La presencia de antidisturbios en desahucios se ha reducido un 23% con el nuevo protocolo de Interior

El 25 de mayo de 2021 fue el primer día en que Pere Aragonès se levantó como 'president'. En la víspera había prometido el cargo, al que había llegado triangulando dos acuerdos. El principal, que fijaba un Govern de coalición con Junts y el otro, con la CUP, por el que se garantizaba los nueve votos anticapitalistas en su investidura. En el pacto entre republicanos y anticapitalistas se abogó por modificar el protocolo de lanzamientos judiciales para que las unidades BRIMO y ARRO (es decir los antidisturbios) del Cos de Mossos d'Esquadra (CME) no intervinieran en desahucios en familias o personas vulnerables. 

Y ese 25 de mayo de 2021 amaneció con un desahucio, ya previsto, de una casa en el Poble Sec, el Bloc Llavors. La resistencia al desalojo derivó en una actuación de las unidades antidisturbios. Y frente a ellos, varios diputados de la CUP y dos de los Comuns. La protestas, ya sin los políticos, acabó con una ocupación de la sede de ERC en la calle de Calàbria.

Pasados los meses, las comisiones de Interior del Parlament, varias votaciones en el hemiciclo y bastante polémica, el 3 de noviembre de 2022, el 'conseller' de Interior Joan Ignasi Elena presentó el Protocolo Normalizado de Trabajo (PNT) para estas situaciones. Del texto, Elena ponderó que era una herramienta que ayudaría a los Mossos a desenvolverse en situaciones que nunca son fáciles y que "situaba en el centro" de la intervención policial "a las personas vulnerables".

Un problema, el de los desahucios, que dista de ser exclusivo de Catalunya: en 2022, y en el conjunto de España, hubo 38.266 desahucios, 177 al día, 27.533 derivados del alquiler y 8.509 de impagos de hipoteca, además de 24.935 nuevas ejecuciones hipotecarias registradas. Eso sí, Catalunya encabezó el número de desalojos con un 21,8% del total del Estado, según datos facilitados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Recursos disponibles

Este protocolo establece que la policía debe informarse de si en la casa a desalojar hay alguna persona vulnerable, sobre todo algún menor, y, si ese es el caso, activar los servicios sociales. El responsable policial de la actuación puede, en función de la situación que observe, poner en escena los recursos humanos que considere, también los antidisturbios.

El balance que maneja la Conselleria de Interior de los tres primeros meses de activación del plan, es que, en este periodo, en comparación con el trimestre previo, se registra una caída de la presencia de los Mossos en desahucios de casi una cuarta parte. Un 23%, concretamente.

En los tres meses completos desde la entrada en vigor del protocolo (diciembre, enero y febrero) el total de intervenciones con ARRO ha sido de 91 (una media de 30 intervenciones por mes) en enero, febrero y marzo de 2023, frente a las 117 intervenciones (39 por mes) en la suma de acciones de julio, setiembre y octubre de 2022 (en agosto no hay desahucios).

Entre 2016 y 2020, la policía autonómica solo intervino en el 19% de los desahucios, registrándose incidentes en el 0,7% del total. En los 12 meses transcurridos entre marzo de 2022 y febrero de 2023 la presencia de los antidisturbios fue requerida en el 0,2% de los casos.

La mediación

Asimismo, en los últimos 12 meses, el área de mediación de Mossos se ha activado en un total de 175 desahucios, lo que significa un 40% del total de desalojos en los que ha participado la policía catalana en el período analizado. Las principales funciones del área de mediación son facilitar la comunicación con colectivos manifestantes y la interlocución con los actores sociales, reducir la tensión del conflicto y reducir los efectos de la intervención policial. La mayoría de intervenciones del AME se han concentrado en la ciudad de Barcelona, especialmente en los distritos de Nou Barris (con 21 acciones), Ciutat Vella (20), Sants (17), Sant Martí (17) y ya a más distancia, Gràcia (13) y Horta (11).

Con el decreto de reestructuración de los Mossos aprobado por el Consell Executiu en marzo de 2023, gana peso jerárquico la parte de mediación y diálogo, que pasa de ser un área a ser una división, lo que significa que se pueden destinar más agentes y más recursos.

Suscríbete para seguir leyendo