La UE aprueba duras sanciones para los países indisciplinados

Los países de la zona euro que no apliquen una política presupuestaria rigurosa o que no acaten con rapidez las recomendaciones de sus socios comunitarios para corregir el déficit público excesivo serán sometidos a elevadas sanciones financieras semiautomáticas, según han acordado esta madrugada los líderes de la Unión Europea (UE) en la primera jornada de la cumbre europea. El acuerdo abre la vía para endurecer el pacto de estabilidad y evitar la repetición de otra crisis como la griega, que amenazó la estabilidad financiera del euro. 

Los líderes de los Veintisiete también han pactado crear un nuevo mecanismo de vigilancia macroeconómica para detectar a tiempo las vulnerabilidades y los desequilibrios económicos internos de los países y para obligar a sus gobiernos a corregirlos. Las sanciones en materia de desequlibrios económicos sólo se aplicarán a los países que hagan caso omiso de forma reiterada a las recomendaciones de sus socios, no por la situación económica o la efectividad de las reformas emprendidas, como quería España.

Largas discusiones

Las discusiones se han prolongado de forma tensa durante más de siete horas a causa de las divergencias existentes entre los líderes de los Veintisiete sobre la reforma del Tratado de la UE, que reclamaban Alemania y Francia, para establecer un mecanismo permanente de resolución de crisis financieras estatales y para penalizar políticamente a los estados que actúen con desidia en el control de sus cuentas públicas.

La apertura de un nuevo proceso de reforma del tratado, siempre traumático y potencialmente explosivo, cuando el Tratado de Lisboa no lleva ni 11 meses en vigor, generaba mucha inquietud entre los distintos líderes. Los dirigentes europeos sólo han logrado alcanzar un compromiso alrededor de la 1 de la madrugada sobre la necesidad de crear un mecanismo permanente de resolución de crisis financieras estatales, que sustituya a partir del 2013 el fondo temporal de estabilización creado a raíz de la crisis griega.

Pero los Veintisiete permanecían esta madrugada profundamente divididos sobre qué características debería tener ese mecanismo y cómo iba a funcionar. Por ello, han encargado a la Comisión Europea que prepare para la cumbre de diciembre una propuesta técnica sobre cómo crear ese mecanismo. Al presidente de la UE, Herman van Rompuy, le han encargado que estudie la viabilidad y la forma de realizar una reforma limitada y rápida del Tratado para establecer ese mecanismo sin tocar la prohibición actual que veta a los países de la zona euro asumir la deuda pública de sus socios. Van Rompuy estudiará también la posibilidad de que la reforma incluya la suspensión del derecho a voto de los países indisciplinados, como exige Alemania y a lo que se oponen un nutrido número de estados.

Inflexibilidad alemana

La cancillera alemana, Angela Merkel, ha insistido nada más llegar a la cumbre el jueves que los países que se muestren laxos en la corrección del déficit público deben perder temporalmente su derecho a voto en el Consejo de Ministros de la UE, como sanción política complementaria a la financiera prevista. 

Merkel precisó que el nuevo mecanismo de resolución de crisis debe incluir que los bancos y fondos de inversión acreedores del estado en apuros contribuyan también al rescate del mismo mediante una quita de la deuda para reducir las aportaciones de los demás países europeos a ese rescate, a diferencia de lo que ocurrió con Grecia.

"Necesitamos un mecanismo que incluya a los bancos y los fondos de inversión, que ganan mucho con elevados intereses, y que no sea sólo el contribuyente quien carge con todo el coste", explicó Merkel.

Las discusiones durante la cena han sido especialmente duras y agrias, con Merkel "absolutamente inflexible" y el presidente francés, Nicolas Sarkozy, efectuado intervenciones "muy agitadas", según fuentes diplomáticas. Además de la oposición a la suspensión del derecho de voto a los países, el papel del Fondo Monetario Internacional (FMI) en el futuro mecanismo de crisis y los sacrificios que deberían asumir los bancos privados en un eventual plan de salvamento de un país en apuros seguían dividiendo a los Veintisiete.