Negociaciones en curso

¿Qué le exige ERC al Gobierno para apoyar la reforma laboral?

  • Los republicanos reclaman al Gobierno derogar varios de los aspectos de la herencia del PP que no toca el acuerdo alcanzado con patronal y sindicatos

El President de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, durante el coloquio organizado por el Club Siglo XXI.

El President de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, durante el coloquio organizado por el Club Siglo XXI. / David Castro

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Gabriel Ubieto
Gabriel Ubieto

Redactor

Especialista en Mercado laboral, empresas, pensiones y las diferentes derivadas del mundo del trabajo

Escribe desde Barcelona

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Las negociaciones entre el Gobierno y las distintas fuerzas parlamentarias para tratar de armar las mayorías necesarias con las que sacar adelante la reforma laboral en el Congreso avanzan a contrarreloj. Tras más de nueve meses de negociaciones con los agentes sociales, a la coalición le quedan poco más de dos semanas para atar los escaños suficientes en la cámara baja para que una de las medidas estrella de la legislatura no embarranque. Dentro de la actual aritmética parlamentaria, ERC juega un papel central en esas mayorías y tanto el PSOE como Unidas Podemos rondan a los republicanos para conseguir su apoyo. El último encuentro de calado fue la cena mantenida entre la vicepresidenta segunda y artífice de la reforma, Yolanda Díaz, y el 'president' de la Generalitat, Pere Aragonès. Pero, ¿qué le exigen desde ERC a la coalición a cambio de sus 13 diputados?

Autorización administrativa de los eres

Lo explicitó Aragonès en una reciente entrevista en la agencia EFE, lo replicó el 'conseller' de Empresa i Treball, Roger Torrent, días más tarde tras un Consell Executiu y lo reiteraron el presidente de ERC, Oriol Junqueras, y el portavoz de laboral en el Congreso, Jordi Salvador, en un reciente artículo en 'Publico.es'. Recuperar la autorización administrativa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) por parte de la autoridad laboral es una de sus principales reivindicaciones. El PP la quito con su reforma en el 2012 y los republicanos la quieren ahora de vuelta.

La autorización administrativa de los eres consiste en una potestad de la autoridad laboral pertinente -en Catalunya es el Departament de Treball- para autorizar o vetar que una empresa efectúe un despido colectivo. Ello provocaba que, antes del 2012, las empresas tuvieran que negociar y obtener el acuerdo sindical para efectuar un despido colectivo, pues en caso de disenso las posibilidades de que la autoridad laboral tumbara el expediente eran muy elevadas. Lo que empujaba las indemnizaciones por despido al alza y dificultaba las deslocalizaciones de empresas que, pese a ser viables, podían buscar mayores beneficios en otros países con costes laborales menores. Desde la bancada empresarial replican que ello genera inseguridad jurídica a las empresas, les dificulta realizar reestructuraciones para reducir costes en caso de crisis y que puede hundir la productividad de las compañías al tener que cargar estas con excedentes de plantilla.

Prevalencia de los convenios autonómicos sobre los estatales

"Consideramos imprescindible dar preponderancia a los convenios catalanes y reforzar y dotar de más herramientas a la Inspección de Trabajo de Catalunya", dejaron escrito Junqueras y Salvador en el artículo a cuatro manos en el que fijaban la posición de ERC. Si bien la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los estatales no es un elemento heredado de la reforma de Mariano Rajoy, sí que es una ambición de los republicanos para reforzar la singularidad del marco de relaciones laborales catalán y aumentar la autonomía de sus patronales y sindicatos. También es una reivindicación compartida con el PNV y EH Bildu, dado el elevado peso que estos convenios ya tienen en Euskadi.

