"Insegura", "farragosa" y "conflictiva": así describe Foment la reforma laboral avalada por CEOE

"La nueva regulación introduce mayores dosis de inseguridad jurídica", es "farragosa", "generará conflictos" y puede "favorecer el fraude". Estos son solo algunos de los adjetivos que la dirección de Foment del Treball empleó para describir a su junta directiva la nueva reforma laboral, en la primera reunión mensual de la cúpula este 2022. La disconformidad de la histórica organización empresarial catalana -y fundadora de CEOE- es pública y notoria, hasta el punto de que se abstuvo de apoyarla cuando Antonio Garamendi les pidió el 'sí'. La reforma se encuentra ahora en trámite parlamentario y el Gobierno busca las alianzas a través de las fuerzas nacionalistas -con ERC como actor clave- para sumar las mayorías necesarias.

"No se puede obviar que el planteamiento inicial del Gobierno y de los sindicatos proponía todavía más elementos retrógrados y perjudiciales desde la perspectiva empresarial, pero analizando el resultado final de la reforma, se tiene que concluir que se trata de una reforma desequilibrada", escribía en las páginas de EL PERIÓDICO el director de relaciones laborales de Foment, Javier Ibars, a los pocos días de formalizarse el acuerdo. 

Y es que la reforma laboral que ahora encara el complicado trámite parlamentario ha levantado ampollas en el seno de la CEOE. La postura crítica de la organización liderada por Josep Sánchez Llibre -que en su etapa como diputado de CiU en el Congreso votó a favor de la reforma del PP- la secundaron la patronal madrileña (CEIM), la del automóvil (ANFAC) y -con especial rotundidad- la agraria (ASAJA). Un malestar que puede tener consecuencias en las próximas elecciones a la presidencia de CEOE, previstas para noviembre y en las que Garamendi podría aspirar a un segundo mandato. "Se ha perdido una oportunidad para flexibilizar y modernizar nuestras relaciones laborales", se lamentó Ibars en estas páginas el pasado 5 de enero.

"Graves perjuicios para el empleo"

El principal objetivo de la reforma pilotada por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, es reducir los elevados niveles de temporalidad que arrastra el mercado laboral español desde hace décadas. Una meta que, según el parecer trasladado por Foment a los suyos, no logrará. Foment del Treball insiste en remarcar que comparte "el objetivo de reducir las elevadas tasas de temporalidad de nuestro mercado de trabajo". Sin embargo, considera que "la reforma aprobada es regresiva, desalineada y desconocedora de la realidad y necesidades de nuestro tejido productivo, y cuya aplicación comportará graves perjuicios para el empleo".

En este campo, el incremento de las sanciones por abuso de la temporalidad, que a partir de la reforma impondrá tantas multas como empleados en fraude y no solo una por centro de trabajo, ha sido una de las cuestiones que más rechazo desde el primer momento ha generado entre el empresariado catalán.

Tampoco gusta en la organización empresarial catalana el resultado en materia de negociación colectiva, donde se ha recuperado la ultraactividad indefinida y la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa, por lo que a salarios y complementos respecta. "Paralizara parte de la negociación colectiva e impedirá la actualización de sus contenidos", consideran desde Foment. Y por lo que respecta a los ertes, otro de los pilares de la reforma, los empresarios catalanes ven con buenos ojos las novedades y el mayor apoyo público habilitado en casos de crisis coyunturales o sectoriales, pero critican el exceso de discrecionalidad política en la autorización de los expedientes y lo tachan de "pérdida de oportunidad".

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