Un desahucio destapa un presunto caso de acoso sexual a tres inquilinas en Barcelona: "Llegó a besarme en la boca"

“Llamaba todos los días y me pedía que saliera con él. Se presentaba en casa y abría con su llave. Nos decía que éramos muy guapas. Cuando venía a casa, se acercaba mucho, hasta que un día llegó a besarme en la boca”. Esta es la situación de acoso que denuncian Sofía (nombre ficticio) y su familia, por parte de D. D., el propietario del piso donde viven de alquiler en la Nova Esquerra de l’Eixample, en Barcelona. Están amenazadas de desahucio, aunque hasta ahora han conseguido suspender la ejecución en dos ocasiones.

Tras conocer la situación, el Sindicat de l'Habitatge de l'Eixample ha emprendido una serie de acciones para presionar y negociar para que la familia pueda quedarse en el piso. La campaña ha consistido, en primer lugar, en imprimir carteles en los que acusan de “cómplice” a la inmobiliaria de la familia de D. D., y tachan a este último de “agresor”. Esto llevó al dueño a presentarse ante el local del sindicato para reprocharles sus acciones, con gritos de indignación, como muestra un vídeo difundido en las redes sociales.

Alex Zaragueta, abogado del hombre señalado, expone a este medio otra versión. Sostiene que el dueño del piso niega haber entrado nunca en la vivienda con su llave sin notificación previa y considera las acusaciones "un chantaje". Resalta que las chicas protagonistas no han presentado denuncia por acoso, mientras que el acusado sí ha presentado dos denuncias contra el sindicato. Afea que hayan contactado con medios de comunicación una vez sentenciado el desahucio. La empresa familiar, contactada por este diario, manifiesta su irritación por las actuaciones del sindicato: “Han empapelado la oficina, la calle, los coches. Nosotros no tenemos nada que ver”. Además, empresa y abogado, aseguran que su familiar, D. D., ya no trabaja allí porque “se ha jubilado” recientemente, una información que el sindicato cree "falsa".

"No sabíamos que él era el propietario"

Sofía tiene 45 años y es madre de tres hijas de 13, 20 y 25 años. La pequeña tiene una discapacidad debido a que padece el síndrome de regresión caudal, que en su país de origen, Guatemala, “no podían atender”. Así, la primavera del 2022 las cuatro integrantes de esta familia y la abuela, de 75 años, emigraron a España con la esperanza de poder ayudar a la menor. “Cuando vinieron aquí, trataron a la pequeña en un centro hospitalario el primer mes y ha mejorado su movilidad”, explica el Sindicat de l’Habitatge de l’Eixample, que atiende el caso de esta familia. 

Las hijas mayores se matricularon en una universidad privada de Barcelona para obtener el visado de estudiante, que permite trabajar legalmente. No lo consiguieron. Dos meses después de su llegada, aún vivían en apartamentos turísticos fuera de Barcelona debido a su situación irregular y la ausencia de nóminas. Un día, las dos hijas de 20 y 25 años acudieron presencialmente a una agencia inmobiliaria de la capital catalana, donde conocieron a D. D., quien acabaría siendo su casero.

Allí, D. D. ofreció rápidamente una vivienda a las jóvenes. “Nos dijo que justo se había quedado libre el piso de una propietaria”, aseguran las afectadas, quienes añaden que no fue hasta más tarde que se enteraron de él mismo era el dueño del inmueble. Así figura en el contrato de alquiler al que ha tenido acceso este diario.

La familia alquiló la vivienda, ubicada en la avenida Josep Tarradellas, en junio del 2022. Por 61 metros cuadrados les cobraba 1.400 euros, un precio que supuestamente el propietario rebajó, según palabras de las inquilinas, “porque eran muy guapas” y “con la condición de hacer los pagos en efectivo”. “El día que fuimos a ver el piso, nos dijo que nos invitaba a tomar unas cañas, propuesta que rechazamos. Además, se acercaba y nos tocaba mucho los brazos”, dicen las hermanas. “Era incómodo, pero pensamos que eran costumbres de aquí, y era la única persona que no nos pidió nóminas para alquilarnos un piso”, explican.

“Al principio se lo pagamos todo en efectivo, tanto la fianza como las primeras mensualidades, de las que nunca nos dio ningún recibo”, sostiene la familia, que subsistía con ahorros de Guatemala y trabajos de limpieza en negro. “Tampoco nos pasaba las facturas de los suministros, a pesar de que se lo pedimos en varias ocasiones”, afirman.

Fue al entrar a vivir en el piso cuando los episodios de acoso fueron 'in crescendo' , según la versión de la familia. “Me llamaba todos los días y, si no le contestaba, llamaba a mis hijas mayores”, asegura Sofía. “Me preguntaba si podríamos tomar algo, conocernos mejor, que nos enseñaba Barcelona… Las llamadas se alargaban hasta los 40 minutos o una hora. Yo siempre le daba largas para que no se molestase, por miedo a que nos echara”, añade la madre. 

