INVESTIGACIÓN POR PRESUNTA PREVARICACIÓN

Janet Sanz defiende ante el juez el "interés público" del veto a un hotel

  • Un fondo de inversión pretendía construir un establecimiento de lujo en la Casa Buenos Aires, en Vallvidrera

  • El edificio modernista fue ocupado por los vecinos y será destinado a viviendas para personas de la tercera edad

  • La congregación religiosa y la empresa intermediaria presentaron una querella contra la teniente de alcalde

Barcelona  15 03 2021  Barcelona     Janet Sanz  segunda teniente alcalde del Ajuntament de Barcelona  junto a su letrada y otros miembros del Ejecutivo  a su llegada a la ciudad de la Justicia para declarar sobre su imputacion en la Casa Buenos Aires  Fotografia de Jordi Cotrina

Barcelona 15 03 2021 Barcelona Janet Sanz segunda teniente alcalde del Ajuntament de Barcelona junto a su letrada y otros miembros del Ejecutivo a su llegada a la ciudad de la Justicia para declarar sobre su imputacion en la Casa Buenos Aires Fotografia de Jordi Cotrina / JORDI COTRINA

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J. G. Albalat
J. G. Albalat

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Especialista en Judiciales

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La teniente de alcalde de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona, Janet Sanz, ha defendido este lunes ante el juez el "interés público" de la modificación del plan urbanístico (MPGM) que ha permitido proteger el histórico edificio modernista la Casa Buenos Aires, en Vallvidrera, para destinado a viviendas para la tercera edad y equipamientos para el barrio. Sanz, asistida por los abogados por Olga Tubau y Álex Solà, ha declarado como imputada a raíz la querella presentada por la Congregación de los Padres Paules, que eran los propietarios del inmueble, y el fondo de inversión London Private Company, comandado por un exalumno de dicha orden religiosa, que tenía una opción de compra y que proyectaba construir un hotel de lujo. La alto cargo municipal está acusada de los delitos de prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos (porque la finca fue ocupada por vecinos en marzo del 2019) y obstrucción a la justicia. Este mes de marzo, la Generalitat ha avalado la actuación de Ada Colau.

Janet Sanz ha explicado al magistrado todo el proceso que llevó a la modificación del plan urbanístico para proteger la finca y que se inició a febreros del 2018, cuando la congregación solicitó licencia para poder derruir el edificio, que entonces no estaba catalogado. En ese momento, según el consistorio, se encendieron las alarmas y se iniciaron los trámites para parar el proyecto. A los pocos meses, en enero 2019, el Ayuntamiento, la congregación religiosa y el fondo de inversiones empezaron negociaciones.

Negociaciones rotas

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La intención municipal, desde el primer momento, era proteger el edificio con el objetivo de destinarlo a equipamiento público. Sin embargo, al cabo de un año y medio, en julio del 2020, las conversaciones se rompieron al no llegar a un acuerdo, según la defensa. En medio de estas negociaciones se produjo la ocupación por parte de los vecinos, que apoyaban que la Casa Buenos Aires se destinara a equipamiento público. Tras el fracaso de las conversaciones, la congregación religiosa y el fondo de inversión interpusieron en octubre del 2020 la querella. Según fuentes municipales, la modificación de plan urbanístico de la Casa Buenos Aires se iba a hacer si o si porque era necesario proteger la finca, y de ahí que se hablara de su compra y evitar a la expropiación, como finalmente aprobó el Ayuntamiento en noviembre del 2020. El valor de la finca era de tres millones y el fondo de inversiones reclamó más de 12, según fuentes conocedoras del caso.

Los querellantes acusan a Janet Sanz también de favorecer la ocupación del edificio para que no se construyera el hotel y de retrasar los expedientes para la concesión de las licencias de derribos y de obras. La teniente de alcalde ha negado una cosa y otra y ha recalcado que todos los trámites fueron "ajustados a derecho". Las fuentes de la defensa consultadas apuntaron que el ayuntamiento simplemente estaba a la espera de llegar a un acuerdo con la propiedad y el intermediario y no había intención de frenar los trámites para la licencia de obras. Los vecinos que ocuparon el inmueble fueron desalojados el 28 octubre del 2020. Esta previsto que está semana declare en el juzgado el representante de la congregación religiosa, así como del fondo de inversión. Después será interrogado el gerente de área y los tramitadores del expediente.