El Govern quiere regular los contratos de alquiler de temporada para que no se "burle" la ley

El Govern quiere impulsar una ley que regule los contratos de alquiler de temporada en fincas urbanas para evitar su uso "fraudulento" y que se "burle" la recién aprobada ley de vivienda, la nueva norma que limita las subidas de las rentas y que Catalunya quiere aplicar cuanto antes. Este ha sido el anuncio de la nueva 'consellera' de Territori, Ester Capella, que ha comparecido en el Parlament para exponer las principales líneas de actuación de su departamento.

Capella, que ha evitado los temas más controvertidos de su área como la ampliación del aeropuerto de El Prat o el proyecto de Hard Rock en Tarragona, ha centrado su intervención en la vivienda para advertir que el ejecutivo catalán debe "luchar para sacar la vivienda de la lógica del mercado", porque "la vivienda es un derecho fundamental que debe ser garantizado".

Sin detalles de las normas

"El objetivo es hacer uso de todas las herramientas a nuestro alcance, aprovechar todas las oportunidades para garantizar el uso residencial de la vivienda en aquellos municipios en los que de forma objetiva el uso turístico produce tensiones de precios y no garantiza una dotación suficiente de vivienda de alquiler", ha advertido. La 'consellera' no ha dado detalles sobre estas dos futuras normas -la de los alquileres temporales y la de los pisos turísticos-, más allá de anunciar su intención de impulsarlas.

Las políticas de vivienda del Govern se dividen en cuatro ejes, ha explicado Capella: evitar la emergencia habitacional, ampliar el parque público de vivienda, garantizar viviendas dignas y que estas escapen de la lógica del mercado. El "objetivo claro" es que no se produzca ni un solo desahucio en Catalunya. Para lograrlo ha pedido consenso político, pues en el actual contexto se producen "aumentos de los precios de las hipotecas inasumibles" (300 euros mensuales de media) y los alquileres han subido mucho más (35% desde 2015) que los sueldos (13%).

Impulso a la rehabilitación

En cuanto al parque público de vivienda, ha criticado "el dogma de que la vivienda no era un derecho sino un bien de mercado", lo que ha marcado las políticas de las últimas décadas y que ha conllevado a que dos terceras partes de la vivienda construida por el Incasòl haya acabado en el mercado privado.

Ha recordado que el Govern se ha comprometido a incorporar 10.000 viviendas para el alquiler social hasta 2026 y ha pedido al Ejecutivo central que "si tiene como prioridad garantizar el derecho a la vivienda" ceda todos los pisos de la Sareb -conocido como 'banco malo'- en Catalunya a la Generalitat.

En cuanto a garantizar una vivienda digna, ha apuntado que casi el 40% de las viviendas catalanas se construyeron hace más de medio siglo y ha citado como principal herramienta para su puesta al día los 480 millones de fondos europeos para la rehabilitación energética.