Barcelona aloja a casi 3.000 personas en pensiones, un 55% más que hace tres años

El Ayuntamiento de Barcelona alberga a casi 3.000 personas en pensiones, hoteles, hostales y apartamentos tras sufrir un desahucio, sufrir el azote de la violencia machista o llegar a España para solicitar asilo, entre otros apuros que los han abocado a carecer de techo. En concreto, eran 2.950 alojados el pasado 31 de marzo. La cifra, revelada este miércoles en la comisión municipal de presidencia, es un 55% superior a la media registrada hace tres años. 

En 2021, el consistorio costeaba a diario el alojamiento de 1.899 personas sin opciones de proveerse de un hogar y sin red familiar o de apoyo que los auxilie. Un año después, el promedio ascendió a 2.331 personas hospedadas. De los 2.950 albergados a finales del mes pasado, el 35% se hallaban solos y un 30% figuraban en la lista de espera de la mesa de emergencia de vivienda, a expensas de ser trasladados a un piso facilitado por la administración y acorde a sus bajos ingresos. En febrero, el gobierno municipal reconoció que la entrega de las llaves de un domicilio llega a demorarse unos cuatro años en el peor de los casos. 

Los colectivos antidesahucios y de defensa del derecho a la vivienda han advertido de las incomodidades, los desvelos y las malas condiciones con que los alojados lidian, conviviendo y compartiendo estancias con desconocidos mientras se demora un realojo que los alivie de penurias. El Ayuntamiento admite los problemas. 

“Son alojamientos que generan mucha insatisfacción. En primera instancia, a las personas alojadas y, evidentemente, a los profesionales”, afirmó la comisionada de Acción Social del consistorio, Sonia Fuertes. La alto cargo concluyó que las plazas de emergencia que la ciudad costea “no tienen el impacto deseado, la metodología no es la adecuada y no es un servicio básico, sino de emergencia”.

Una provisionalidad que se alarga

El Ayuntamiento paga 34 millones de euros a una empresa del sector turístico y ajena a los servicios sociales, BCD Travel, para disponer de habitaciones donde reubicar a familias y vecinos que atraviesan un aprieto que los ha dejado en la intemperie. En cambio, antes abonaba 27 millones. “Es un contrato que crece”, observó Fuertes, que no se mostró conforme con el coste. 

A su vez, destacó que “la mayor parte” de los alojados “permanecen más de seis meses” en unas plazas calificadas como provisionales. La comisionada señaló que “es muy difícil de alcanzar” el objetivo de que los alojamientos sean realmente efímeros y proporcionar acomodo con premura a quienes se ven atosigados por las estrecheces. Recordó que se trata de barceloneses que padecen una “vulnerabilidad extrema”. “Presentan a menudo un diagnóstico de salud mental, una discapacidad, problemas de salud y algunas son mayores de 65 años”, resaltó.

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Fuertes añadió que “hay dificultad de captación de alojamientos temporales de emergencia”. Avisó que conlleva que “a menudo tensione otros servicios”, en especial en el Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona (CUESB). Las atenciones han aumentado allí un 90% en los últimos tres años y algunos empleados alertan de que un 30% de la plantilla se halla de baja por ansiedad o problemas de salud mental. Parte del personal exige que el servicio deje de confiarse a una empresa y se municipalice.

Alejados y separados

Los colectivos de vivienda se quejan porque, con cierta frecuencia, los desalojados son trasladados lejos de los barrios donde residen y los menores están escolarizados. En algún caso, las familias se han visto separadas al tener que mudarse a hostales diferentes. “Es complejo porque se debe dar salida rápido con escasez de recursos”, alegó Fuertes, que rogó “mayor corresponsabilidad de la Generalitat” para afrontar unas necesidades que no conceden respiro.  

También abogó por tratar el problema “con visión metropolitana, porque hay vasos comunicantes y las fronteras administrativas no sirven desde esta perspectiva porque, de facto, no existen”. Barcelona se ha quejado en algunas ocasiones que otros ayuntamientos empujan a quienes les requieren ayuda a tratar de buscarla en la capital, incluso pagándoles el desplazamiento, aun sin precisar a qué localidades se refiere. 

Para Fuertes, el abordaje que la situación exige no pasa “solo por una mesa que se convoque, sino por una estrategia con una hoja de ruta clara y un presupuesto asignado”, que aúne “confianza, corresponsabilidad y consenso”. “Hablamos de la vida de muchas familias y es seguramente la emergencia más grande que afrontamos las ciudades europeas”, aseguró.