Actualmente el sistema de negociación colectiva establece que son los convenios estatales los que predominan sobre el resto y que luego se estructuran vía convenios provinciales. Y que si en un territorio concreto las patronales y los sindicatos más representativos quieren negociar un convenio autonómico propio, deben pedir autorización previa a sus representantes estatales. Y debe haber consenso entre la bancada patronal y la sindical, bajo riesgo de acabar de judicializar el conflicto, como ya ha pasado recientemente, como es el caso del convenio catalán de geriatría.

Históricamente delegar esa autonomía a los territorios no ha sido una de las posiciones compartidas entre CEOE, CCOO y UGT, pues recelaban que una posición de debilidad en algún territorio de alguna de las partes pudiere derivar en peores condiciones de las que podrían haber negociado a nivel estatal. No obstante, CCOO ha virado hacia posiciones más favorables a dar mayor autonomía a sus federaciones. Y en el seno de la patronal, la modificación de este punto no sería la novedad que mayor enojo generara, a diferencia de las relativas a tocar las condiciones del despido.

Aumentar las indemnizaciones por despido

El despido ha sido el gran ausente de la reforma laboral acordada entre patronal y sindicatos. El Gobierno no quiso introducirla, tanto por divisiones internas como por el rechazo frontal de los empresarios. Y ERC sí quiere, en su carta inicial de intenciones, tocar este aspecto. "Echamos en falta un mayor control de la subcontratación, por no hablar de las indemnizaciones por despido, que no han vuelto a la situación previa a la reforma laboral [del PP]", declaró Torrent a principios de mes. Antes del 2012 los trabajadores indefinidos despedidos de manera improcedente recibían una compensación de 45 días por año trabajado, cifra que Rajoy bajó a 33 días por año, con la intención de abaratar y facilitar el despido.

Además de ERC, EH Bildu, Compromís y otros aliados de la mayoría de la investidura han reclamado al Gobierno tocar este aspecto, pero finalmente esta carpeta no se negoció en ningún momento durante las conversaciones en el diálogo social.

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Salarios de tramitación

Antes de la reforma del PP, si un trabajador era despedido, denunciaba a la empresa y ganaba, la compañía estaba obligada a pagarle el salario que debería haber percibido desde que fue despedido hasta que un juez ha obligado a readmitirlo. Lo que recibía el nombre de 'salarios de tramitación'. Ello, sumado a la indemnización correspondiente, disparaba el coste que la empresa debía asumir e incentivaba los acuerdos y conciliaciones. "Sería conveniente recuperarlos al 100% en el caso de los despidos improcedentes", reclamaba ERC en el artículo de Junqueras y Salvador.

Actualmente, ese mismo trabajador -si el juez califica de improcedente el despido- únicamente recibe la indemnización por cese, pero no el salario que debiera haber percibido durante el impase entre el despido, el juicio y la sentencia. Lo que incentiva a las empresas a 'arriesgarse' a ir a juicio, pues el único encarecimiento de una sentencia desfavorable va por la vía de la indemnización. Antes los salarios de tramitación favorecían las mediaciones, pues muchas compañías no se arriesgaban a tener que abonar de golpe un montante más elevado si el juez no les daba la razón.

Subcontratación, modificación sustancial de condiciones y otros

"La realidad es que el contenido del texto que pretenden que se apruebe a principios de febrero sigue validando cuestiones publicitadas desde siempre como inaceptables por parte de ERC. [...] Se mantienen los mecanismos de flexibilidad interna suficientes para modificar condiciones laborales y recortar salarios, todavía hoy situados por debajo del nivel de los de 2008", dejaba escrito el histórico líder de ERC en el Congreso Joan Tardà en un artículo en EL PERIÓDICO.

La lista de los republicanos incluye muchas otras reivindicaciones que se podrían ubicar en un cajón de sastre y que ahora sus negociadores deberán repasar punto a punto con los del Gobierno. Con el objetivo de hallar los márgenes posibles entre estos, el resto de equilibrios necesarios en el Congreso y el respeto a los fraguados con patronal y sindicatos durante los nueve meses de negociación en el diálogo social.