Nuevo paquete normativo

El Gobierno reforzará el bono social para los consumidores vulnerables

  • El Congreso apoya el real decreto de medidas para abaratar la factura de la luz

  • La vicepresidenta Teresa Ribera confirma que suavizará el recorte de las eléctricas

Teresa Ribera durante el pleno del Congreso celebrado hoy.

Teresa Ribera durante el pleno del Congreso celebrado hoy. / David Castro

4
Se lee en minutos
Sara Ledo
Sara Ledo

Periodista

ver +

El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves el real decreto ley para mitigar el impacto de la subida del gas en la factura eléctrica con la abstención del PNV. La norma que recorta en más de 2.600 millones de euros de las eléctricas sale, así, adelante con el compromiso de la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, de suavizar el recorte si las eléctricas firman contratos con la industria a un precio fijo preescalada, como adelantó El Periódico de Catalunya. Además, la vicepresidenta ha avanzado este jueves que el Gobierno reforzará el bono social para los consumidores vulnerables.

“En las próximas semanas pondremos en marcha medidas adicionales que garanticen la cobertura de contratos a largo plazo y reforzaremos la posición de los consumidores vulnerables acogidos al bono social”, ha anunciado Ribera en la presentación del decreto en la Cámara Baja. Ribera no ha dado más detalles sobre esta medida, pero este miércoles ya advirtió que, entre los objetivos de la ronda de contactos que había mantenido estas semanas con las compañías eléctricas, estaba conseguir una "mayor contribución" de estas empresas para "dar cobertura" a los consumidores más vulnerables.

Alrededor de 1,3 millones de consumidores en España están acogidos al bono social eléctrico en España, un descuento de entre el 25% y el 40% de la factura de la luz para aquellos usuarios considerados vulnerables que están acogidos a la tarifa regulada de la luz indexada a la evolución del mercado mayorista. Estos consumidores, aunque perciban el mismo descuento en los impuestos y los costes fijos del recibo, notan el incremento de los disparatados precios mayoristas. La intención del Gobierno pasa por ampliar esta ayuda aumentando el tamaño descuento que financian las comercializadoras eléctricas y el Estado con una especie de congelación del precio al que estos usuarios tendrían que tener la energía, una especie de garantía del precio total, según explicó la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en los pasillos del Congreso. 

De esta forma, el Gobierno se adelanta a la coyuntura de altos precios que vendrá en los próximos meses con el foco puesto en los consumidores más expuestos, como son los domésticos y la industria. En su intervención parlamentaria la vicepresidenta, que ha querido “dejar claro” que el recorte de los ingresos de las eléctricas solo es aplicable “a quienes hayan interiorizado los beneficios extraordinarios” provocados por la subida del gas, confirmó que el Gobierno suavizará el recorte a las eléctricas cuando establezcan contratos a precios estables que no internalicen la evolución del precio del gas en la industria. Es decir, si las compañías eléctricas firman nuevos contratos que se rijan por los precios actuales (en torno a los 200 euros el megavatio hora) con las empresas sufrirán un recorte en sus ingresos, pero si elaboran o extienden contratos a precios previos a la escalada (en torno a 40 euros) no se les aplicará la minoración.

'Oligopolio eléctrico'

El debate previo a la votación estuvo marcado por el apoyo de la izquierda a las medidas; frente a la derecha que criticó sus consecuencias (más concretamente de 'la' medida de recortar los ingresos de las eléctricas por el alza del gas) sobre la industria, ante el parón de algunas empresas, como Sidenor por el efecto del alza de la electricidad en sus costes de producción. Este fue el principal motivo que llevó al PNV a abstenerse en la votación. "No tenemos dudas de que saldrá adelante (el decreto), pero no podemos permitirnos ningún sobresalto con la industria", expresó Idoia Sagastizabal durante su intervención. "No se trata de ceder, sino de modular", añadió Sagastizabal sobre la decisión del Gobierno de aliviar el recorte a las eléctricas que bajen los precios a la industria.

Noticias relacionadas

El diputado de Unidas Podemos, Pablo Echenique, calificó el decreto de "histórico" al no llevar "el logotipo del oligopolio eléctrico". "Detrás del Gobierno de coalición hay casi 10 millones de españoles y a nosotros solo nos da órdenes la gente mediante su voto. Por eso quiero decirle desde aquí a Sánchez-Galán (presidente de Iberdrola) que mientras los escaños de Unidas Podemos sean decisivos nunca más un real decreto ley del Gobierno va a llevar el logotipo del oligopolio eléctrico", dijo Echenique. El decreto salió adelante con 182 votos a favor --además del PSOE y Unidas Podemos, Esquerra Republicana, EH-Bildu, la CUP, Más País-Equo, el BNG, Compromís, Teruel Existe, PRC y Nueva Canarias-- y 152 diputados en contra --PP, Vox, Ciudadanos, UPN y Foro Asturias. El PNV, Junts y el PDeCAT se han abstenido.

Medidas aprobadas

El real decreto que el Congreso convalidará este jueves fue aprobado por el Ejecutivo el 14 de septiembre para mitigar el efecto de la subida del precio mayorista en la factura de los consumidores. Se trata de medidas que en su mayoría tienen carácter temporal y coyuntural, como es el caso del recorte de los ingresos extraordinarios que reciben nucleares, hidráulicas y algunas nucleares por el alza del gas que dura hasta marzo. También, la suspensión del impuesto a la generación eléctrica (7%) y la reducción del impuesto especial de la electricidad al mínimo que permite la regulación europea (del 5,1% al 0,5%). Aumenta en 900 millones de euros de la recaudación de las subastas de derechos para emitir CO2 destinada a cubrir costes del sistema eléctrico, limita la tarifa regulada de gas natural con un tope del 4,6% durante los dos próximos trimestres e incentivan las subastas de compra de energía a largo plazo. Además, crea un suministro mínimo vital para consumidores vulnerables y limita la sobreexplotación de los pantanos por parte de las hidroeléctricas, con desembalses excesivos como los vistos este verano.