El concejal Eloi Badia asegura al juez que la incineradora de Sant Adrià cumple la normativa

El concejal de emergencia climática del Ayuntamiento de Barcelona y presidente de la empresa pública Tersa, Eloi Badia Casas, ha declarado este martes ante un juez de Badalona que la planta de tratamiento de residuos urbanos de la población de Sant Adrià del Besós cumple la normativa y con la autorización medioambiental otorgada por el Departament d'Acció Climática de la Generalitat. El regidor está imputado por un delito ecológico por la presunta emisión de partículas contaminantes de esta instalación. También ha comparecido en el juzgado el jefe de exportación de esa compañía, F. R. G., que también está siendo investigado.

Fuentes conocedoras de la declaración judicial de Eloi Badía han asegurado a EL PERIÓDICO que la comparecencia del concejal del Ayuntamiento de Barcelona ante el juez ha durado alrededor de 10 minutos y las preguntas a las que ha sido sometido por el togado y la fiscalía han sido sobre todo técnicas y de funcionamiento de la planta. Por esta razón, no ha podido responder sobre dicho extremo, ya que él, como presidente de la empresa pública, desconoce esas cuestiones al detalle. El concejal ha desistido de contestar a las preguntas de la acusación, ejercida por la asociación Airenet.

El abogado de Eloi Badia, Juan Antonio Rosell, aseguró al acabar la declaración que la Generalitat, a través del Departament d'Acció Climàtica, ha avalado las medidas adoptadas por la planta de residuos para evitar la contaminación atmosférica. "No hay combustión ilegal, sino una controversia en la medición de la temperatura" que, precisó, está validada por la Administración. "El régimen de combustión es, precisamente, para asegurar que no se libere en la atmosfera una serie de contaminantes", recalcó el letrado. Así sostuvo que la planta cumple con los límites establecido por la normativa medioambiental y avaló el "correcto" funcionamiento de la planta de residuos, a su entender, "modélica a nivel europeo".

El riesgo para las personas

La denuncia que presentó la fiscalía el año pasado expone que Badia y el exjefe de explotación, como responsables máximos de Tersa, “habrían estado realizando y/o tolerando conscientemente” una serie de prácticas “contrarias a la normativa ambiental” y que “podrían estar suponiendo un riesgo grave para las personas que viven en el entorno” de la planta y para el medio ambiente. La empresa que gestiona este centro de residuos está participada por Barcelona Serveis Municipals (BSM) y el Área Metropolitana de Barcelona. Las instalaciones entraron en funcionamiento en 1975. La Generalitat le concedió en 2007 autorización para quemar residuos sólidos hasta de tres toneladas la hora.

La fiscalía de Medio Ambiente sostiene que la empresa no estaría realizando el correcto control de la temperatura de los gases de combustión en la quema de residuos, que no debe bajar de los 850 grados durante los dos segundos, como mínimo. La planta estaría utilizando, en vez de una medida concreta, un cálculo basado en algoritmos, sin que conste que la Generalitat, como administración competente, haya validado esa fórmula para medir la temperatura. A raíz de esa falta de control, según la denuncia, se estaría produciendo la emisión de compuestos contaminantes con unas concentraciones superiores a las permitidas.

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