La espera para un piso de emergencia en Barcelona se duplica este mandato: más de dos años y medio

La falta de vivienda asequible es uno de los motivos de debate en la campaña de las elecciones municipales en Barcelona, también en buena parte de las poblaciones del área metropolitana. El Ayuntamiento ha pasado de atesorar unos 7.500 domicilios al inicio del mandato de la alcaldesa Ada Colau en 2015 a contar ahora con unos 11.600. La capital ha amasado unos 4.100 a lo largo de los últimos ocho años, lejos de los 8.000 que la candidata a la reelección prometió antes de tomar la vara de mando. De todos modos, el esfuerzo del consistorio por ampliar la dotación contrasta con la magra cantidad de pisos de protección oficial de la Generalitat. De hecho, el Incasòl no ha acabado ni uno solo en la urbe desde 2019. Aparte, otra arista es la larga espera a que se suele someter a vecinos y familias para acceder a una vivienda que les alivie de las penurias para costearse un techo y del riesgo de caer en un desahucio.

El Consorci de l’Habitatge de Barcelona admite que la demora en la Mesa de Emergencia de vivienda ha ido en aumento, tal como plasma en una respuesta a una petición de acceso a información pública presentada por EL PERIÓDICO. El ente público -en que participan la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona- precisa que un demandante aguardaba de media de un año a un año y dos meses a finales de 2018 entre que presentaba el formulario, obtenía una resolución favorable para que se le concediera un hogar supuestamente aprisa y podía mudarse en realidad. En cambio, los datos más recientes revelan que el desfase se ha duplicado. 

En diciembre de 2022, el retraso desde que se inicia el proceso, se estima la solicitud y se facilitan las llaves fluctúa entre dos años y medio y dos años y ocho meses de promedio. Dicho de otro modo, la dilación para socorrer a quienes se ven acosados por los apuros se ha incrementado de 12 a 14 meses hace cuatro años a un margen más prolongado, de 30 a 32 meses. El Consorci de l’Habitatge matiza que el plazo “puede variar en función del número de dormitorios de la vivienda asignada”.

Reproche al Govern

Consultado sobre las dificultades para desencallar la entrega de pisos de la Mesa de Emergencia, el Ayuntamiento de Barcelona culpa a la Generalitat. Según sus propios cálculos, el Govern ha contraído una deuda de 1.259 viviendas con la ciudad para paliar necesidades perentorias. 

De acuerdo a las últimas estadísticas del Consorci de l’Habitatge, 695 demandantes tenían pendiente el pasado abril en la capital que se les proporcionara el domicilio comprometido. Son 189 casos más en lista de espera que cuatro años atrás.

El consistorio enfatiza que los supuestos que la Mesa de Emergencia examina no son necesariamente vecinos que ya han sido desalojados. Remarca que, “en muchas ocasiones, permanecen en su vivienda antes de recibir el piso social”. “Si la familia no dispone de una alternativa temporal propia, el ayuntamiento ofrece un alojamiento de emergencia temporal”, puntualiza. El hospedaje en pensiones costeadas por el ayuntamiento ha crecido un 70%.

El gobierno municipal sostiene que “no habría las 700 familias a la espera de una vivienda que hay hoy” si la Generalitat hubiese cumplido con las obligaciones que le urge a asumir. El consistorio detalla que el Govern ha aportado 304 hogares a la Mesa de Emergencia para adjudicarlos entre 2016 y 2022. Indica que suponen el 24% de los pisos puestos a disposición para aplacar urgencias. El ayuntamiento subraya que el porcentaje no casa con el peso del ejecutivo catalán en el Consorci de l’Habitatge, equivalente al 60%. De ahí que el bipartito de Colau calcule que la Generalitat tendría que haber cedido 1.599 domicilios en los últimos siete años para apaciguar carencias.   

Las cifras hacen patente que los aprietos en Barcelona para conseguir un hogar con el que zafarse de las estrecheces no han remitido en el mandato que ahora vence. Las solicitudes en trámite eran 767 en la Mesa de Emergencia de abril, cuando se dispensaron 13 domicilios. En el mismo mes de 2019, se registraron 589 expedientes en curso y se entregaron 15 viviendas. 

Protección oficial

Cuestión aparte son los bloques de protección oficial que se han levantado en Barcelona. Los finalizados en los últimos años son pocos en comparación con los concluidos una década atrás. Entre diferentes operadores, se edificaron 2.235 pisos entre 2011 y 2012, por 788 acabados entre 2021 y 2022. De enero a marzo de 2023, se han erigido 165, de los que 162 llevan firma municipal.

El recuento de la Generalitat revela que entes vinculados al ayuntamiento -el Institut Municipal de l’Habitatge de Barcelona y Foment de Ciutat- y el Consorci de la Zona Franca -participado por el consistorio y el Estado- han construido 801 domicilios entre enero de 2019 y marzo de 2023, contabilizando los de alquiler, los de compraventa y con opción de arrendamiento o adquisición. En cambio, el Incasòl -dependiente de la Generalitat- acredita haber terminado solo uno en 2019 y ninguno más desde entonces.

El Departament de Territori aclara que esa vivienda suelta en su censo es, probablemente, una unidad más de un bloque completado en los años anteriores y que, por alguna reforma o cierto trámite que se hizo de rogar, quedó pendiente de anotarse. Entre 2011 y 2018, el Incasòl certificó haber rematado 189 domicilios de protección oficial en Barcelona. 

Ante la falta de nuevas construcciones en el actual mandato, la ‘conselleria’ alega que la promotora pública carece de suelo en la capital. Recalca que los solares públicos en la ciudad están sobre todo en manos del ayuntamiento, que tiene competencias propias en vivienda, agrega. El Incasòl está a punto de finalizar un inmueble con 16 viviendas en la urbe y comenzará este año a alzar otro, con una quincena más de hogares. Territori explora vías de adquisición para proveer 10.000 pisos de alquiler social, a falta de concretar cuántos serían en Barcelona y cuántos en los demás municipios.

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