EEUU se replantea la regulación y supervisión de la banca tras la caída de Silicon Valley Bank

La rápida y contundente intervención pública ha evitado de momento que la caída de Silicon Valley Bank, así como las de Signature Bank y SilverGate, se conviertan en una gran crisis en Estados Unidos. Lo sucedido, no obstante, ha colocado ya a autoridades y reguladores económicos del país frente al espejo de sus deficiencias en los controles y la supervisión del sector bancario y les está llevando a replantearse ahora regulaciones y normas. Y lo hacen a la par que se libra una intensa guerra política entre demócratas y republicanos, con acusaciones cruzadas sobre causas y responsabilidades de las actuales turbulencias.

La Reserva Federal, que ya ha puesto en marcha una revisión de su propia actuación supervisora frente a Silicon Valley Bank con la que ha dicho que espera “aprender lecciones”, está estudiando endurecer los requerimientos de capital y liquidez para entidades de tamaño medio como era el banco californiano, según ha adelantado ‘The Wall Street Journal’.

Además, la Fed estudia dar pasos para ampliar las pruebas de estrés a bancos que tengan entre 100.000 y 250.000 millones de dólares en activos. Rebajaría así considerablemente el umbral que desde 2018 limitaba esas pruebas solo a quienes superaran los 250.000 millones, un puñado de entidades que se consideraban sistémicamente vitales, aquellas que tras la crisis del 2008 y el 2009 entraron en esa categoría popularmente conocida como “demasiado grande para caer”.

Cambio de paso

Es un cambio de paso para la Fed, cuyo presidente, Jerome Powell, defendió reducir las regulaciones para los bancos de tamaño medio que se habían impuesto con la Ley de Protección Consumidor y Reforma de Wall Street, conocida como la Dodd-Frank, aprobada bajo el mandato de Barack Obama en 2010, que además de imponer supervisión federal más estricta a cualquier banco con más de 50.000 millones en activos establecía requerimientos de seguridad financiera, el veto a algunas operaciones arriesgadas o requisitos más duros de garantías de que podrían absorber pérdidas inesperadas o fugas de depósitos.

Powell adoptó esa posición en 2017, cuando se sometía a la vista de confirmación en el Senado tras ser nombrado por Donald Trump para presidir la Reserva Federal y dar el relevo a Janet Yellen, defensora de la fuerte regulación. Y lo respaldó esa relajación de controles también en 2018 en su primera comparecencia ante el Congreso ya al frente del banco central estadounidense. Aunque la Oficina de Presupuesto del Congreso, no partidista, escribió que la ley que rebajaba la Dodd-Frank “incrementará la posibilidad de que caiga una gran firma financiera con activos de entre 100.000 y 250.000 millones “, la norma fue aprobada por las Cámaras, con apoyo mayoritariamente republicano pero también de demócratas ( 17 en el Senado y 33 en la Casa de Representantes), y después de intenso lobi por parte de entidades regionales y medianas como el propio Silicon Valley Bank.

La ley de 2018 y la guerra política

Hay división de opiniones sobre si lo sucedido en los últimos días puede vincularse directamente a la relajación de controles de la ley Dodd Frank con la ley de 2018. Algunos sí lo piensan, como los senadores progresistas Bernie Sanders y Elizabeth Warren. Esta última además ha pedido a Powell que se recuse de la revisión interna de la Fed (a cuyo frente se ha puesto el vicepresidente de supervisión, Michael Barr) asegurando que “sus acciones contribuyeron directamente” al colapso de los bancos de la última semana.

Otros, como Dennis Kelleher, director de la organización a favor de la reforma financiera Better Markets, piensan que la ley del 2018 puede haber tenido un “impacto modesto”. Aun así, Kelleher ha señalado en declaraciones a CNN a cargos de la Fed nombrados por Trump, que relajaron la supervisión bancaria y ni siquiera aprovecharon poderes que les daba la norma. En el caso de Silicon Valley Bank habrían podido, por ejemplo, instar a la entidad a elaborar planes para contrarrestar puntos débiles, como el alto porcentaje que tenían de depósitos superiores a 250.000 dólares y por tanto no asegurados por la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) o la concentración en un área y una industria particular (la tecnológica de California).

La mayoría de los republicanos han preferido señalar a otros factores como causas de lo sucedido. El gobernador de Florida y potencial candidato presidencial republicano para 2024 Ron DeSantis, que como congresista votó a favor de la ley de 2018, lidera una campaña que el colapso se debe a la supuesta ola “woke” en los bancos, en la que engloba tanto a los criterios de diversidad, igualdad e inclusión (DEI por sus siglas en inglés) como a los ambientales, sociales y de buen gobierno (ESG en inglés, ASG en castellano). Además, se culpa a las políticas de gasto de Joe Biden, a las que se atribuye la subida de la inflación a la que las Fed ha respondido con políticas agresivas de subidas de tipos que afectaron a las inversiones en bonos de SVB.

Aunque los bloques no son unitarios y hay divisiones tanto entre los demócratas como entre los republicanos, las dos fallas chocantes aventuran complicado que se apruebe nada en un Congreso dividido donde cada partido controla una de las Cámaras.

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