretaría "ha aprovechado el período de exposición pública para transformar la propuesta inicial" en otra que incorpora tanto la visión de negocio del Puerto como su compromiso medioambiental. "Se ha avanzado y se ha caminado mucho y estamos en un escenario muy diferente", ha comentado Salvadó, que ha dicho que no dispone aún de la última versión del impuesto en la que trabaja el Govern.

Cruceros y portacontenedores

En la versión conocida hasta ahora, el anteproyecto de ley consideraba gran barco a aquella embarcación con una capacidad superior a 5.000 toneladas y establecía un gravamen de 1 euro/Kg/NOx/PM, es decir, de 1.000 euros por tonelada de emisión, que se incrementaría año a año hasta llegar a los 3,5 euros en 2026, el cuarto año de aplicación.

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En una comparecencia ante el Parlamento catalán, Salvadó, exdiputado de ERC y exsecretario de Hacienda, avisó de que este gravamen podía "romper el equilibrio del mercado" en el caso de que se incrementara hasta los 3,5 euros por kg, y defendió un impuesto "razonable". "A ninguna actividad económica le gusta que le pongan un impuesto, (...) pero con el trabajo hecho durante este medio año se está transformando en una herramienta que nos puede ayudar", ha señalado ahora Salvadó.

Ha resaltado el compromiso del Puerto con el medio ambiente, demostrado con inversiones como el plan de electrificación del puerto, y con apuestas como dar servicio a barcos que funcionan con gas natural licuado, que generan un 80 % menos de emisiones de NOx, o con decisiones como trasladar el flujo de cruceristas desde las terminales más próximas a la ciudad hasta 3 kilómetros más adentro, en el Muelle Adosado.

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Con todo, Salvadó ha asegurado que el puerto es responsable del 6,7 % de la emisiones de este tipo (de óxidos de nitrógeno) en Barcelona, por lo que al tener cerca a una población de 3,3 millones de habitantes debe "asumir un compromiso medioambiental con la ciudadanía del entorno".

"El Puerto de Barcelona quiere ser referente y líder en ámbitos como el ambiental o el de innovación", ha dicho Salvadó.

Tras el verano

El nuevo impuesto a las emisiones portuarias de grandes barcos es un compromiso del Govern, que pactó este tributo con En Comú Podem a mediados de diciembre, en el marco del acuerdo para sacar adelante los presupuestos de 2023.

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Aunque el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, anunció el pasado 28 de junio que el impuesto se aprobaría en julio, finalmente el Govern no ha llegado a tiempo y fuentes del departamento de Economía de la Generalitat han precisado que está previsto que el Govern lo apruebe después de las vacaciones de verano.

Estas fuentes han recordado que el objetivo del impuesto -que en un principio preveía recaudar entre 9,7 millones, el primer año de puesta en marcha, y 34 millones de euros, el cuarto año en vigor- es gravar emisiones, pero que no ha tenido nunca una finalidad recaudatoria, sino de ayudar a modificar comportamientos contaminantes.

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La ley catalana de cambio climático aprobada en 2017 preveía que el impuesto entrara en vigor en 2019, por lo que lleva pendiente desde entonces. Formó parte del acuerdo presupuestario de 2022, que se incumplió en este punto, y también del acuerdo de presupuestos de 2023, pero también se incumplió el plazo pactado, ya que debería haber iniciado su andadura parlamentaria entre enero y febrero de 2023.

Una vez se tramite, el gobierno catalán deberá lograr en el Parlament el consenso suficiente por parte de los grupos para que salga adelante, ya que ERC gobierna en minoría parlamentaria y una eventual suma con los comunes tampoco resultaría en una mayoría.