Las pensiones, a la cola de los deberes pendientes

Mientras que la sucesión de citas electorales mantiene congelado el debate político para la reforma de las pensiones, los datos no dejan de recordar la urgencia de la negociación pospuesta.

La nómina de las pensiones contributivas ha vuelto a marcar un récord en noviembre, de 9.735,5 millones de euros, el 4,8% más que en el mismo mes del 2018, según datos publicados ayer por el Ministerio de Trabajo. Hay más pensiones (9,78 millones) y un poco más altas. La pensión media de jubilación se ha situado en 1.142,67 euros, con un alza anual del 3,3%.

Este mismo miércoles, la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados debe aprobar con carácter de urgencia el real decreto ley que permitirá al Gobierno sacar hasta 3.598,20 millones del Fondo de Reserva de la Seguridad Social para atender el pago de la extra de Navidad, que también se abona en noviembre. La ‘hucha de las pensiones’ se puede quedar con apenas unos 1.400 millones, equivalentes a tan solo unos cuatro días de pago de prestaciones.

Los datos aprietan y recuerdan lo urgente de abordar una reforma que permita la sostenibilidad de un sistema que ahora sufre un déficit estructural de unos 17.000 millones de euros al año. Y ello,  sin descuidar la suficiencia de «unas prestaciones dignas» que siguen demandando los jubilados en las calles, para ellos mismos y para sus hijos.

El preacuerdo para encauzar la reforma al que parecían haber llegado en febrero los grupos políticos representados en el Pacto de Toledo saltó por los aires cuando Pedro Sánchez anunció la convocatoria de elecciones generales para el 28 de abril. La mayor parte de los grupos parlamentarios culpó a Unidas Podemos de la ruptura, aunque el grupo morado se sacudió esta responsabilidad.

La reforma, así, aguarda su turno en la lista de deberes pendientes para el próximo Gobierno. Además, el nuevo Ejecutivo deberá aprobar la subida de las pensiones del 0,9% prevista para el año próximo.  

Reformas atascadas

Todos los grupos coinciden en que una de las primeras tareas, a partir de que se constituya el Congreso de los Diputados el 3 de diciembre, será recuperar los trabajos del Pacto de  Toledo.

Sobre la mesa quedó la muy peliaguda cuestión de cómo abordar el diseño de un factor de sosteniblidad que debería servir para ajustar de forma automática la cuantía de la pensión a la mayor esperanza de vida. Este factor obedece al principio de que si se va a vivir más años, la pensión debe ser algo menor. El PP introdujo el factor en su reforma del 2013 pero aún antes de haberle dado forma optó por aplazar su aplicación al 2023. El debate sigue pendiente.

También se quedó en la mesa del Pacto de Toledo la llamada ‘separación de fuentes’, para sacar de la Seguridad Social partidas de gasto que no tienen carácter contributivo --como las bonificaciones a los contratos o los gastos de funcionamiento del sistema— pero que agujerean el sistema.

O la búsqueda de mayores ingresos elevando el tope máximo de cotización (que deja exento de cotizar todo el salario que excede de 4.070 euros al mes). El dilema era si, en paralelo, también debería subir la pensión máxima ( de 2.659,41 euros). 

La creación de nuevos impuestos (como la ‘tasa Google’) para financiar las pensiones, o alargar la actual edad efectiva de jubilación (62,7 años) para acercarla a la legal (67 años en en el 2027), también se quedaron en el tintero.