El Estado ha dejado de invertir entre 6.319 y 23.820 millones en Catalunya

El impacto acumulado del déficit de inversiones del Estado en Catalunya restó al producto interior bruto (PIB) catalán 9,8 puntos en el periodo 2002 a 2017(23.820 millones de euros en valores del año 2018). Así lo concluye un estudio elaborado conjuntamente por la Generalitat y AQR-Lab (Universidad de Barcelona), que busca medir un doble impacto: el de la baja ejecución de las inversiones presupuestadas por el Estado en Catalunya y el de la gran distancia entre la inversión presupuestada y el peso económico de Catalunya sobre el conjunto del Estado.

Para evaluar los efectos de la inversión pública en infraestructuras sobre la economía catalana, el estudio ha analizado la inversión del grupo Fomento en Catalunya, que supone el grueso de las inversiones efectuadas por el conjunto del sector público estatal. El estudio utiliza una herramienta de simulación de políticas económicas desarrollada por la Comisión Europea, el modelo 'QUEST-CT' adaptado a la economía catalana, que permite estimar el impacto de las inversiones adicionales sobre el PIB en términos agregados, además del efecto sobre sus componentes (como el consumo o la inversión privada) y el empleo.

Valoración por escenarios

El estudio ha considera tres escenarios. En el primero se simula un grado de ejecución de la inversión del grupo Fomento en Catalunya equivalente al de la media del resto del Estado (85,1%, frente el 74,8% de media en España). En esta primera simulación, la inversión pública anual del Estado aumentaría en 243 millones de euros de 2018 (0,1% del PIB) y esto se traduciría en un PIB 0,3 puntos superior al final del período de aplicación (2017 ).

En el segundo escenario se simula un grado de ejecución del 100%, es decir, el caso donde se hubiera ejecutado toda la inversión presupuestada. Este escenario implicaría un aumento de la inversión pública anual de 524 millones de 2018 (0,2% del PIB) que resultaría en un PIB de 2017 de 0,6 puntos superior al observado.

El tercer escenario simula el impacto de una inversión pública del grupo Fomento equivalente al peso económico de Catalunya (19%), frente al 15% de media actual. La inversión pública anual se incrementaría en 967 millones de euros de 2018 (0,4% del PIB) y esto elevaría el PIB de 2017 en 1,1 puntos.

Un producto interior inferior

El trabajo concluye que si durante el periodo 2002-2017 el Estado hubiera invertido lo que le corresponde según su peso económico (15.476 millones adicionales), en 2017 el PIB hubiera sido un 1,1% superior al observado. Este resultado se explica no solo por el efecto directo de un aumento de la inversión pública sobre el PIB, sino también por un aumento de la inversión privada y de las exportaciones. El análisis también muestra que el hecho de que la inversión pública estatal esté tan lejos de las propuestas simuladas tiene efectos sobre el empleo. En concreto, durante el periodo 2002-2017 se habrían dejado de crear entre 29.500 y unos 113.000 puestos de trabajo, según el escenario analizado.

A partir de aquí, el estudio concluye que el coste de oportunidad acumulada en el conjunto del periodo 2002-2017 es económicamente relevante: 2,6 puntos de PIB en el primer escenario; 5,4 puntos PIB en el segundo escenario; y 9,8 puntos de PIB en el tercero. Estas cifras se traducen (en euros de 2018) en 6.319 millones, 13.146 millones y 23.820 millones, respectivamente.

Inversiones del 2,2% del PIB

Las cifras que presenta el Govern no son muy diferentes de las que ya ha esgrimido la patronal Foment del Treball, que reclama de las administraciones que realicen una inversión equiparable al 2,2% del PIB. Es decir, 5.000 millones de euros de manera sostenida en el tiempo. Con esa inversión podría hacerse frente a las infraestructuras pendientes de realizar --la mayor parte ya licitadas pero no acabadas-- y que se agrupan en lo que Foment denomina Cat-100, el centenar de obras que están por hacerse en estos momentos.

Foment ha propuesto que se inviertan 7.000 millones de euros en los próximos cinco años en Catalunya y a partir de entonces que se mantega un volumen de inversión cercano a los 5.000 millones. La patronal considera que el déficit que se ha generado en infraestructuras desde el 2009 en Catalunya y que se cuantifica en 27.970 millones de euros.