El TSJC establece que el Govern ha de pagar 304 millones por la privatización fallida de ATLL

304 millones. Esa es la cantidad que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha dictaminado que tiene derecho a recibir la antigua ATLL, liderada por Acciona, a raíz de tres sentencias por recursos presentados por la afectada. La cuestión es que Acciona, que reclamaba unos 1.000 millones, vendió en 2019 esos derechos a Fortress, un fondo especializado en pleitos, por 170 millones. Fuentes de Economia aseguran que estudian recurrir la decisión ante el Tribunal Supremo y destacan que las resoluciones no reconocen el lucro cesante que reclamaba la compañía y que hubiera supuesto elevar el coste a más de 1.000 millones.

La sección quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC ha estimado parcialmente las reclamaciones de la compañía que en la actualidad es pública y se denomina ATL, por la cancelación del contrato de gestión y su pase a manos de la Generalitat. La de ATLL, la mayor privatización de la historia de la administración catalana, acabó en un auténtico fiasco anulado por el Tribunal Supremo en 2018 tras una larga batalla judicial. La compañía abastece de agua a las suministradoras de Barcelona, el aérea metropolitana y comarcas adyacentes con una población de unos 4,5 millones de habitantes.

El TSJC admite la anulación de la liquidación tanto provisional como definitiva del contrato decretada por la antigua Conselleria de Territori i Sostenibilitat al frente de la que estaba entonces Damià Calvet. El dictamen reconoce a la antigua ATLL el derecho a percibir 262,8 millones por el canon no amortizado, otros 38,2, millones en concepto de inversiones realizadas no amortizadas; y 3,4 millones por costes de licitación y constitución, "cantidades que devengarán los intereses que procedan". Aunque vendió ese derecho, el acuerdo con de Acciona con Fortress admite que además la compañía tendrá derecho a "otro contingente en función del importe que finalmente le sea reconocido por la Generalitat y/o los Tribunales de Justicia".

Finalización del contrato

Las sentencias también admiten la invalidación del acto de Territori que había declarado la finalización de la prestación efectiva por parte de ATLL la actora del servicio de abastecimiento de agua en alta mediante la Red Ter-Llobregat. Y reconoce el derecho de ATLL a ser retribuida por la prestación efectivamente realizada y facturada por durante los meses de enero y febrero de 2019, "en los términos del contrato con las modificaciones de la disposición transitoria tercera del Decreto Ley 4/2018, con más los intereses que correspondan".

A su vez estima el recurso interpuesto por ATLL contra la resolución que había denegado la devolución de la garantía definitiva del contrato de “gestión del servicio de abastecimiento de agua en alta Ter-Llobregat” de 27 de diciembre de 2012. Anula y reconoce el derecho de la compañía a la devolución de la garantía definitiva, así como a ser resarcida de los gastos de mantenimiento del aval desde que debió producirse la devolución, hasta su definitiva cancelación, con más los intereses correspondientes.

Para reducir déficit

La operación de venta, llevada a cabo en 2012 con el objetivo de reducir el déficit de la Generalitat, fue anulada definitivamente por el Supremo en 2028, a través de un fallo que avalaba otro de 2015 por parte del TSJC, que invalidó el concurso convocado bajo la presidencia de Artur Mas en el Govern, a instancias de Aigües de Barcelona (Agbar), que participó en la licitación como competidora de la oferta protagonizada por Acciona. Fuentes del Ejecutivo catalán afirman que la Generalitat ya se anotó unos 380 millones como déficit en prevención de posibles fallos judiciales, por lo que el posible pago estipulado no generaría más números rojos en las cuentas del Govern.

La ganadora del concurso pagó casi 300 millones (298 millones) al Govern y cada ejercicio debía satisfacer un canon por el contrato de 50 años para los 696,8 millones restantes. Desde 2013 había pagado 65,4 millones por este canon (10,7 millones en el 2013; 11,8 millones en el 2014; 13 millones en el 2015; 14,2 millones en el 2016 y 15,7 millones en el 2017. Para el 2018 ascendía a 17,2 millones.

La batalla jurídica la inició Aigües de Barcelona (Agbar), que perdió la licitación, poco después de la adjudicación a un consorcio liderado por Acciona. El organismo arbitral de la Generalitat para los concursos públicos, el OARCC, le dio la razón el 2 de enero del 2013, al entender que Acciona debería haber quedado fuera de la licitación.

El TSJC invalidó la licitación en el que se adjudicó la compañía que abastece de agua al área metropolitana y otras comarcas colindantes «por la existencia de vicios en el procedimiento de licitación no imputables a los licitadores», según el fallo. Gracias a esta operación, el Govern, en el que entonces era 'conseller' de Economia Andreu Mas-Colell, pudo reducir en unos 1.000 millones, unas cinco décimas el déficit de una apurada la Generalitat en el 2012, con el apoyo de la Intervención General del Estado.

El contrato se firmó el 27 de diciembre del 2012, con efectos desde las 23.59 horas del 31 de diciembre. En la cuenta general de la Generalitat del 2015 constaba una provisión de 380,29 millones, más de lo que había anunciado públicamente, para cubrir el «riesgo» de que los tribunales decidan revolver el contrato.

Lo cierto es que el contrato de gestión limitaba mucho el margen para rebajar el precio del agua. En torno al 40% de la tarifa correspondía a la retribución financiera que recibe el concesionario (más de 60 millones cargados a las distribuidoras de agua sobre una tarifa mayorista de casi 160 millones). La retribución era del 9,33% por los 50 años del contrato. No obstante, fuentes del sector aseguraban que la retribución financiera efectiva era del 21% si se compara esta con el nivel de inversión realmente ejecutado.