Esperando durante años un piso social en la Gran Barcelona: "Quieren que nos olvidemos y nos vayamos"

La hija de Andrea revolotea agarrada a unos folios y unos rotuladores mientras la madre relata el vía crucis que recorren a la espera de que Barcelona les salga al rescate. La Mesa de Emergencia de vivienda acordó en 2021 proporcionarles un piso, meses después de ser desahuciadas. Unos conocidos les brindaron cobijo antes de que el Consorci de l’Habitatge de Barcelona -participado por la Generalitat y el Ayuntamiento- admitiera que les amparaba el derecho a mudarse a un alojamiento estable, a cambio de abonar un alquiler social. Sin embargo, la entrega de las llaves permanece encallada desde hace unos dos años. Es lo que le sucede a 707 demandantes de domicilio y sus familias en la capital: pese a contar con un expediente aprobado, carecen del hogar que la administración les debe surtir. 

Andrea ha quedado anclada con su pequeña en un piso en que, por mediación de los servicios sociales, comparte desvelos y miserias con otra madre atribulada. “Tuve que tirar mis muebles, regalar otros... y llegar con lo justo. Es incómodo”, se sincera la chica. Ajena a las penurias que preñan la conversación, su niña se ha entretenido pintando una casita, coronada por una chimenea y un tejado a dos aguas: se antoja tan fantasioso encontrar tal caserío en la ciudad como un hogar que sacie aprisa una necesidad hambrienta. 

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“Dibuja casas con frecuencia. Cuando pasamos por delante de donde vivíamos, me pregunta: ‘mamá, ¿por qué está cerrada nuestra casa?’. Le han puesto una puerta antiokupa”, susurra la madre, atenta a que la inocencia de la menor no sea pisoteada. Andrea gana 840 euros, casi 200 menos que el arrendamiento tipo en la ciudad. “Dicen que hay muchas más personas con emergencias, que tenemos que hacer cola como cuando vas al hospital y atienden primero al que tiene más urgencia... Es indignante, vergonzoso y absurdo”, se despacha.

Una espera desquiciante

Los hogares comprometidos para quienes se hallan en trance de quedar desabrigados en la urbe han pasado de proveerse con un retraso de hasta un año y dos meses de media en 2018 a tardar dos años y ocho meses de promedio a finales de 2022, admitió el Consorci de l’Habitatge a EL PERIÓDICO. "Hay gente que aún debe esperar más", corrige Eloísa, a quien la asistenta social le ha prevenido de que no confíe en recibir la vivienda que solicita antes de tres años.

“Necesito un sitio donde mis hijos puedan echar adelante. Por eso vine de la República Dominicana, mi país. Pero, ¿quién iba a pensar que la vivienda estuviera así de mal aquí?”, lamenta. No sabe cuándo se evaluará su petición, que empezó a tramitarse en 2022, tras vagar de un piso a otro, subsistiendo con trabajos en negro y sin papeles, esquivando la amenaza de la deportación. 

A falta de un arrendamiento asequible, el Sindicat de Barri de Poble-sec aloja a la familia en uno de los pisos que mantiene ocupados en un bloque de una gestora de inversiones inmobiliarias. Sobre ellos, pende una demanda de expulsión: se han abortado un par de intentonas y la prórroga que ha aplazado la enésima tentativa está cerca de vencer. 

“La asistenta me dijo que me fuera de Barcelona, que mis hijos son mayores y me buscara la vida, que encontrara una habitación… ¿Quién me va a consentir en un cuarto con una chica y un chico mayores de edad? Cuando llegue el momento del desahucio, no sé qué voy a hacer”, confiesa Eloísa, desconcertada: “Parece que el piso nunca vaya a llegar. Quieren que nos olvidemos y nos vayamos a buscarnos la vida. Pero ellos están para ayudarnos”.

Demasiado tarde

A Irina también le han sugerido que desierte y desista de aguardar la vivienda que la Mesa de Emergencia le debe desde que le estimó la solicitud en diciembre de 2020. “Me propusieron que mirara por Manresa, porque los pisos son allí más baratos. Pero llevamos 16 años en Barcelona, mis hijos van aquí al cole y mi marido trabaja por 800 euros. De irnos, casi todo nos lo gastaríamos yendo y viniendo”, sospecha la mujer. 

El matrimonio ha sufrido los vaivenes de la hostelería, a la que se dedican: a rachas ha trabajado el esposo, a rachas ella y, en ocasiones, ninguno de los dos. “Aún necesitamos la vivienda porque no tengo estabilidad laboral”, aduce Irina, que resiste en el domicilio en el que se le han notificado tres órdenes de desalojo por impago del alquiler, todas canceladas con las sucesivas moratorias a raíz de la pandemia. 

No obstante, a Irina le inquieta que la veda sobre los desahucios se levante a finales de mes: “No sabemos qué pasará en julio. Fue un alivio cuando la Mesa de Emergencia nos aprobó. Pensábamos que íbamos a tener pronto un alquiler social, pero Habitatge dice que todavía tenemos a 50 familias por delante en la lista de espera. Sabemos que entran muy pocos pisos pero nunca cuánto más podría tardar el nuestro”.

Chanaz no llegó a tiempo a poderse resguardar: la desalojaron con sus dos hijas menores y su bebé a finales de mayo, antes de que se le facilitara la vivienda concedida meses atrás. Los servicios sociales han trasladado a la familia a una pensión sin cocina ni lavadora alejada del Poble-sec, donde residían y la mayor está escolarizada. “Dicen que no hay plazas libres en el barrio, porque están llenas de turistas. Me quedo todo el día en la calle, hasta que mi hija sale de la escuela. Unos amigos me lavan la ropa. He pedido que, al menos, nos den una habitación más grande. Ahora solo tenemos una cama y una cuna”, desgrana Chanaz.

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