El Govern expropiará pisos en 14 municipios para ponerlos en alquiler social

Catalunya expropiará los pisos vacíos de grandes tenedores para destinarlos a alquiler social. El Govern ha aprobado este martes iniciar el proceso para quedarse las viviendas, la gran mayoría de grandes tenedores, situadas en 14 municipios que están declarados "con demanda fuerte y acreditada" según la ley 4/2016, es decir, donde hay familias en lista de espera de las mesas de emergencia.

El Govern teme que con el fin de la moratoria de los desahucios la situación todavía empeore más y esa necesidad de pisos crezca. Por eso, amparándose en los convenios suscritos entre los ayuntamientos de estas 14 localidades y la Agència Catalana de l'Habitatge, la Conselleria de Territori arrancará los trámites de expropiación en 189 viviendas. "Queremos construir soluciones", ha asegurado el titular de Territori, Juli Fernàndez, "con herramientas que teníamos y que nos deben permitir hacer crecer el parque".

Entre 50 y 70, con éxito

Según los cálculos del Govern, de los 189 requerimientos que se harán a los dueños de los pisos vacíos, lograrán expropiar finalmente entre 50 y 70. Se califican como vacíos cuando, según la legislación, llevan dos años sin inquilino. La forma de validarlo es a través del padrón municipal, los consumos de energía y, por último, una inspección municipal que comprueba que, efectivamente, no reside nadie en el inmueble.

Primero, tratarán que los propietarios los pongan en alquiler. Tendrán un plazo de un mes para justificar que o bien se pone a disposición del mercado o se sigue el proceso. Posteriormente, la ley catalana dicta que tienen tres meses para alcanzar un acuerdo sobre el precio. Si no se logra, se expropia, abonando un importe equivalente al valor catastral.

Todas las viviendas que formarán parte de este proceso tienen título habilitante, es decir, cuentan con cédula de habitabilidad, aunque no se descarta que algunas estén 'okupadas'. Si se precisara acondicionarlas, por ejemplo, pintarlas, se descontaría del justiprecio que se establezca.

Anuncios en época electoral

El Incasòl destinará un presupuesto inicial de cinco millones de euros para comprar los pisos, que posteriormente gestionará Habitatge, pasando a formar parte del parque público de la Generalitat. Fernàndez ha rechazado en la comparecencia posterior a la reunión de Govern que se trate de una medida electoralista (en las últimas semanas los anuncios sobre vivienda han copado titulares) y ha asegurado que la han explicado en el momento en el que efectivamente se puede empezar a aplicar.

Promover más acuerdos

El objetivo es doble: reducir las mesas de emergencia de las personas con vulnerabilidad acreditada e incentivar que haya más ayuntamientos que firmen acuerdos con la Generalitat para detectar pisos sin inquilinos en sus localidades y que estos se pongan a disposición de los colectivos que los necesitan.

Los 14 municipios en los que se expropiarán pisos son Cornellà de Llobregat, Figueres, Lloret de Mar, Mataró, Mollet del Vallès, Reus, Roda de Berà, Rubí, Salt, Tarragona, Valls, Vic, Viladecans y Vilanova i la Geltrú, aunque desde el Govern han preferido no concretar cómo están repartidos los 189 inmuebles en los que se iniciará el trámite por localidades.

31.918 viviendas vacías

Estos 14 forman parte de los 45 municipios con demanda fuerte y acreditada con mesa de emergencia, pero que no sea propia, como es el caso de Barcelona. La intención es movilizar el mercado, lanzar un aviso a los grandes tenedores y estimular a las entidades locales para que ayuden a detectar estas situaciones. 

Según los datos actualizados de la Agència de l'Habitatge de Catalunya, hay 31.918 viviendas vacías inscritas en el registro y la mayoría son propiedad de grandes tenedores, ya que proceden de ejecuciones hipotecarias o de daciones en pago.

Siete meses de trámites

Con el aval del Govern, ahora arrancará un proceso que se alargará unos siete meses aproximadamente y que podría dar los primeros frutos a principios del 2024, según las estimaciones de Territori. No obstante, no se descarta que, como ocurre habitualmente en los temas vinculados a la vivienda, acabe en los tribunales, con recursos de los afectados.

Actualmente en Catalunya hay 1.800 familias pendientes de asignación de una vivienda por parte de la mesa de emergencia, Barcelona incluida.