El Govern impulsa este año 10.000 nuevos pisos de alquiler social
Lo hará tanto a través de la promoción directa de vivienda como de nuevas fórmulas como la cesión de suelo público para que agentes sociales, cooperativas y promotores construyan viviendas protegidas o la compra de pisos ya edificados
La Generalitat impulsa este 2023 la incorporación de 10.000 nuevas viviendas en el parque de alquiler social. Esta cifra supondrá un crecimiento del 18% respecto al parque actual, cifrado en 55.000.
Las promociones de pisos de alquiler asequibles se ubicarán en las zonas más densamente pobladas o con mayor dificultad de acceso a la vivienda. La voluntad del Govern es avanzar para alcanzar los niveles alquiler social equivalentes a la media europea. Para el 'president' de la Generalitat, Pere Aragonès i Garcia, “el acceso a la vivienda no es un lujo, es un derecho básico” y esencial para una sociedad cohesionada. “Con el impulso de estos 10.000 nuevos pisos damos un importante salto adelante”, añade Aragonès, al tiempo que subraya “el cambio de paradigma” que el Gobierno está llevando a cabo en las políticas públicas de vivienda.
De estos 10.000 nuevos pisos de alquiler social, más de una tercera parte, concretamente 3.655, serán propiedad de la Generalitat. Y se obtendrán a través de dos vías. Por un lado, la promoción directa que realiza el Incasòl. Y por otro, la compra directa de viviendas ya construidas; bien a través del ejercicio del derecho de tanteo y retracto; o bien a través de la adquisición de promociones ya terminadas y vacías u ocupadas, mayoritariamente en manos de entidades financieras.
Cesión de suelo público y ayudas a cooperativas, agentes sociales y promotores
Aparte del parque público, el Govern también quiere dar un fuerte impulso a la promoción de vivienda de alquiler social por parte de terceros y colaborar de esta manera con agentes sociales, cooperativas y promotores. Una de las principales novedades en este ámbito es la cesión de suelo público, propiedad del Incasòl, para la construcción de más de 1.000 viviendas. “Con la promoción delegada garantizamos que la titularidad del suelo siga siendo pública siempre y que las viviendas también sean siempre de alquiler social. Nuestras políticas de vivienda persiguen permanencia y que el parque de alquiler social lo sea para siempre”, destaca el 'conseller' de Territori, Juli Fernàndez i Olivares.
También se prevén ayudas a la promoción privada para impulsar más de 5.100 pisos, que se financiarán con las líneas más tradicionales del Institut Català de Finances y con fondos europeos. Al margen de ello, este año también se prevé la cesión de viviendas del mercado privado a la Generalitat, por un período de tiempo determinado. En este caso, son viviendas cedidas por entidades financieras o propietarios particulares a través de los diferentes programas que gestiona la Agència de l'Habitatge de Catalunya. Con esta línea de actuación, se prevé obtener otras 1.100 viviendas.
El 'conseller' Juli Fernàndez i Olivares destaca que se trata de utilizar "todas las herramientas de que disponemos y nuevas herramientas, como la compra directa o la cesión de suelo público para hacer vivienda".
Un plan para un mínimo de 82 municipios
El Govern tiene identificados actualmente 82 municipios donde se construirá vivienda de alquiler social, bien directamente por parte de la Generalitat o bien con algún tipo de ayuda pública a la promoción de vivienda de alquiler social o por cesión de suelo público. Una cifra que se irá incrementando a medida que se vayan cerrando acuerdos con más ayuntamientos y se concrete dónde se realizará la compra de viviendas ya construidas o se adquieran por tanteo y retracto.
Para el impulso de estas 10.000 nuevas viviendas de alquiler social la Generalitat invertirá al menos 350 millones de euros directos y otros 180 millones en ayudas. “Sabemos que tenemos mucho trabajo por hacer y que estamos lejos”, reconoce el presidente Pere Aragonès, pero "avanzamos en la buena dirección, llegando a todo el país, con iniciativas de viviendas públicas de alquiler que darán respuesta a un mínimo de 82 municipios y que contribuirán a que nadie se quede atrás".
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