Contención de rentas

El Govern amplía de 60 a 140 los municipios con zonas tensionadas por el precio del alquiler

Inicialmente se había cifrado en 163 las localidades con estas características, pero solo 143 se adaptan a los requisitos del Ejecutivo central 

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Piso en alquiler en el Eixample de Barcelona.

Piso en alquiler en el Eixample de Barcelona. / Jordi Cotrina

Cristina Buesa

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El Govern ha iniciado este jueves la tramitación para ampliar de 60 a 140 el número de municipios considerados zonas tensionadas donde se deberá aplicar la limitación del precio del alquiler que prevé la Ley de Vivienda (12/2023). El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicado la información del proceso que incluye la justificación de los criterios para elegir estas localidades, según un comunicado de la Conselleria de Territori.

Inicialmente se había cifrado en 163 los municipios con estas características, pero solo 140 se adaptan a los requisitos que establece el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana con la reciente legislación. El Govern ha asegurado que en estos pueblos y ciudades, la mayoría en el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), hay un "especial riesgo de oferta insuficiente de vivienda asequible" y espera que se aplique la ley estatal, que ha despertado recelos en algunos sectores, que consideran que reducirá aún más el volumen de viviendas.

Trámite de información pública

Este jueves se abre un "período de información pública" de 20 días para que las administraciones, entidades y particulares puedan presentar alegaciones que el Govern tendrá que responder.

Un vecino mira los anuncios en una inmobiliaria del paseo de Sant Joan.

Un vecino mira los anuncios en una inmobiliaria del paseo de Sant Joan. / MANU MITRU

La resolución final se notificará al ministerio que dirige Raquel Sánchez para que la apruebe y su vigencia será de tres años, con la posibilidad de prorrogarlo cada año mediante el mismo procedimiento. Fuentes ministeriales han explicado que una vez se haya redactado la memoria justificativa que, a través de datos objetivos, "justifique la existencia de un especial riesgo de abastecimiento insuficiente de vivienda para población residente, en condiciones asequibles" por parte del Govern, se avalará la lista de localidades.

Superado ese trámite, se tendrá que elaborar un plan de acción para "corregir los desequilibrios en la zona", así como el calendario de desarrollo de las medidas a aplicar. No obstante, ha recordado la ministra Sánchez este jueves desde Tarragona, este recorrido legislativo no descarta otras medidas vinculadas a la vivienda que pueda emprender el gobierno catalán.

Un 80,6% de la población

El Govern ha apuntado que en estos 140 municipios viven 6,2 millones de personas, lo que representa un 80,6% del total de la población de Catalunya. 

En una entrevista en Catalunya Ràdio poco antes de enviar el comunicado, la nueva 'consellera' de Territori, Ester Capella, ha confiado en que los trámites con la memoria definitiva que enviarán al Ministerio de Transportes se resuelvan antes de un eventual cambio de gobierno tras las elecciones del 23 de julio. "Es un tema de voluntad política", ha defendido.

Acceso a otros derechos

"Catalunya no dejará de hacer lo que toca para garantizar el derecho a la vivienda", ha avisado Capella, y ha dejado claro que este derecho es "fundamental porque es la puerta de acceso a otros derechos". "Si no tienes derecho a un techo que te guarezca, difícilmente tienes derecho a la salud, en la educación u otros que estamos obligados a garantizar a la ciudadanía", ha argumentado.

30% de los ingresos medios

Para ser considerados "áreas tensionadas" hay dos requisitos que marca la nueva ley de vivienda. El primero es que la carga mediana del coste del alquiler o de la hipoteca al presupuesto personal o de la unidad de convivencia, más los gastos y suministros básicos, supere el 30% de los ingresos medios o de la renta de los hogares.

En segundo lugar puede tener esta calificación si el precio de alquiler o compra de la vivienda ha experimentado en los cinco años anteriores un porcentaje de crecimiento acumulado de al menos tres puntos porcentuales superior al porcentaje de crecimiento acumulado del índice de precios de consumo de la comunidad autónoma.