El pleno de Barcelona aprueba expropiar la Casa Buenos Aires

El pleno del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado este viernes expropiar la conocida como Casa Buenos Aires, en Vallvidrera, para transformar la antigua residencia de ancianos -símbolo de la lucha vecinal del barrio durante el último año- en un equipamiento municipal con 37 alojamientos para mayores y jóvenes y equipamientos de barrio. Se ha validado así una Modificación del Plan General Metropolitano (MPGM), que también cambiará la catalogación de la majestuosa construcción de inspiración modernista para proteger su "singularidad arquitectónica".

Han votado a favor de esta iniciativa los dos grupos que conforman el gobierno municipal, Barcelona en Comú y PSC, y también ERC; JxCat se ha abstenido; y Cs, BxCanvi y el PPC han votado en contra. El consistorio calcula que la expropiación costará unos 3,5 millones de euros, si bien la oposición advierte de que los procesos judiciales que puedan haber encarecerán el precio final.

La batalla política

La teniente de alcaldía de Urbanismo, Janet Sanz, ha defendido que el consistorio tiene dos objetivos: preservar el valor patrimonial del edificio y convertirlo en un "equipamiento público", lo que "da respuestas a las necesidades del barrio". El portavoz de ERC, Jordi Coronas, ha sostenido que no se vela lo suficiente "por el mantenimiento del patrimonio" y ha lamentado que actuar tarde "acaba costando mucho más dinero público del que debería". Jordi Martí, de JxCat, se ha mostrado "a favor de la conservación del patrimonio" pero también ha asegurado que, en este caso, "la gestión política ha sido un despropósito".

Mientras, por parte de Cs, José Corbacho, ha criticado el "precio desmedido" que cree que el gobierno municipal va a pagar, pues ha señalado que "con el dinero público hay que ser muy riguroso y austero". Oscar Ramírez, del PPC, ha dicho no estar de acuerdo ni con la práctica de la expropiación ni con "blanquear al movimiento okupa", y Manuel Valls, de BxCanvi, también ha censurado la "gestión no coherente" y "deficiente" del ejecutivo municipal. 

La lucha barrial

Un grupo de jóvenes ocupó a principios del 2019 el edificio, propiedad de una congregación religiosa que acababa de atar una preventa con unos inversores locales que pretendían transformar el espacio en un hotel de lujo. Los jóvenes, que no solo se instalaron y cuidaron el espacio, sino que lo transformaron en un punto de encuentro de las asociaciones vecinales de la zona (y de la ciudad), no querían solo evitar que lo tirarán abajo como preveían que pasaría para poder hacer el hotel, sino que reivindicaban el lugar como motor de la vida social de un barrio históricamente aislado. En poco tiempo lograron la complicidad de todo el tejido vecinal del barrio, que no solo vio con buenos ojos la ocupación, sino que se sumó decidido a la lucha.

El discurso del anterior concejal de Sarrià-Sant Gervasi, Jaume Asens, había ido siempre en la línea de defender, incluso reivindicar, a los jóvenes y el proyecto; algo que no sucedía con el actual concejal, Albert Batlle. Pese a las numerosas movilizaciones del vecindario para evitar el desalojo judicial -ordenado con fecha abierta- este finalmente se produjo, al segundo intento, el pasado 28 de octubre.