Familias separadas por la complejidad de los realojos de emergencia en Barcelona: "Me quedé sola con el niño"

Tras esquivar cinco órdenes de desahucio, a Mirabela y su familia los echaron de un piso del Besòs en junio de 2023. “Nos quedamos en la calle y, insistiendo a la asistenta social, me ofrecieron una habitación separada de mi familia. Fuimos a dos sitios diferentes: yo con los niños y mi suegra por una parte; mi suegro y mi marido, por otra”, expone la muchacha. Ella, su hija de nueve años, el pequeño de tres y la anciana fueron trasladados a un hostal “arriba de la calle Muntaner”, mientras que su esposo y su padre se cobijaron en otro en Sants. “Comíamos siempre en la calle, porque no nos dejaban juntarnos: ni ir yo para allí ni que ellos vinieran con nosotras”, asegura.

Oumnya ha pasado por una situación similar. Encadena cinco años desplazándose de un alojamiento provisional a otro, fuera y dentro de Barcelona, desde que la desalojaron de una vivienda de la capital que compartía con su marido y el único hijo que tenían entonces. Los servicios sociales les ofrecieron un techo de emergencia, pero la disponibilidad oscilante de habitaciones llevo a la pareja a Castelldefels, Vall d’Hebron, Sabadell…

La siguiente etapa del periplo la llevó a un apartahotel en Badalona a finales de 2019. Oumnya afirma que ahí no dejaron que su esposo conviviera más con ella y el menor. Salvo ocasiones puntuales, el alejamiento forzado ha persistido desde entonces. “Luego nos llevaron a la Sagrada Família, a una habitación de dos metros y con una litera en Navas, a un hostal de Raval con chinches y cucarachas... Me quedé sola con el niño. Decían que mi marido se tenía que buscar la vida y, si quería estar con él, yo debía salir de la pensión”, relata Oumnya.

Cuenta que su esposo tuvo que alquilar una habitación en el Raval y paga 500 euros por compartir un piso con otros cinco hombres. “Mi hijo solo va allí en fin de semana y el dueño pide más dinero para que esté allí, aunque no hace gasto alguno”, se queja. El marido encontró un empleo y ella empezó a trabajar hace poco, por lo que les emplazan a buscarse una habitación. "Pero el precio del alquiler es imposible en Barcelona...", observa Oumnya.   

El mismo apuro se le planteó a una madre y un hijo que dependen el uno de la otra: ella (52 años) no sabe catalán ni castellano y él (22 años) padece una discapacidad severa. Se les ofreció alojarlos por separado días después de quedarse sin hogar. Elevaron el caso al Síndic de Greuges de Barcelona, que este enero dictó una resolución en que se expresa preocupado por las dificultades para localizar plazas residenciales adecuadas. Detrás de los casos subyace la misma conjunción: vulnerabilidades complejas y un sistema de realojamiento tensionado.

Casos "excepcionales" e "infrecuentes"

Mirabela y Oumnya son usuarias de los servicios sociales del Ayuntamiento de Barcelona. El consistorio indica que las separaciones indeseadas tras un desalojo son “totalmente infrecuentes” y ocurren en “casos excepcionales”. Apunta que acontecen cuando se topa “puntualmente con pensiones y hostales sin plazas”.

“Puede pasar cuando hay eventos culturales o económicos que incrementan la ocupación”, ejemplifica el Ayuntamiento. “En ese caso, puede ser muy difícil encontrar habitaciones grandes o dos habitaciones en establecimientos que, en circunstancias de normalidad, ya suelen estar bastante llenos”, admite.

De todos modos, señala que lo habitual es “mantener siempre juntos a los núcleos familiares”. “Si excepcionalmente no ha sido posible, se está pendiente de la liberación de plazas en los recursos disponibles para reagruparlas”, alega. El consistorio subraya que, pese a los desajustes, “vela por el bienestar de las familias y por garantizar la cobertura de las necesidades básicas”.

Asilados en la calle

Los sindicatos de vivienda consultados advierten de la saturación en los alojamientos temporales y la precariedad con que las familias lidian. El Grup d’Habitatge de Sants explica que salió a manifestarse y negoció con el Servicio de Atención a Inmigrantes y Refugiados (SAIER) para que se reagrupara a un matrimonio al que no se ofreció cobijo al marido. “El bebé de cuatro meses tuvo neumonía porque la familia estaba todo el día en la calle, ya que a él no le dejaban entrar en el hostal”, critica el colectivo.

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Idéntico apuro atraviesa Nino, que vino de Georgia hace cinco meses con su pareja y dos hijas de seis y dos años para pedir asilo después de recibir amenazas en su país. Tras entrar en contacto con el SAIER, ella y las menores se albergan en un hostal en L’Hospitalet. En cambio, el marido se las apaña a la intemperie y sin ingresos fijos. 

“Le dicen que se espabile, pero está a la espera de asilo... No tiene para pagarse una habitación y duerme en la calle”, protesta su mujer. Confiesa sentirse insegura cuidando sola de dos menores y rodeada de desconocidos en la pensión. “Mi hija se da cuenta de que hay otros niños con sus padres en el hostal y pregunta por qué no está el suyo con ella. Hemos venido buscando seguridad y justicia, pero lo primero que hemos encontrado es una separación injusta”, recrimina.

Por su parte, Mirabela acabó volviendo en menos de un mes al Besòs: “Mi niño estaba acostumbrado a dormir con su padre y lloraba por no estar con él. No quería quedarse allí. Teníamos una hora de camino hasta el cole y no nos pagaban el transporte... No podía seguir allí”. 

La chica añade que acudió hace tres años a la mesa de emergencia de vivienda y tiene la petición aprobada para acceder a un hogar acorde a sus bajos ingresos. Como es usual, no sabe cuándo terminará la espera. Mientras tanto, paga 500 euros al mes por un alquiler fraudulento a alguien que se apropió de un piso vacío. Está al borde del desahucio otra vez. Trató de escapar de la espiral ocupando ella misma un domicilio deshabitado, pero salió mal: “Los Mossos vinieron a los tres días y reventaron la puerta. Estaban mis hijos. Ahora tienen miedo de que entre en otro piso. No quiero volver a pasar por eso”.

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