Según la misma fuente, a las llamadas se sumarían presuntos allanamientos de morada por parte del hombre. “Tenía una copia de las llaves y venía y abría él mismo. Decía que quería ver si estaba bien el piso. También me preguntaba cuándo no estarían mis hijas para poder venir a verme”, explica Sofía. 

La última vez que D. D. habría entrado en la vivienda habría sido el 18 de abril del 2023, cuando el hombre se presentó en el piso supuestamente para revisar una habitación que no tenía luz desde que se instalaron. “Ese día me volvió a proponer que bajáramos a tomar algo. Cuando se iba a ir, se me acercó como a darme dos besos, pero me giró la cara y me besó en la boca”, relata la mujer. Una escena que una de sus hijas habría visto desde el otro lado del pasillo, por lo que ambas le pidieron al hombre que se marchara. “Le cerramos la puerta y ya no le contestamos más al teléfono”, afirman madre a hija. A partir de ese momento, comenzarían a hacerle los pagos vía transferencia. 

Demanda de desahucio

Después de este episodio, y según la misma versión, el propietario empezaría a exigir los pagos de los suministros por los que la familia llevaría meses preguntando, y las afectadas comenzaron a "tener problemas" para asumir el coste del piso. Finalmente, un mes se retrasaron en el pago de una mensualidad. “Se pagaba entre el día 1 y el 5 del mes, y le hicimos la transferencia el día 7. Al día siguiente nos llegó la demanda para desahuciarnos”, afirman.

Zaragueta, el abogado que defiende al dueño, muestra a EL PERIÓDICO un correo enviado por las inquilinas este mismo viernes, tras la publicación del artículo. En él, las chicas pedirían a la propiedad una "condonación de la deuda" acumulada y la que se genere hasta diciembre de 2024, cuando se comprometen a dejar la vivienda por voluntad propia. El letrado considera que este plazo demuestra que su cliente "fue engañado" al alquilar el piso: "Le dijeron que eran estudiantes y que solo necesitaban el piso un año, que necesitaban el contrato para tramitar el NIE y que no cambiase de nombre los suministros al quedarse solo 12 meses". Asegura que les rebajó dos mensualidades de 1.400 a 1.100 euros y que tras ese gesto "dejaron de pagar y ya llevan un año así".

"A otras inquilinas les pasa lo mismo"

La trabajadora social que atiende a la hija menor de Sofía les recomendó acudir al Sindicat de l’Habitatge de l’Eixample. “Les comentamos nuestro caso y nos dijeron que este señor estuvo haciendo cosas que no debía desde el primer momento”, cuentan. La entidad sostiene que D. D. habría "aprovechado" la situación de vulnerabilidad de esta familia para “acosar sexualmente” a sus inquilinas.

“Los contratos de alquiler no son entre partes iguales: mientras una necesita el piso para vivir, la otra se enriquece. Es esta relación de desigualdad la que ha permitido que D. D. acosara durante meses a Sofía y a su familia”, reivindican. Iniciaron una protesta con carteles señalando al hombre y a la inmobiliaria y buscaron otras inquilinas del mismo arrendador. “Vimos que a les pasaba lo mismo. Todas eran chicas extranjeras, a las que tampoco les pasaba los recibos del alquiler ni de los suministros”, afirman fuentes del sindicato. Sostienen que las otras afectadas han manifestado "problemas similares" de presunto acoso, con llamadas y visitas a las que también trataban de poner freno.

Sin denuncias

Ni las demás inquilinas ni Sofía han denunciado ante la policía los comportamientos de su casero. "Por miedo a que me perjudicara más, no lo denuncié a tiempo. Si lo hago ahora, me dirán que por qué no lo dice en su momento", lamenta Sofía. En casos de violencias contra a mujer, las autoridades tienen constancia de la gran infradenuncia existente a causa del miedo, desconocimiento de derechos o dependencia del agresor. Sin embargo, madre e hijas han decidido explicar su caso públicamente "para todas las personas que están sufriendo algún acoso o abuso por parte de los propietarios". "Nosotras no denunciamos a tiempo por miedo. Si a raíz de nuestro caso alguien se anima a alzar la voz, para nosotras ya habrá valido la pena", declaran.

Hasta la fecha, el desahucio de Sofía y su familia se ha cancelado en dos ocasiones tras haberse reconocido su situación de vulnerabilidad, concretamente por bajos ingresos, una menor con discapacidad y una persona mayor dependiente en el mismo núcleo familiar. El primero se programó para el 19 de diciembre de 2023; el segundo iba a llevarse a cabo este miércoles 6 de marzo. Ahora las cinco mujeres esperan una nueva fecha de lanzamiento, mientras tratan, a su vez, de encontrar una alternativa o pedir un alquiler "más razonable". "Siempre hemos querido hacer las cosas correctamente: trabajar, pagar impuestos y pagar alquiler. No queremos vivir de ayudas, vinimos aquí por nuestra hermana pequeña”, concluyen.

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