El lunes, First Republic Bank se convirtió en el tercer banco de Estados Unidos intervenido por los reguladores en los dos últimos meses tras Silicon Valley Bank y Signature Bank. Con la venta a JPMorgan Chase de la mayoría de los activos de la entidad con sede central en California, y la garantía por parte de la entidad de los depósitos, se solventó la segunda mayor quiebra de un banco estadounidense desde la de Washington Mutual en 2008.

Colectivamente se lanzó un respiro de alivio. El sistema bancario, aseguró el presidente Joe Biden, “es sólido y está seguro”. “Esta parte de la crisis ha acabado”, sentenció también Jamie Dimon, consejero delegado de JPMorgan. Pero el propio Dimon hablaba solo de una “parte”, reconocía que puede haber caídas de otras instituciones pequeñas. Y los interrogantes, los nervios, los miedos y la amenaza de la desconfianza, no obstante, perduran.

Por qué colapsó First Republic

La entidad establecida en San Francisco en 1985, aunque lejos de los colosos del sector, había ido creciendo hasta convertirse en una de las mayores de EEUU, con 229.000 millones en activos. Era conocida por tener una mayoría de clientes de elevadas fortunas y por sus servicios de gestión de patrimonio.

Como en el caso de Silicon Valley Bank, había realizado numerosas inversiones en activos como hipotecas y deuda pública cuando los tipos de interés estaban bajos y sufrió el impacto negativo cuando la Reserva Federal empezó su agresiva política de subidas para tratar de contener la inflación y esos activos perdieron valor. También como SVB y Signature, la gestión de los riesgos asociados a ese giro del banco central fue nefasta.

En marzo, conforme quebraban esas dos entidades tras fugas de depósitos por un pánico alimentado en redes sociales, y como parte de un impulso extraordinario del sector público y privado para tratar de contener la hemorragia, First Republic recibió una inyección de 30.000 millones de otras grandes entidades. El colchón no solventó los problemas, y con los miedos persistentes a la inestabilidad del sistema y de la capacidad del banco de hacer frente a sus obligaciones, los depositarios de First Republic retiraron más de 100.000 millones de dólares en seis semanas tras la caída de SVB.

Su valor se hundió un 97% en bolsa. Y el gobierno intervino, abriendo un proceso de búsqueda de comprador que se resolvió en la madrugada del lunes con el anuncio de venta a JPMorgan Chase.

¿Riesgo contenido o vigente?

Algunos economistas y observadores creen que no habrá contagio y que están contenidos los problemas de First Republic, y SVB y Signature por las particularidades y la idiosincracia de las entidades. Entre ellos se cuenta William Chittenden, profesor de finanzas y economía en la Universidad estatal de Texas, que recordaba en ‘The Washington Post’ que los tres funcionaban muy concentrados en un nicho de clientes (sobre todo del sector tecnológico), tenían un elevado porcentajes de depósitos superiores a los 250.000 dólares (el tope hasta el que actualmente cubre los depósitos la Corporación Federal de Seguro de Depósitos, FDIC, aunque se ha rebasado en esta crisis) y habían invertido en activos con vencimientos a largo plazo, los más afectados por el giro en la política de tipos de la Fed (que este miércoles se espera que apruebe otra subida). En las tres áreas, según el experto, eran “extremos y manejaron los riesgos muy mal”.

Otros, no obstante, creen que la herida no ha dejado de sangrar. Robert Jockett, profesor de derecho especializado en finanzas de Cornell, ha hablado “no del final de la crisis bancaria de marzo, sino de una continuación del principio”. Las huidas de depósitos, aunque rebajadas respecto a marzo, siguen afectando a entidades regionales. Esos bancos están acudiendo más a préstamos de emergencia públicos. Y los balances contables no reflejan del todo la realidad, pues si las entidades tuvieran que vender parte de sus activos hoy esas cuentas reflejarían pérdidas que ahora no están contabilizadas.

Además, la compra de First Republic por parte de JPMorgan Chase, que ya era el mayor banco de EEUU, alimenta la alerta ante el crecimiento imparable de los colosos de la banca. La senadora Elizabeth Warren, en un comunicado el lunes, denunció que la quiebra “muestra cómo la desregulación ha hecho el problema de “demasiado grande para caer’ aún peor”.

Regulación

La quiebra y adquisición de First Republic se ha producido después de que el viernes la Reserva Federal hiciera público un informe tras hacer una autopsia del colapso de las otras dos entidades. Además de señalar a los errores de esos bancos, y la nueva realidad en la que las nuevas tecnologías han permitido que se aceleren tanto la propagación del pánico como las fugas de depósitos, el banco central realizó un mea culpa sobre sus propios fallos y habló de “debilidades en regulación y supervisión con que hay que lidiar”.

 La Fed, por ejemplo, reconoce que “no apreció la seriedad de las deficiencias críticas” en SVB y que por ello lo mantuvo “bien valorado incluso conforme se deterioraban las condiciones y surgían riesgos significativos para su estabilidad y solidez”.

En el centro de la tormenta están los cambios regulatorios que el Congreso en 2018 y la Fed en 2019 hicieron relajando controles a la banca que se habían impuesto con la Ley Dodd-Frank tras la gran crisis de 2008 y 2009. 

Ahora la Fed se plantea reevaluar las reglas para bancos regionales y de tamaño medio que tengan al menos 100.000 millones en activos, para imponerles más exigentes pruebas de estrés y requerimientos de liquidez. Además, ha prometido estudiar cómo protege contra los riesgos de las subidas de tipos de interés. También recomienda nuevos límites en compensaciones de directivos. 

El lunes también la FDIC presentó un informe en el que plantea cambios, con tres opciones; mantener el límite actual de 250.000 dólares en depósitos asegurados, pasar a cubrir todos sin importar la cantidad o establecer distintos límites dependiendo de distintos tipos de cuentas personales o de negocios. Mostró preferencia por esta tercera vía aunque no dio detalles específicos ni adoptó una decisión, pues esta deberá ser aprobada por el Congreso.

Muchos ven imperioso que las Cámaras actúen para intensificar las regulaciones pero las iniciativas legislativas puestas en marcha tras las quiebras de marzo de momento no han dado ningún fruto.

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