BCN sigue sin protocolos de mediación en el caso de impago del recibo del agua

La ciudad de Barcelona está huérfana de protocolos de mediación para solucionar casos de impagos en el suministro del agua. El consistorio de Ada Colau es el único del Área Metropolitana que no ha abierto negociaciones para establecer un mecanismo de ayudas en caso de facturas impagadas. El protocolo debería haberse firmado en marzo del año pasado, pero sigue pendiente. 

La actual crisis a raíz de la pandemia amenaza con agravar el impacto de este vacío de procedimiento, que pese a ello no ha desembocado todavía en cortes de agua por parte del suministrador Aigües de Barcelona, controlada por Agbar y con el Área Metropolitana y Criteria como socios. La compañía dispone de un Fondo de Solidaridad para ayudar a pagar el consumo de agua a las familias con dificultades.

Los primeros protocolos con los ayuntamientos del Área Metropolitana se firmaron en enero de 2017 y, en su mayoría son por cuatro años, y en algunos casos revisables anualmente. El presidente de Agbar, Àngel Simón, reconoció recientemente que la compañía no se siente «acompañada» por el Consistorio barcelonés e insta a construir un «pacto social» para dibujar el marco de desarrollo de la compañía en los próximos años. En ese pacto público-privado se incluye ese protocolo que la ley exige pero que no se ha definido con BCN. Simón, durante su participación en el Foro Barcelona Capital, organizado por el Círculo Ecuestre, denunció el «silencio por parte del Ayuntamiento de Barcelona, mientras que sí se han firmado protocolos con otros ayuntamientos». 

Consumidor vulnerable

Los servicios sociales municipales son los que deben establecer si el deudor tiene la consideración de «vulnerable». En ese caso, la compañía garantiza inmediatamente el suministro básico, sea agua, electricidad o gas, así como las ayudas necesarias. La legislación establece desde 2015 que «como principio de precaución», en el caso de no pagar una factura de un servicio básico las administraciones «deben establecer los acuerdos o convenios necesarios con las compañías de suministro de agua potable, de gas y de electricidad para garantizar que concedan ayudas a fondo perdido a las personas y unidades familiares en situación de riesgo de exclusión residencial o les apliquen descuentos muy notables en el coste de los consumos mínimos».  

Los servicios sociales son los encargados de determinar si se cumplen los umbrales para determinar el riesgo de exclusión del abonado en función del indicador de renta de suficiencia de Catalunya (569,12 euros mensuales y 7.967,73 euros anuales). Se entiende que se está en «situación de riesgo de exclusión residencial» siempre que se perciban unos ingresos inferiores a dos veces el IRSC, si se trata de personas que viven solas, o unos ingresos inferiores a 2,5 veces el IRSC, si se trata de unidades de convivencia, o unos ingresos inferiores a tres veces el IRSC, en caso de personas con discapacidades o con gran dependencia. En caso de que los ingresos sean superiores a 1,5 veces el IRSC, la solicitud debe ir acompañada de un informe de servicios sociales que acredite ese riesgo de exclusión residencial.

El Ayuntamiento mantiene una tensa relación con Aigües de Barcelona. Recientemente, el Síndic de Greuges consideró que las quejas generadas por las facturas del agua tras el confinamiento se debieron al vacío legal existente ante una situación de este tipo y no a la ineficiencia de la suministradora en la gestión del servicio. El Ayuntamiento había acusado a las compañías de cobrar de más abusando del confinamiento por la pandemia. La propia Colau instó a Agbar a recalcular las facturas emitidas.

El organismo mediador reconoció que las compañías suministradoras de agua se acogieron al reglamento a la hora de establecer una facturación estimada en los periodos en los que no se disponía de la lectura real del contador y en el periodo inmediatamente siguiente en la que ya se disponía de la lectura real. A su vez también exigió un cambio en la regulación que evite problemas de este tipo y mayor proactividad por parte de las suministradoras en la regularización de los cobros a los clientes durante la pandemia.

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