¿Quién recibe las viviendas de protección oficial en Catalunya?

En 2021, 52.713 personas estaban apuntadas como solicitantes de vivienda de protección oficial en el registro de la Generalitat y, solo un 6,8% (3.624) consiguieron una, según los datos facilitados a través de una petición de transparencia de Verificat a la Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC). Sin embargo, el último informe de solicitantes de la AHC da una cifra aún más elevada de solicitantes para el conjunto del territorio catalán si se incluyen también los inscritos en el registro del Ayuntamiento de Barcelona: 84.467 personas en toda Catalunya.

La Agència de l’Habitatge de Catalunya no adjudica todas las viviendas protegidas de Catalunya, ya que algunos municipios tienen su propio registro de solicitantes, como es el caso de Barcelona, Badalona, l’Hospitalet de Llobregat, Lleida y Terrassa, entre otros, que tienen registros propios. Respecto a 2020, el año pasado aumentaron las concesiones de la Agència de l’Habitatge de Catalunya un 60%. De esta forma, se recupera la tendencia al alza de los últimos años, ya que entre 2016 y 2021 se adjudicaron el doble de viviendas protegidas que entre 2010 y 2015. El año que más personas consiguieron una residencia de protección oficial de los últimos 11 fue 2018 (6.779) y el año que menos, 2010, cuando se adjudicaron 45 viviendas. 

Para poder obtener una vivienda protegida es necesario estar inscrito en el registro de solicitantes, ser mayor de edad, residir en Catalunya y no superar un límite de ingresos que se establece en función de los miembros de la unidad de convivencia y de la zona geográfica. Por ejemplo, una familia de tres personas que reside en Barcelona no puede ingresar más de 28.558 euros al año si quiere acceder a una vivienda de promoción pública. La misma familia en Alós de Balaguer (Lleida), como máximo, puede ingresar 21.418. En el caso de las promociones privadas, los umbrales son más elevados.

El año pasado, las personas que obtuvieron una vivienda protegida ingresaban 19.430 euros anuales de media entre el conjunto de la familia, según los datos facilitados por la Agència de l’Habitatge. En 2010 la media de ingresos era más elevada, es decir, las personas que obtenían una vivienda de protección oficial cobraban más que ahora. No obstante, ese año se adjudicaron muchas menos viviendas también (45). 

Dos de cada cinco tiene menos de 35 años

Casi la mitad de las viviendas de protección oficial el año pasado se otorgaron a personas que vivían solas, el 46% de todas las adjudicaciones. El 26% fueron para unidades familiares de dos miembros y el resto, un 28%, para familias de tres o más personas. De hecho, menos de un 8% del total de adjudicaciones fueron para familias monoparentales o numerosas. 

En cuanto a la edad, los datos ofrecidos por la Agència de l’Habitatge solo desglosan por la edad de los adjudicatarios y no de todos los miembros que después viven en aquel domicilio y que, por lo tanto, también son beneficiarios. Según esto, en la última década la media de edad de los que han conseguido una vivienda protegida no ha variado prácticamente, y se sitúa alrededor de los 42 años. Aun así, 2 de cada 5 adjudicatarios el año pasado tenían menos de 35 años.

En lo que no hay apenas diferencia es en el género de los que reciben una vivienda de protección oficial: el 51% el año pasado fueron mujeres, y el 49%, hombres.  

El 84% son para españoles

Una desinformación recurrente sobre las viviendas sociales es que los extranjeros acaparan la mayoría. Esto lo han repetido diversos políticos de Vox en el Parlament de Catalunya. Sin embargo, no concuerda con los datos facilitados por la Agència de l’Habitatge. Según esos números, solo el 15,9% de las viviendas protegidas que se otorgaron el año pasado fueron a personas de nacionalidad extranjera. 

El 84,1% (3.049) de las 3.624 viviendas de protección oficial de 2021 fueron para personas de nacionalidad española. Mientras que, de las 575 adjudicaciones a extranjeros, el 97% fueron para extracomunitarios y el 3% para personas de la Unión Europea.

Aun así, el origen de una persona no es un requisito en función del cual se otorga la vivienda protegida, a diferencia de los ingresos. La tasa de riesgo de pobreza es mucho mayor para las personas de fuera de España que para los españoles. El 52,7% de las personas extranjeras estaba en riesgo de pobreza o exclusión social en 2021, mientras que la tasa entre las personas de nacionalidad española era del 20,7%, según el cálculo de la tasa AROPE publicado por el Idescat. 

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