El problema de la vivienda

El nuevo protocolo de desahucios de los Mossos no excluye a los antidisturbios

El 'conseller' Elena defiende que coloca a las personas vulnerables en el centro de la intervención policial porque ordena activar los recursos sociales necesarios para no agravar la situación

El acuerdo que Esquerra firmó con la CUP, sin embargo, sí incluía no enviar agentes de la ARRO o la Brimo a desalojar familias

La Policía Nacional durante un desahucio.

La Policía Nacional durante un desahucio.

Guillem Sánchez

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El ‘conseller’ de Interior, Joan Ignasi Elena, ha ofrecido este jueves su primera rueda de prensa tras la destitución del comisario jefe de los Mossos d’Esquadra, Josep Maria Estela. Ha sido para presentar un nuevo PNT (Protocolo Normalizado de Trabajo) sobre cómo debe actuar la policía catalana en los desahucios, un motivo al que se ha aferrado para esquivar las preguntas que han llegado al final del acto acerca del cese que ha supuesto el regreso del comisario Eduard Sallent, presente también en la rueda, al frente del cuerpo policial. Cuestionado Elena sobre si era verdad que Estela se plantó ante la 'conselleria' porque las injerencias políticas no le dejaban hacer su trabajo, el 'conseller' ha respondido que "todo el mundo en el cuerpo catalán puede hacer su trabajo".  

El nuevo protocolo ha sido defendido tanto por Elena como por Sallent y la portavoz Montse Escudé como una herramienta que ayudará a los policías a actuar en un terreno muy pantanoso y que sitúa en el centro de la intervención policial "a las personas vulnerables", tal como incluía el acuerdo de apoyo al Govern que se firmó con la CUP.

Se activarán los recursos necesarios para no agravar su vulnerabilidad y se seguirá cada caso desde la Unitat Central de Intervenció en Conflictes d'Habitatges, un nuevo grupo proyectado hace dos años para gestionar situaciones complejas. En sentido contrario, no excluye el recurso de los antidisturbios en los desahucios cuando se considere que son necesarios, una condición contemplada también en el citado acuerdo con los antisistema. Quizá, el punto más importante y sobre que Esquerra había dado a entender que respetaría.

El nuevo PNT dice que el máximo responsable de un desahucio es el jefe del Área Básica Policial (ABP) del territorio. También ordena a la Comissaria General d’Informació cerciorarse de si en el interior de la casa ocupada hay personas vulnerables y, en concreto, un menor. Estipula que deben activarse los servicios sociales en caso de que así sea. Por último, deja claro que el responsable, con esa información, debe activar los recursos que considere oportunos en cada situación. Lo cual incluye a los agentes del Área Regional de Recursos Operatius (ARRO) y a la Brigada Mòbil (Brimo). Es decir, lo que explícitamente decía el acuerdo con la CUP que debía evitarse en caso de familias vulnerables.

Pautas ante la flagrancia

Sallent, en su primera aparición pública tras el nombramiento, ha detallado asimismo que el PNT resulta necesario para dar pautas de actuación concretas a los agentes ante conceptos jurídicamente ambiguos como el de "flagrancia". A menudo, ante una ocupación que acaba de producirse, los policías dudan sobre si deben actuar o no dado que al hacerlo quizá estén cometiendo el delito si más tarde un juez valora que los ocupas ya habían constituido morada en el inmueble ocupado.

El PNT da instrucciones acerca de si los agentes han observado si los ocupas estaban forzando la cerradura, o entrando por la ventana, de si existen testigos que lo declaran, o de si ha sonado una alarma que indica que la entrada acaba de producirse. Si existen indicios que pueden recogerse en un atestado, los agentes deben actuar para deshacer la ocupación flagrante antes de acudir a la autoridad judicial, ha defendido Sallent. Y, en caso de no actuar por existir dudas razonables, deben instar al propietario –con quien deben contactar proactivamente si no está presente– a presentar una demanda judicial en la que se solicite una medida cautelar de desalojo.

Elena ha recordado que se habla mucho "de la participación de los Mossos en los desahucios, y de su rol". "Los Mossos no desahucian. Quien desahucia es una sociedad injusta y todo lo que ha fallado hasta llegar hasta este punto, una sociedad que no es capaz de garantizar el derecho a la vivienda", ha subrayado. Entre 2016 y 2020 en Catalunya se han efectuado más de 73.000 desahucios y la policía catalana ha intervenido en un 20%. Solo en un 0,8% ha habido "problemas", según Elena.

En la rueda de prensa, Elena ha dejado claro también que los Mossos son una policía integral, lo cual significa que cuando actúan para cumplir una mandamiento judicial lo hacen siguiendo las órdenes de un juez. Cuando estas órdenes expliciten que se requieren recursos de orden público se enviaran independientemente de lo que acuerde el PNT, aunque esta condición no aparece en la mayoría de mandamientos.

Durante la comparecencia, tanto Escudé como Sallent también han negado "el mito" de los ocupas que entran en viviendas que no están vacías. Porque se trata de segundas residencias o porque se trata de una primera residencia que puntualmente estaba vacía porque los inquilinos se encontraban fuera. "Estos casos, que son muy residuales, suponen una violación del domicilio por parte de los ocupas y debe actuarse porque se trata de un delito más grave que la usurpación de la vivienda –cuando el piso está abandonado–", ha argumentado Sallent.